EDUARDO DELGADO

Con dos procesados y la decisión de investigar a los directivos de la mutualista Gremca, terminaron las primeras actuaciones judiciales por el pago a jubilados para afiliarlos a esa institución.

La presencia de personas en las inmediaciones del edificio del Banco de Previsión Social ofreciendo dinero a cambio de afiliarse a determinadas mutualistas está en la mira de la Justicia, de la Policía e incluso de algunas instituciones mutuales que se consideran perjudicadas por esa práctica denominada intermediación lucrativa.

El artículo 11 de la ley 18.131 que creó el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa), cataloga como delito la intermediación lucrativa y le fija una pena de entre cuatro meses y dos años de prisión.

Ayer, la jueza penal de 6° Turno, Fanny Canessa, procesó con prisión a dos hombres por este delito, tras el pedido realizado por el fiscal Eduardo Fernández Dovat.

La denuncia partió de la mutualista Asociación Española, que catalogó lo sucedido de competencia desleal.

El fiscal solicitó que los procesamientos fueran con prisión y para ello pesó la cantidad de afiliados que mediante la propuesta de abonar dinero, lograban los dos detenidos, indicaron fuentes del caso a El País.

Entre 40 y 50 afiliaciones llegaban a concretar diariamente los procesados, añadieron las fuentes.

Fernández Dovat pidió que sean investigados los directivos de Gremca, para dilucidar si colaboraron con los procesados, que mediante la intermediación lucrativa acercaban nuevos socios a esa mutualista.

Los otros dos detenidos quedaron en libertad, puesto que la Fiscalía consideró que no posee elementos de convicción para acusarlos de participar de la maniobra.

Entre los liberados está el conductor de un vehículo al que se pagaba por trasladar personas desde la sede del BPS hasta Gremca, a la que se asociaban, y si lo deseaban devolverlos hasta el BPS.

OTROS IMPLICADOS. En los próximos días podrían ser detenidas más personas que mediante este mecanismo buscaban afiliados para mutualistas. Varios de ellos fueron descriptos por gente a la que le propusieron dinero para asociarse a instituciones de salud, dijeron las fuentes.

También se indagará si funcionarios del BPS colaboran con las personas que mediante esta maniobra buscan socios mutuales, indicándoles quiénes concurren a ese organismo y deben asociarse a una institución de asistencia médica.

Algunas mutualistas pagan en el entorno de los $ 1.400 a quien trae un nuevo asociado.

Los jefes de los grupos que buscan socios pagan unos $ 200 a quienes en el BPS ofrecen unos $ 600 por afiliarse a la mutualista que ellos recomiendan, según la investigación que en la esfera policial estuvo a cargo del departamento de Delitos Económicos

Práctica prohibida por la ley

La ley 18.131 prohíbe la intermediación lucrativa, promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios para las mutualistas, entregando o prometiendo a cambio dinero u otra ventaja equivalente (a excepción de mejoras en las prestaciones). Los directores y administradores de las instituciones que ejecuten, facilitaren, propicien o acepten tales actos, serán considerados coautores del delito penado con hasta dos años de prisión.