Grupos DD.HH. celebran orden de justicia italiana contra represores

BRASILIA - Los movimientos de derechos humanos en Brasil celebraron la orden de arresto de la justicia italiana contra represores de la dictadura brasileña, aunque lamentan que difícilmente sean penalizados, porque una ley de amnistía los protege en Brasil y la Constitución impide su extradición.

La justicia italiana dictó unas 140 órdenes de arresto contra personas de varios países sudamericanos que participaron en la Operación Cóndor, que coordinó acciones de represión entre las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La prensa italiana aseguró que en los próximos días deben ser solicitados los procesos de extradición por delitos contra ciudadanos italianos. Los ministerios de Justicia y Exteriores brasileños dijeron no haber recibido ninguna información oficial.

Son 13 los brasileños a los que se culpa de la desaparición en 1980 de los italo-argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Imael Viñas, dijo a la AFP el abogado brasileño Jair Krischke, que actuó como testigo y asesor del fiscal italiano Giancarlo Capaldo que pidió los arrestos en Roma.

El diario Correio Braziliense publicó el miércoles los nombres de los 13 brasileños, entre ellos el ex presidente Joao Baptista Figueiredo, su hermano Euclides y el ex ministro del Ejército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, todos fallecidos. Seis de los acusados están fallecidos y tres en paradero desconocido, según el rotativo.

Krischke, director del Movimiento Justicia y Derechos Humanos y quien denunció la desaparición de los italo-argentinos en 1980, confirmó esos nombres a la AFP y celebró la iniciativa italiana.

"Tal vez con ese proceso en Roma avancemos un poco más. Hoy están cumpliéndose 27 años y 6 meses de su desaparición, y de lucha incansable, siempre con la esperanza de que un día se haría justicia y de que se sabrá lo que ocurrió en esos años de oscuridad" del regimen militar (1964-85), dijo.

"Esas ordenes de arresto son una luz al final del túnel, una victoria de nuestra lucha", destacó a la AFP la directora de la ONG de familiares de víctimas de la dictadura Tortura Nunca Mais, Victoria Grabois, que perdió a su padre, hermano y esposo durante la dictadura.

Pero los activistas lamentan que difícilmente los represores serán penalizados. Ello porque en Brasil la ley de amnistía de 1979, que permitió a los disidentes políticos retornar al país, liberó de juicio a los represores. Además, la Constitución no permite la extradición de brasileños.

"Brasil es en ese sentido el país más atrasado de América Latina. Nadie ha sido penalizado por los delitos a los derechos humanos", lamentó Grabois.

Para Krischke, "aunque la Constitución no permite la extradición, el proceso obligará a que se les juzgue en Brasil" y, si eso no ocurre, "la Justicia italiana los juzgará en ausencia".

La mención a una eventual reinterpretación de la Ley de Amnistía en Brasil fue inmediatamente condenada por el Ejército en agosto pasado cuando el gobierno publicó el primer libro oficial que reconoce la responsabilidad del Estado en esos delitos.

Ese libro reconoce implícitamente la existencia de la operación Condor que coordinó acciones represivas entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El libro señala que el "gigantesco aparato represivo actuó también fuera del país" y que "los agentes brasileños explicaban su presencia en el exterior como parte de una misión para entrenar en técnicas de interrogatorio y tortura a sus colegas bolivianos, chilenos, argentinos y uruguayos".

AFP