Leonardo Costa y Óscar Brum, abogados de Francisco Casal, respondieron a las acusaciones de que su demanda contra la DGI es una maniobra para evitar que ese organismo actúe.

"Después de seis años de mantener al contribuyente en una total incertidumbre e indefensión respecto de sus derechos y obligaciones, la única vía legítima en una democracia, que otorga seguridad, imparcialidad y objetividad, es la Justicia", dijeron a El País.

"No se puede ser juez y parte, como pretende la DGI, cuando se está discutido precisamente el derecho aplicable", añadieron Costa y Brum en un remitido a El País.

Los abogados sostuvieron que la DGI "pretende acelerar ahora los trámites, cuando no lo hizo en seis años, anunciando que va a actuar con sus procedimientos habituales. Desconoce así, como es notorio, que la Justicia ya está actuando, violentando con ello el principio de separación de poderes de una República democrática, como es el Uruguay". Respecto de las manifestaciones de jerarcas del Poder Ejecutivo sobre este caso, los abogados contestaron que "es hora que hable la Justicia. Confiamos en ella y entendemos que la misma merece el respeto para que a su tiempo, con la serenidad y objetividad que la misma requiere, se expida libremente, sin recibir presiones de ninguna de las partes".

En tanto, fuentes de la DGI reconocieron a El País que "el talón de Aquiles" del organismo recaudador en el tema Casal es la demora en definir los procedimientos, lo que atribuyen a "las permanentes dilaciones del contratista en la búsqueda de un acuerdo de pago". Para la DGI, un acuerdo era preferible a un prolongado y complejo proceso litigioso, indicaron.

En la DGI aún no hay un monto estimado de los impuestos a reclamar sin que medie un acuerdo ya que se trata de una liquidación compleja. Hasta ahora, no se había materializado el inicio de un proceso administrativo "en el que difícilmente hay vuelta atrás", pero esto es lo que dispuso el pasado viernes el ministro de Economía Danilo Astori, añadieron las fuentes.

Casal afirma en la demanda que pagó unos U$S 10 millones de Impuesto a la Cesión de Derechos sobre Deportistas. La DGI considera que también debe pagar IRIC.