PABLO DA SILVEIRA

La búsqueda de la justicia social en nuestras sociedades está tensionada por dos ideas enfrentadas. La primera de ellas, a la que en general no estamos dispuestos a renunciar, dice que cada persona merece disfrutar de aquello que ha ganado honestamente. Si alguien accede a ciertos bienes materiales gracias a su esfuerzo y a su sentido de responsabilidad, tiene todo el derecho del mundo a disponer de lo que es suyo.

Ganarse honradamente el pan y asegurar un razonable nivel de bienestar a quienes dependen de nosotros es un objetivo legítimo del que podemos sentirnos genuinamente orgullosos.

La segunda idea, de la que tampoco podemos prescindir con facilidad, dice que los hijos no deben pagar por los errores y limitaciones de sus padres. Si alguien tuvo padres poco previsores, poco lúcidos en sus decisiones o simplemente enfrentados a grandes desventajas, ese hijo no puede ser considerado responsable de las carencias que lo afligen. Nadie es responsable de las limitaciones que encuentra en el momento de nacer, del mismo modo que nadie puede pretender atribuirse el mérito de la abundancia heredada.

Estas dos ideas están en conflicto. Si nos atenemos a la primera, debemos reconocer como legítima la pretensión de todo padre a trasladar a sus hijos el fruto de sus esfuerzos. Si un padre (o una madre) sacrificó su propio bienestar para pagar a sus hijos una enseñanza de alta calidad, resulta indignante que alguien le quite parte de lo que obtuvo para financiar los estudios de los hijos de padres menos previsores.

Pero, si nos atenemos a la segunda idea, debemos admitir que ni siquiera el hijo del más imprevisor de los padres puede ser culpado de los pecados de sus mayores. Que un chico sea condenado a una vida sin perspectivas como resultado de errores que no cometió (o como resultado de desventajas que sus padres no consiguieron superar) es algo que violenta nuestro sentido de la justicia. Especialmente es así si comparamos la situación de ese chico con la de otro que, sin haber hecho ningún esfuerzo, tiene la vida solucionada desde el día en que nació.

Las sociedades democráticas intentan solucionar esta tensión garantizando mayores o menores niveles de lo que solemos llamar "igualdad de oportunidades". No se trata de igualar a todos los miembros de las nuevas generaciones, como si los esfuerzos de los padres no contaran. Tampoco se trata de ser indiferente ante las desigualdades heredadas. De lo que se trata es de asegurar a cada miembro de las nuevas generaciones la posibilidad de llegar tan lejos como lo lleven sus talentos y virtudes. En el punto de partida todos tienen que tener una oportunidad real, aunque no idéntica, de progresar.

La preocupación por la igualdad de oportunidades forma parte de las mejores tradiciones que compartimos los uruguayos. Pero lo malo es que la hemos eliminado de la vida real. Nuestros procedimientos para administrar el gasto educativo, la manera en que distribuimos los cargos docentes y hasta la propia gratuidad de la Universidad de la República están actuando de un modo que entorpece las oportunidades de los que están peor. Sería bueno que el debate sobre una nueva Ley de Educación nos permitiera analizar estos problemas y detectar los mil modos en los que nuestra enseñanza produce desigualdad. Pero eso requiere mucho coraje y bastante menos retórica.