La defensa del ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez apelará en febrero el procesamiento con prisión de su cliente, encarcelado en diciembre por su responsabilidad en los traslados clandestinos de prisioneros uruguayos desde Argentina y su posterior asesinato en masa.
El Tribunal de Apelaciones deberá decidir si es legal la aplicación del delito de "desaparición forzada" a Alvarez -quien entre 1981 y 1985 encabezó la dictadura militar que gobiernó el país tras el golpe de Estado de 1973-, según el escrito que presentará el mes próximo su defensora de oficio, Estela Tonar.
El delito que se le imputa a Alvarez, sostiene Tonar en el texto según indicó hoy el semanario Búsqueda, es una "figura abstracta, mal redactada" que "pierde de vista que los imputados tienen derecho a no declarar en su contra e incluso a mentir".
Tonar se entrevistó el lunes 14 con Alvarez en la cárcel especial para militares del barrio Piedras Blancas, en Montevideo, oportunidad en la que le entregó una copia del escrito que presentará en el juzgado.
El 17 de diciembre, Gregorio "Goyo" Alvarez, de 82 años, fue enviado a la cárcel imputado de reiterados delitos de desaparición forzada, debido al traslado clandestino en 1978, cuando ejercía el Comando General del Ejército, de unos 20 opositores políticos desde la Argentina a Uruguay y su posterior asesinato en masa en unidades militares.
El delito de desaparición forzada es castigado con dos a 25 años de penitenciaría y la ley establece que "será considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
Desde la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, el 1 de marzo de 2005, fueron procesados en Uruguay dos civiles, 10 militares y dos policías, entre ellos el también ex dictador Juan María Bordaberry (1972-1976) y su canciller Juan Carlos Blanco, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
ANSA