Cuando se preveía un acercamiento entre Francisco Casal y el gobierno, el empresario solicitó a la Justicia que defina si debe o no pagar ciertos tributos y requirió que en tanto eso se dirime, la DGI no pueda entablar medida cautelares en su contra.

El pasado 28 de enero, en el barrio Casabó se lanzó el programa Ronda de Momo, del que participaron entre otros el presidente Tabaré Vázquez y el propietario de la empresa Tenfield, Francisco Casal.

El encuentro generó todo tipo de comentarios, también la impresión que la relación entre la actual administración y el principal empresario del deporte pasaban por un muy buen momento.

Sin embargo, Casal mantiene un largo diferendo con la Dirección General Impositiva (DGI), que comenzó en junio de 2002. En la "acción declarativa de certeza", que presentó el lunes ante la Justicia Civil, sostiene que luego de seis años en que la DGI investigó si debía pagar impuesto a la renta por la adquisición de derechos económicos derivados de los derechos federativos, no determinó un criterio aplicable para el cobro del tributo.

Por ello, Casal solicita que sea la Justicia la que determine "cuál es el derecho aplicable en materia fiscal a la actividad de transferencia de los derechos económicos derivados de los derechos federativos sobre deportistas". Los asesores jurídicos de Casal entienden que el único impuesto aplicable a la operativa realizada es el ya derogado Impuesto a la Cesión de Derechos de Deportistas, y no el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC).

No innovar. En la demanda, la primera de este estilo contra la DGI, Casal pide a la Justicia que ordene una medida de no innovar respecto a la Impositiva, lo que consiste en que este organismo no pueda entablar mientras se dilucida este juicio ninguna medida cautelar en contra del empresario.

Con esto, Casal busca evitar que la DGI embargue o tome otras medidas cautelares contra algunas de sus empresas y afecte de esa forma su operativa.

Para solicitar la medida de no innovar, Casal ofrece a la orden del Juzgado una contracautela de U$S 1 millón "como garantía de cumplimiento de la sentencia que corresponda".

Hoy la DGI y los abogados de Casal conocerán si la Justicia Civil desestima la demanda o le da trámite, en cuyo caso se pueden ordenar ya algunas medidas para cumplir.

CrÍticas. En el escrito, al que accedió El País, hay duras críticas a cómo la DGI maneja este caso, "con absoluta desidia, falta de precisión y definición en los procedimientos y en el derecho aplicable, buscando testimonios, haciendo observaciones, inspecciones y violando el secreto tributario".

Por eso sostiene que la situación es "insostenible, al borde de tener una amenaza constante de medidas y acciones respecto de un derecho que nuestra parte entiende no resulta aplicable a nuestra situación y cuya consecuencia es la incertidumbre respecto de las normas jurídicas aplicables a la situación planteada, lo cual resulta necesario sea declarada por la Justicia competente".

"Ha habido abuso de derecho a raíz de una extralimitación de los poderes y facultades que ya por imperio de la ley son extraordinarias, conferidas a la Administración Fiscal, constituyéndose en definitiva en una forma atípica de extorsión económica de quien no resulta incluido en el hecho generador de los tributos que `supuestamente` se pretenderían", dice.

En la demanda se afirma que no hay un "acto de determinación" de la DGI, sino "actos preparatorios que no son más que una espada de Damocles en nuestra labor diaria, una amenaza velada y constante a nuestros compromisos".

Intereses. Los abogados de Casal, Leonardo Costa y Óscar Brum, indican que la demanda también es en representación de los intereses difusos "de todos los jugadores, clubes y asociaciones futbolísticas uruguayas, en el entendido que la incertidumbre a dilucidar posee un interés indudable a dicho grupo indeterminado de personas".

En la demanda se sostiene que en los últimos años el empresario futbolístico pagó aproximadamente U$S 10 millones en concepto de impuestos a la Cesión de Derechos sobre Deportistas y pide que la Justicia declare si debe o no pagar otros impuestos diferentes a los que ya pagó.

La demanda es en razón del "daño y perjuicio que las circunstancias actuales y futuras puedan provocar a toda la actividad desarrollada" y debido a la "inexistencia de otro medio legal para hacer cesar la situación de incertidumbre".

Destaca además que Casal es el único contratista de futbolistas inspeccionado por la DGI, lo que es "abusivo, persecutorio y viola el principio de igualdad ante la ley".

Justicia "no es competente"

El director de Rentas, Nelson Hernández, no pudo confirmar a El País si la DGI hizo o no una liquidación de tributos que adeudaría el empresario Francisco Paco Casal, ya que cualquier actuación del organismo sobre un contribuyente está protegida por el secreto tributario.

De todas maneras, y hablando en términos generales, señaló que "la determinación de tributos para cualquier contribuyente se hace por procedimientos administrativos en la DGI".

"De no haber acuerdo (entre el organismo y el contribuyente sobre lo adeudado), se envía al Ministerio de Economía y Finanzas para que lo ratifique. De seguir el desacuerdo, el contribuyente puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hay otra manera posible", dijo Hernández.

El jerarca agregó que si un contribuyente se presenta ante el Poder Judicial para que se le informe si tiene deudas por impuestos o no y a cuánto ascienden, este "no es el poder del Estado competente" para determinarlo.

Galardón San Felipe y Santiago

La Junta Departamental de Montevideo analiza una propuesta del edil nacionalista Fernando Ripoll de otorgar al contratista Francisco Casal el "Galardón San Felipe y Santiago de Montevideo", el principal reconocimiento que entrega dicho cuerpo legislativo a montevideanos destacados en distintas áreas del país. Ripoll dijo que Casal se merece el reconocimiento porque, además de su trabajo en el deporte, "ha desarrollado en silencio una obra social y cultural de un alto contenido humano que ha beneficiado a cientos de uruguayos". La propuesta resume las donaciones y colaboraciones hechas por Casal a deportistas discapacitados, a programas de rehabilitación de drogas, ayudas a comedores barriales y a la operación del corazón a un niño de 12 años en Estados Unidos. También destacó que Casal participó en el programa "Ronda Momo" y elaboró un proyecto de jubilación para deportistas y personalidades del ámbito cultural. Algunos ediles ya adelantaron que no votarán esta propuesta.