El juez Luis Charles tiene en sus manos el destino del ex dictador Gregorio Álvarez. Charles puede decidir enviarlo a la cárcel por la desaparición de 40 personas, dar curso a las pruebas que pedirá la defensa o cerrar el caso.

El ex dictador y los oficiales de la Armada retirados Jorge Tróc-coli y Juan Carlos Larcebeau, concurrirán hoy al Juzgado penal de 19° turno para ser notificados del pedido de procesamiento en su contra hecho por la fiscal Mirtha Guianze, por el trasladado clandestino de uruguayos desde Argentina en 1977 y 1978. Charles dará luego la palabra a los abogados de los militares, quienes harán sus descargos y pedirán ampliación de pruebas.

El escrito, presentado el pasado 12 de noviembre por la fiscal, sostiene que Álvarez, en su condición de comandante en jefe del Ejército, "no podía ignorar cómo funcionaba, por ejemplo, el establecimiento La Tablada, ni quiénes operaban allí. Tampoco puede decir que no sabe lo que era la OCOA, ni ignorar la actividad de sus subordinados en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay". Guianze añade que el ex dictador "actualmente se niega también a proporcionar cualquier tipo de información sobre las personas detenidas que desaparecieron durante su Comandancia y su total ignorancia resulta insostenible".

Respecto a Tróccoli, quien años atrás escribió un libro en que reconoció violaciones a los derechos humanos, Guianze afirmó que en su declaración "no negó su desempeño en el S 2 del FUSNA, su intervención en actividades antisubversivas e incluso sus viajes a Argentina y la participación en operativos en ese país. No podía hacerlo, obviamente, porque ya se había manifestado en público y lo consignó en su libro La Ira de Leviatán". Guianze sostuvo que Tróccoli buscó explicar esos viajes de forma que no le resultara comprometedora.

La fiscal añadió que "no solamente los ex detenidos sino también los mandos de la Marina recopilaron información pa-ra que el comandante produjera su informe, quienes también sostienen que Troccoli y Larcebeau eran quienes viajaban a Argentina, inclusive el propio vicealmirante Daners".

En la jornada el juez puede decidir que se cumpla con las pruebas o parte de ellas, procesarlos o desestimar la solicitud de Guianze.

El abogado Carlos Curbelo Tammaro dijo a El País que recién en esta jornada asume formalmente la defensa de Álvarez, por lo que no ha visto todavía el dictamen fiscal que contiene la prueba. Explicó que aún no acreditó su calidad de abogado defensor pues esta es la primera vez que el ex dictador comparece en calidad de indagado. Curbelo Tammaro no quiso adelantarse a lo que sucederá en el Juzgado y dijo que recién cuando entre en contacto con las pruebas verá qué "líneas argumentales planteará la defensa". No espera que la decisión sobre el procesamiento sea tomada en esta jornada. "El juez primero me tiene que escuchar", dijo el abogado en relación a los plazos en los que está previsto que se pronuncie Charles.

Ayer, el presidente de la República Tabaré Vázquez evitó referirse al pronunciamiento de la Justicia sobre este caso al ser consultado por la prensa. "Yo respeto extremadamente la separación de poderes y por cierto acá la orden la tendrá la Justicia, que es muy seria, muy responsable y digna de todo respeto", estableció.

Guianze critica pacto de silencio

En su pedido de procesamiento contra Gregorio Álvarez, la fiscal Mirtha Guianze destacó que en el expediente se advierte que el propósito de los autores de los ilícitos es "ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente". "Este pacto incluye estrategias urdidas para desviar la dirección de la indagatoria sobre el paradero de las víctimas con el fin de desalentar y provocar el abandono de la búsqueda", sostuvo Guianze. La fiscal hace referencia en su escrito al llamado "Libro Blanco" redactado por un grupo de historiadores en base a información oficial proporcionada por el Ejecutivo.

Guinze sostiene que la Justicia no pudo acceder a estos materiales para ser utilizados como prueba. "Lo que implica admitir, en plena democracia, que hay cotos vedados para la Justicia y que el Estado no ha podido aún dotarla de los elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos. En definitiva, no hay efectiva igualdad de posibilidades para las partes en cuanto a la obtención de pruebas".

La figura de desaparición forzad prevé una pena de cárcel de 2 a 25 años por tratarse de un crimen de lesa humanidad y de carácter permanente.

Los datos apuntan a Blanco

La fiscal Mirtha Guianze adelanta que en el expediente por el que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco, acusado de la coautoría del homicidio de Elena Quinteros, pedirá que sea condenado por otro delito. En base a información de la Comisión para la Paz, la fiscal consideró probado que Quinteros había sido ejecutada. "Pero tras tener acceso a probanzas que en su momento fueron denegadas, posiblemente encuadraré de otra manera los hechos", adelanta.