E. DELGADO/A. NOGUEIRA

Además de Francisco Casal, otros contratistas son investigados por la DGI, que no acordó ni inició procesos administrativos en su contra. Estos empresarios esperan que se defina el caso de Casal, para resolver los pasos que darán.

En la demanda que Francisco Casal presentó contra la Dirección General Impositiva (DGI), afirmó que es el único de los 47 contratistas de fútbol registrados inspeccionado por ese organismo, lo que considera "abusivo, persecutorio y violatorio del principio de igualdad ante la ley".

Sin embargo, fuentes de la DGI indicaron a El País que otros contratistas son investigados, entre ellos Pablo Bentancour y Jorge Figer, "y dos o tres más".

Las fuentes admitieron que al igual que con Casal, tampoco hubo acuerdos o se iniciaron procedimientos administrativos contra estos contratistas. "Alegan que están a la espera de cómo la DGI va a dilucidar el caso con Casal, que es el 60% ó 70% del mercado", indicaron.

Agregaron las fuentes que en otros casos o bien son meros comisionistas, personas que intervinieron en este tipo de transacciones con jugadores de manera ocasional, o son simples "testaferros" del grupo Casal.

No trascendió si, al igual que con Casal, la DGI acelerará una decisión respecto a si estos contratistas deben tributos y en ese caso, si pedirá medidas cautelares a la Justicia.

LA DEMANDA. En lo que se asemeja a una carrera contra-reloj, la disputa entre el empresario deportivo más importante del país y la DGI está cerca del fin de una etapa, cuyo desenlace es incierto.

Casal apuesta a que la Justicia ordene la medida de "no innovar" que solicita y así impida medidas cautelares de la DGI en su contra durante el trámite del juicio que inició.

La DGI afina los datos y de-fine la cifra que considera Ca-sal adeuda, para de no haber acuerdo entre las partes (lo que se da como un hecho al menos en esta instancia), solicitar medidas cautelares como el embargo contra Casal.

En su "acción declarativa de certeza", presentada el lunes y que sorprendió a la DGI, Casal pide al juzgado Civil de 4º Turno que se expida sobre los impuestos que debe pagar por su actividad y que se disponga la medida de "no innovar".

ARDID. Tras la sorpresa inicial, llegó la respuesta de la DGI, cuyo director, Nelson Hernández, consideró que la demanda de Casal "es un artilugio o ardid para evitar que la DGI pueda cumplir con sus funciones", y no tome medidas cautelares

Hernández acelerará los trámites referidos a Casal, ya que "resulta de carácter urgente por parte de la administración realizar una determinación de los impuestos y adoptar las medidas cautelares correspondientes", afirmó.

A esa posición se sumó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que el viernes instruyó a la DGI para que proceda a una "rápida dilucidación" del caso Casal, "sobre la base de los criterios que se aplican normalmente a cualquier contribuyente de este país".

Tras la documentación entregada por los abogados de Casal, la jueza Martha Alves, decidirá qué tramite le da a la demanda y si ordena o no la medida de "no innovar".

Justicia y embargo

En un procedimiento administrativo, la DGI pide a la Justicia un embargo, si considera que está en riesgo el cobro del crédito fiscal. El contribuyente puede recurrir la medida y posteriormente el juez interviniente define si ordena o no el embargo. El afectado puede luego recurrir al TCA o acordar con la DGI.