La construcción de cárcel militar costó U$S 500.000

La Unidad N° 8, la cárcel especial para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, costó medio millón de dólares y se hizo con fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU.

Así surge del informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), aprobado ayer y remitido de inmediato al Ministerio de Defensa Nacional, a los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y a la Asamblea General.

El informe del TCR sostiene que para realizar la obra en el año 2006 no se siguió ninguno de los procedimientos ajustados a derecho, y que no se puede determinar quién dio la orden de que se efectuara ese gasto. "No aparece ningún tipo de resolución que disponga el gasto", dijeron a El País fuentes del organismo.

La resolución del TCR, que se hará pública la próxima semana, incluye cuadros con los pagos a cada una de las empresas que trabajaron en la construcción de la cárcel. "Desde el punto de vista del TCR, al no haber una ley que habilite esos gastos, no se puede abrir un juicio de valores de cómo se usaron", dijeron las fuentes.

El organismo de contralor formula en su resolución una serie de recomendaciones sobre cómo debe procederse con la administración de los fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU.

La primera recomendación es que todos los fondos de las Fuerzas Armadas correspondientes a misiones de paz, como todo tipo de fondos que puedan administrar, deben estar incluidos en el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. También se recomienda que todas las contrataciones administrativas que se hagan con esos recursos u otros, debe ser con arreglo a las normas que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

Además, sugiere que de la aplicación de todos esos recursos se deben exponer en las rendiciones de cuentas que el Poder Ejecutivo envía cada año al Parlamento, y que los dineros que están actualmente en la caja de las Fuerzas Armadas deben ir a una cuenta del Banco de la República "a efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente".

La auditoría ordenada por el TCR en las Fuerzas Armadas surgió a partir de las denuncias anónimas que involucran a empresarios y militares en una supuesta organización de tráfico de influencias, en la que también se menciona a Gonzalo Nin Novoa, secretario y hermano del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.

El organismo de contralor trabajó durante casi dos meses con técnicos que revisaron el procedimiento empleado en el Comando General del Ejército para administrar ese dinero. Luego, los ministros emplearon tres sesiones para aprobar las observaciones a todos los procedimientos por contravenir las normas dispuestas en el Tocaf.

El informe del TCR coincide con otro que elaboró la Auditoría Interna de la Nación (AIN). "Se concluye que el proceso instrumentado por el Comando General del Ejército para la administración de fondos de misiones de paz presenta debilidades sustantivas que se manifiestan en la falta de controles suficientes y supervisión adecuada, que no permiten asegurar, razonablemente, que la información financiero-contable proporcionada sea íntegra y confiable (...) La administración de dichos fondos no se ajusta al régimen financiero-contable dispuesto por nuestro orden jurídico para todos los fondos públicos", dice la AIN, según informó el jueves el semanario Búsqueda.

La AIN señala que existen "dos contabilidades parciales y no una contabilidad integral en la que se registren todos los movimientos relativos a las misiones de paz". La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército "no cuenta con ningún programa contable y lleva los registros en planillas Excel" pero "las planillas" no tienen instrumentado procedimientos de supervisión y control para brindar la confiabilidad e integridad de la información allí contenida; tampoco están previstos mecanismos de control de acceso, para garantizar la no modificación de los datos", señala Búsqueda.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) investigó el dinero que recibió el Ejército por misiones de paz de la ONU en los años 2003, 2004 y 2007. En el primero, ingresaron algo más de U$S 20 millones, en el segundo más de U$S 30 millones y en el último U$S 58 millones a las arcas del Ejército.

Por su parte, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) concentró su investigación en los años 2006 y 2007. Según la AIN, en 2006 el Ejército recibió U$S 56,3 millones por misiones de paz, básicamente por su participación en República Democrática del Congo y en Haití. El semanario Búsqueda informó el jueves que en el Comando del Ejército existe una bóveda con U$S 3,4 millones provenientes de misiones de paz, que "constituyen una reserva destinada al pago de viáticos a los efectivos en misión, para aquellos casos en los cuales la ONU se atrase en el pago".

En la Unidad N° 8 de Domingo Arena, se encuentran detenidos los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Allí están el teniente general retirado Gregorio Álvarez, los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, José Gavazzo, Ricardo Arab, Carlos Calcagno, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau, y los policías retirados José Sande y Ricardo Medina. La cárcel tiene dos altos alambrados de púa y dos rejas infranqueables, custodiadas por policías y militares. El patio de recreo rodeado de alambre de púa, puertas y ventanas enrejadas, celdas, patios desnudos, árboles pequeños y sin sombra conforman la escenografía del lugar. A la hora 23 se apagan las luces de la cárcel, los presos deben permanecer en sus celdas hasta las 8 del día siguiente. Sólo hay un timbre que los comunicará con los carceleros, cuando sientan necesidad de ir al baño o les aqueje algún malestar físico. Las celdas de tres metros por tres tienen muebles propios, televisión y frigobar. Hay un servicio de TV cable que paga el Comando del Ejército.