SEBASTIÁN CABRERA

Cinco ocupaciones fueron abortadas por fallos judiciales en un año. Hay gran preocupación en el Pit-Cnt, que discute la estrategia a seguir luego de un cambio en la tendencia jurisprudencial. "No nos gusta acumular derrotas", admitió Juan Castillo.

El primer caso se dio en septiembre de 2006: el juez civil Ruben Eguiluz ordenó el desalojo de la fábrica procesadora de tripa Coltirey en Paso de la Arena. Consideró que la ocupación "lesiona claramente derechos constitucionales, como el de propiedad". A comienzos de este año sucedió algo similar en la planta de anchoita de Ibramar en La Paloma y en junio con la ocupación de la sede de la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (Copac).

La semana pasada se sumaron dos nuevos casos: la fábrica de Divino y la empresa de envases plásticos Elinord, ambas ocupadas por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra). En todos los casos, los desalojos se dieron a partir de acciones de amparo presentadas ante la Justicia civil por grupos de trabajadores no ocupantes, y los jueces privilegiaron el derecho al trabajo de esas personas.

El sindicato metalúrgico ha sido uno de los que más apeló a las ocupaciones en los últimos años. Su secretario general Marcelo Abdala, también secretario de organización de la central obrera, entiende que los empresarios han encontrado "una veta" para cortar las ocupaciones, luego de que el ex ministro del Interior, José Díaz, eliminó el desalojo policial en 2005. Abdala aseguró que las empresas "usan" a los trabajadores no organizados.

El tema estuvo sobre la mesa en una reunión de la dirección de la Untmra el sábado. Abdala adelantó que el sindicato "afinará los aspectos tácticos" y aclaró que eso no pasará "por considerar finalizada la huelga con ocupación", sino que se "seguirá ocupando" cuando se considere necesario.

QUIEBRE. La ocupación como medida de lucha sindical tuvo su pico en 2006 y el número de ocupaciones bajó este año. Hoy es una medida que causa menos repercusión pública y que además claramente ha perdido eficacia, en parte por los desalojos judiciales.

En la propia central sindical hay dirigentes que piensan que se ha abusado de las ocupaciones y el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi suele hablar de una "autorregulación" que permitió bajar el número de empresas ocupadas. En los hechos, se han generado diferencias en la central y, por ejemplo, en los sindicatos donde domina la corriente moderada Articulación se apela mucho menos a esta medida.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt tratará el miércoles la nueva situación provocada a partir de los dos últimos desalojos y escuchará al delegado de la Untmra, Abdala. "Veremos qué análisis hace y si el Secretariado lo comparte", dijo a El País Juan Castillo, coordinador de la central.

Y explicó: "El tema debe ser analizado en profundidad. Antes de que exista un fallo, hay una concurrencia a los tribunales. Y antes de eso, hay una decisión sindical (de ocupar). Tenemos que medir si utilizamos bien la medida sindical. No nos gusta andar acumulando derrotas. Una derrota para un gremio es un golpe para todo el movimiento sindical".

La idea es "reflexionar" y buscar alternativas: "El método de la ocupación es uno más, el conflicto no tiene por qué terminar en la ocupación".

En tanto, el asesor laboral de la Untmra, Julio Pérez, entiende que la situación es "grave" porque la Justicia concluye que la ocupación es un derecho ilegítimo. "Se entiende que un grupo de trabajadores minoritario no tiene derecho a dejar a otro sin trabajar. Eso es errado: la Constitución consagra el derecho al trabajo, no a trabajar todo los días", argumentó.

El abogado observa con preocupación que la Justicia civil resuelva las desocupaciones. Considera que debe ser "incompetente" en esta área y que la que debe resolver es la Justicia Laboral.

"La Justicia civil se mete en camisa de once varas opinando del tema anti sindical cuando no lo tiene claro. Antes no lo hacía, pero bastó que un juez se declarara competente (en el caso de Coltirey) para que los siguientes lo hicieran", recordó.

"El tema es qué vale más: el derecho de huelga y el derecho a ocupar, o el derecho de propiedad y el derecho al trabajo (de los que no ocupan). Una Justicia no especializada como la civil decidió que no puede haber ocupación lícita si son más los trabajadores que reclaman que se desocupe. Eso no está regulado en ningún lado y no tiene ningún asidero jurídico. ¿Cómo va a decir el juez que vale más un derecho constitucional que otro?", opinó Pérez. A juicio del abogado, la presión de las cámaras empresariales ha logrado eco en la Justicia.

INCÓGNITA. ¿La ocupación dejó de ser efectiva? Hay dudas dentro del movimiento sindical, que ahora se pregunta cómo pararse frente a la judicialización de la ocupación. "Lo resolveremos en el Pit-Cnt", explicó el secretario de organización de la Untmra, Luis Vega.

El sindicato planteará al Pit que se realice "una discusión nacional muy dura" para analizar la situación y ver si en Uruguay "se protege el derecho de los trabajadores o se prioriza el derecho de propiedad y seguimos en la época medieval".

Vega tiene una visión clara: "Respetamos a la Justicia. Pero sabemos que la Justicia no tiene que ver con los intereses de la clase. Prioriza la propiedad privada sobre los derechos sociales de los trabajadores". Para el sindicalista, es una contradicción que "exista una ley de libertad sindical y que el gobierno facilite la ocupación", pero por otro lado la Justicia desaloja empresas. "¿Para qué queremos el derecho de ocupación? ¿Para que nos desalojen? Entonces no lo usamos. Cuando los trabajadores ocupan es por algo, no es para estar en estado de campamento".