Directorio de INAU afronta denuncia en Justicia penal

Eduardo Delgado

Una jueza de Familia decidió notificar a la Justicia Penal de un expediente en que considera que el INAU incumplió con una resolución judicial. Debido a ello, las autoridades del organismo pueden ser investigadas por desacato.

En el año 2006, el tribunal de Familia de 1° Turno dio un plazo máximo de 90 días al Instituto del Niño y del Adolescente (INAU), para tener funcionando un centro de tratamiento y rehabilitación a niños y adolescentes menores de 15 años adictos a las drogas, y ampliar "razonablemente" la capacidad de atención a los adolescentes adictos entre 15 y 17 años.

En más de una ocasión, el fiscal civil Enrique Viana -quien presentó un recurso de amparo con el reclamo de la atención a los menores drogodependientes- planteó que el INAU incumplió la resolución judicial.

Viana solicitó a la jueza de Familia, Graciela Rey, que intime al organismo a cumplir con el fallo judicial, que le aplique una multa de 200 unidades reajustables y se comunique lo sucedido a la Justicia Penal y al Poder Ejecutivo.

Rey impuso una multa al INAU de 100 UR por día que no se cumpla la medida, pero la decisión fue apelada por el organismo, que planteó que está cumpliendo con la resolución judicial y detalló las medidas que tomó en ese sentido.

Viana planteó a la magistrada que si bien la multa fue apelada, las otras medidas quedaron firmes.

Rey entonces mandó dar cuenta de lo sucedido en esta causa a la Justicia Penal y al gobierno, enviando copias del expediente. Del mismo se desprende la hipótesis de que las autoridades del INAU incurrieron en desacato de una resolución judicial, lo que será estudiado por un juez penal.

Varios frentes. Este caso no es el único expediente judicial que afrontan los directores del INAU.

La jueza de Familia, Graciela Barcelona, ordenó que en un plazo máximo de 90 días, que venció esta semana, el instituto realice un informe con la cantidad de niños en situación de calle y aborde inmediatamente esos casos con disposiciones para cada situación. La próxima semana el INAU hará público el relevamiento que hizo.

En tanto, la jueza penal Gabriela Merialdo tiene a estudio el pedido de procesamiento por difamación de la vicepresidente del INAU, Cristina Álvarez, debido a sus dichos en una comisión parlamentaria sobre un funcionario del instituto.