FA pone a Pérez contra las cuerdas

La Mesa Política del Frente Amplio aprobó por mayoría una resolución para ponerle fin a las duras diferencias internas en la coalición de izquierda en Maldonado entre el diputado Darío Pérez (Cabildo 1813), y el intendente Óscar De los Santos (Alianza Progresista). El pronunciamiento significó un respaldo al jefe comunal y una advertencia al legislador de que sus acciones pueden provocar su expulsión de la fuerza política.

La resolución contó con el voto negativo del representante de los sectores radicales del Frente Amplio.

En base a un informe elaborado por la Mesa Política fernandina, el órgano de conducción de la izquierda expresó la "necesidad de asegurar el cumplimiento de la disciplina partidaria en el marco de la unidad de acción, respetando el acatamiento de las normas estatutarias, los principios fundacionales del Frente Amplio, el cumplimiento de las normas legales vigentes y el respeto a los grandes lineamientos programáticos".

La resolución aprobada señala que en función del acuerdo de abril de 1998, la adhesión al Frente Amplio "en tanto constituye un acto voluntario, supone asimismo la posibilidad ética y política de separarse de él por parte de quienes entiendan que sus principios, estrategia o conducta, son incompatibles con los definidos colectivamente".

Además, la resolución señala que si algún actor político de la izquierda incumple las resoluciones orgánicas del Frente Amplio "se contrapone al proyecto, en tanto afecta negativamente a la fuerza política" y que ante ello, el Plenario Nacional de la fuerza política deberá determinar "si se configura una ruptura unilateral de los compromisos políticos asumidos".

Consultado por El País, Pérez dijo que no se siente "aludido" por la resolución y aseguró que el texto de la nota no analiza los problemas de fondo que enfrenta la coalición de izquierda en Maldonado, sobre todo los casos concretos que él mismo presentó a la Mesa Política durante su comparecencia de la pasada semana.

Por otra parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictaminó que el fallo del Tribunal de Cuentas que determinó la ilegalidad de la contratación por parte de la Intendencia de Maldonado de la empresa Satenil, es una prueba relevante y además vinculada a la acción de nulidad que inició la empresa Rafeluz SA, según una resolución del organismo.