WICHITA ROXANA HEGEMAN, AP

Cuando a Marcos Miranda le robaron su identidad, pasó de ser un cliente y empleado valioso a una estadística más del gobierno: una de las miles de víctimas de robo de identidad atrapado cada año en las operaciones contra los inmigrantes ilegales.

Miranda -un veterano de la Fuerza Aérea- se enteró por primera vez de que alguien estaba usurpando su identidad en el año 2000 cuando fue arrestado en la frontera por una acumulación de boletas de tránsito impagas después de visitar a familiares en México.

Como reza en algunas películas, Miranda estuvo detenido por un crimen que no cometió. Algunas horas más tarde y tras el pago de una multa de US$ 340, este texano de 24 años recuperó su libertad. Aunque a la larga le devolvieron el dinero, su breve estadía en el calabozo de una comisaría fue la primera de sus pesadillas.

Miranda tuvo que responder las reiteradas cartas del Servicio de Rentas Internas (IRS) en las que le exigen el pago de miles de dólares en impuestos atrasados por salarios abonados a alguien que usó su nombre y su número de seguro social para trabajar el Oldham`s LLC, un matadero de cerdos en Holton (Kansas). Tan sorprendido como desolado, Miranda vio desaparecer su crédito a medida que los acreedores reportaban cuentas impagas cometidas por otros a sus expensas.

OFERTA Y DEMANDA. El robo de identidad no es una práctica nueva en Estados Unidos. Más bien es un problema creciente que se ha adaptado a los tiempos que corren. A medida que el gobierno desarrolla sistemas electrónicos más modernos de verificación de empleo, los inmigrantes ilegales asumen nombres y números de seguro social reales de ciudadanos estadounidenses como Miranda para impedir su detección en los lugares de trabajo, así como para conseguir crédito o la licencia de conducir.

Los inmigrantes ilegales que compran documentos por lo general son asegurados por los vendedores de que la identidad que reciben pertenece a alguien que no trabaja más en Estados Unidos, que vendió sus documentos de identidad, que murió, o que nunca existió.

Tal es el caso de Joel Rojas Morales, un mexicano de 27 años, que asumió la identidad de Marcos Miranda. Tras un acuerdo con los federales, Rojas se declaró culpable de robo de identidad y espera su sentencia para marzo.

"Aunque soy hispano, estoy en contra de la inmigración ilegal. Aún cuando muchos vienen a trabajar, siempre hay manzanas podridas", dijo Miranda.

Incluso el abogado de rojas, Chris Joseph, se compadeció de Miranda y de las víctimas de esta situación.

"No hay duda de que es una vÍctima del robo de identidad. La cuestión es ¿quién hizo el daño intencionalmente? Por lo general, la gente que viene a Estados Unidos no sale a robar una identidad. Por lo general, compra un juego de documentos de identidad para poder trabajar", dijo Joseph. "La persona compra ingenuamente los documentos suponiendo que no está perjudicando a nadie", agregó. En el caso de su defendido, la fiscalía sostuvo que Rojas trabajó con una identidad falsa en Oldham`s desde 2004 utilizando una licencia de conducir y una tarjeta de seguro social que no eran suyas.

más arrestos. Aunque el gobierno no tiene "cifras sólidas" que demuestren un aumento o descenso de los casos de robo de identidad vinculados con la inmigración, sí existen algunos indicios esclarecedores.

Las autoridades ven un incremento en el número de trabajadores porcesados por usar informaciones ajenas -como el uso ilegítimo del número de seguro social- para conseguir empleo, informó Betsy Broder, directora asistente de la Comisión Federal de Comercio (FCT, por su sigla en inglés).

Ejemplo de ello fue el operativo policial en diciembre de 2006 en seis plantas de Swift &Co. que dejó una cifra récord para este caso: 1.282 inmigrantes ilegales arrestados en sus lugares de trabajo.

"Ha habido mucho más actividad a partir de la acción en la planta empacadora de Swift y varias acciones entabladas por el Departamento de Seguridad Interna en esas cuestiones laborales", afirma Broder.

Una encuesta de la FCT difundida en enero de este año reveló que el robo de identidad para propósito de empleo representa el 1% de los casos de robo de identidad en el país. Esta maniobra causó 83.000 víctimas en 2005.

El estudio también concluyó que los usurpadores suelen usar su identidad falsa para obtener crédito, atención médica, y otros beneficios.

De los 246.035 robos de identidad reportados a nivel nacional a la FCT en 2006, el fraude asociado con el empleo representó el 14%.

Sin embargo, el fraude con tarjetas de crédito es la forma más común del robo de identidad. Según la Asociación Americana de Jubilados (AARP, por su sigla en inglés) esta modalidad representó el 32% del total de denuncias.

A su vez, el informe establece que los estados fronterizos con México encabezaron las estadísticas en el número de víctimas de la usurpación de identidad. Arizona ocupó el primer lugar con 148 casos por cada 100.000 personas, seguida de California (140) y Nevada (120).

El robo de identidad es una modalidad que gana cada vez más espacio entre los ilegales. Con suerte, la trampa oculta al infractor bajo un velo de aparente legalidad. Aunque para Joel Rojas recluido en una cárcel de Texas, ése no es el caso.

Su víctima, Marcos Miranda, debió cambiar de número de seguro social y se afilió a un servicio de vigilancia de crédito para "volver a ponerme al día, recuperar mi crédito y hacer lo necesario para mantener mi identidad".

El hispano Miranda no oculta su devoción sobre cómo funcionan las cosas en su país de adopción. Sobre Rojas, dijo que con la cárcel "aprendió que con el delito no se gana en EE.UU. Aquí, aunque tome algún tiempo, el brazo de la ley te alcanza".

Las cifras

Por cada 100.000 habitantes, es la tasa de denuncias de robo de identidad del estado de Arizona, el más afectado por esta práctica.

Millones de personas afectadas por el robo de identidad en los EE.UU., según cifras de la Comisión Federal de Comercio (FCT).

Millones de dólares fue el costó del robo de identidad a los negocios en 2003. A la población le costó pérdidas de US$ 5.000:.

de las personas que denunciaron usurpación en 2003 tenía menos de 50 años; mientras que el 16% tenía entre 50 y 64 años.