DANIEL ISGLEAS

Rodeada por un halo de incertidumbre, la cárcel para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura guarda más secretos de lo que parece. Ahora, el dinero de la ONU lo manejará el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) no tiene aún información sobre el costo definiti-vo ni sobre la procedencia del dinero. Se presume -porque lo asegura un informe de la Auditoría Interna de la Na- ción (AIN)- que la reforma habría costado alrededor de U$S 400.000, pero no hay certeza al respecto. Y más singular aun es que el Ministerio no sepa todavía si los trabajos de refacción se hicieron con cargo a dinero del presupuesto del Ejército o con dinero procedente de las misiones de paz de las Naciones Unidas.

Tampoco Defensa sabe si hubo o no una rendición de cuentas sobre los gastos que demandó la remodelación del Centro de Reclusión N° 8 en la calle Domingo Arena, según admitió el subsecretario de la cartera, José Bayardi, a El País.

"La Auditoría afirma ahora que habría costado alrededor de U$S 400.000. Todavía no tenemos el informe sobre el costo definitivo, ni sobre la procedencia del dinero. Está claro que se hizo con fondos del Ejército pero no está definido si fueron fondos presupuestales o de las misiones de paz", reconoció Bayardi, tras participar ayer de una reunión de la comisión de Defensa en el Parlamento.

Consultado acerca de si hubo un balance o rendición de cuentas sobre cómo se gastó este dinero y cuánto, Bayardi tampoco dejó en claro las cosas: "La Auditoría y el Tribunal de Cuentas están trabajando sobre eso. El Ministerio no sabe cómo se gastó ese dinero. En su momento se habló sobre acondicionar un predio", dijo.

El País informó ayer que técnicos del Tribunal de Cuentas (TC) abocados al estudio de los gastos que insumió la remodelación de la unidad militar de la calle Domingo Arena determinaron que esas obras habrían costado unos U$S 400.000. Si bien esa cantidad pareció a los técnicos superior a la real, no se realizaron pericias para determinar el valor de las obras ya que la auditoría del Tribunal sólo examina la legalidad de los gastos.

Aunque aún no se conoce la posición oficial del Ejército respecto a las situaciones irregulares que detectó la AIN en el manejo de las decenas de millones de dólares que anualmente proceden de las misiones de paz al servicio de ONU, el Ministerio de Defensa anunció que en adelante esos recursos serán administrados por el Poder Ejecutivo.

"Hubo una clara decisión de la señora ministra de ordenar esto, y el informe de la Auditoría se tomará como insumo", dijo Bayardi. Como lo planteara la ministra Azucena Berrutti un día antes, el gobierno toma distancia de eventuales responsabilidades políticas por las irregularidades señalando que estas ocurrieron desde los años 1990, bajo gobierno del Partido Nacional primero y durante los dos últimos gobiernos colorados sin que se hubiera intentado ordenar la situación.

"Va a haber cambios. Ni la Auditoría -que fue convocada por el propio Ministerio- ni el Tribunal de Cuentas que en el pasado se desinteresó de saber cómo se manejaban los fondos de las misiones de paz tuvieron iniciativa. Esta vino del actual Ministerio para tratar de arreglar esto y establecer un marco normativo que dé garantías a los propios comandantes que son los que administran", agregó Bayardi.

El jerarca explicó que esos fondos primero deberán ser categorizados, es decir que se deberá determinar a qué rubro presupuestal imputarlos -fondos de terceros o fondos de afectación especial- y después fijar el marco normativo.

Probablemente, habrá una oficina única de administración y control de esos fondos. Para el subsecretario, el Ministerio es quien debe administrar esos fondos, aunque aún no se ha resuelto el tema.

El miércoles la ministra Azucena Berrutti criticó al Tribunal de Cuentas por no haber investigado el manejo de estos fondos bajo otros gobiernos. Ayer, el presidente del Tribunal, Guillermo Ramírez, recordó que fue por una decisión de ese organismo que se está investigando el uso de los fondos.

La AIN recomendará al gobierno que haya una oficina única que maneje ese dinero que anualmente entra a una cuenta en el Banco República a nombre del Ejército. Para el organismo, debe haber criterios contables "adecuados" y no como ha sucedido hasta ahora, donde existen cuatro oficinas en el Comando del Ejército que administran el dinero.

Al tratarse de fondos públicos, la AIN recomendará al gobierno que haya una contabilidad integral, una de ingresos y otra de egresos.

Siete meses después de ocurrido el hecho, el Ministerio de Defensa Nacional no ha concluido todavía una investigación interna sobre el episodio donde un buque de la Armada uruguaya iba a transportar un cargamento de 15.000 municiones al país para probar un equipamiento que las Fuerzas Armadas pensaban adquirir.

Al tomar estado público el tema, por estar incluido en el mensaje del Poder Ejecutivo enviado al Parlamento donde se solicitaba autorización para la salida del país del buque, se produjo una polémica pública cuando la Armada tomó distancia de la responsabilidad de ese embarque. Tiempo después, el Ministerio de Defensa ordenó una investigación administrativa.

El expediente con la instrucción sobre el episodio aún "está en la oficina jurídica" de la cartera, respondió el subsecretario José Bayardi durante su participación en la reunión de la comisión de Defensa Nacional, ayer en la Cámara de Representantes.

El diputado nacionalista Javier García, autor de la inquietud, le recordó al subsecretario que el Decreto 500 que regula la administración pública, fija un plazo máximo de 60 días para realizar una investigación administrativa.