Piden cárcel para Álvarez por 40 casos de desaparecidos

EDUARDO DELGADO

El ex dictador Gregorio Álvarez, afronta un pedido de procesamiento, el primero en su contra, por la desaparición forzada de 40 personas, las que habrían sido trasladadas desde Argentina y asesinadas en Uruguay.

Ayer en la tarde, el juez penal Luis Charles recibió de manos de la fiscal Mirtha Guianze un sobre con el escrito que contiene los pedidos de procesamiento del general retirado Gregorio Álvarez y de los oficiales retirados de la Armada, Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau.

El origen del expediente en que se registran los pedidos de procesamiento fueron denuncias de familiares de desaparecidos, que sostienen que hubo traslados de prisioneros uruguayos desde Argentina a Uruguay en los años 1977 y 1978.

Charles estudiará algunos días el expediente, antes de permitir que los abogados de los tres militares lean los pedidos de procesamiento. Posteriormente, deberá citarlos para comunicarles en audiencia del pedido de procesamientos en su contra y escuchar sus descargos o pedidos de prueba.

En esa ocasión, el magistrado puede decidir sobre la solicitud de procesamiento, reunir más pruebas o tomarse un plazo para decidir.

El escrito de Guianze es de unas 55 hojas y en el mismo la fiscal hace una detallada descripción de lo que considera probado sucedió con respecto a los traslados clandestinos.

Incluso, como prueba de que esos traslados existieron, la fiscal menciona que algunos de los detenidos en Argentina y luego desaparecidos fueron vistos en el centro de reclusión La Tablada, donde fueron sometidos a torturas.

delito. El delito de desaparición forzada es de reciente aprobación y no hay personas procesadas ni condenadas por el mismo. En su argumentación, Guianze sostiene que la desaparición forzada es un delito permanente, por lo que se sigue cometiendo hasta que no aparecen los cuerpos de las personas desaparecidas.

En anteriores procesamientos por casos de desaparecidos, los magistrados recurrieron al delito de privación de libertad o de homicidio.

acusación. Sobre Álvarez, Guianze señala que en 1978 era comandante en jefe del Ejército, que los traslados clandestinos fueron operaciones conjuntas entre las tres fuerzas, por lo que él tenía que estar al tanto de las mismas. También hace mención a una circular que firmó Álvarez en l978, en la que asumió la responsabilidad por los delitos de violación de los derechos humanos, que se cometieron en lo que llamó el combate a la subversión.

Respecto a los oficiales retirados Tróccoi y Larcebeau, Guianze sostiene que quedó probado sus viajes a Buenos Aires en los años investigados, como también su presencia en interrogatorios a detenidos uruguayos en el vecino país. En el caso de Tróccoli, además, la fiscal indica que estuvo en la ESMA de Argentina, el principal centro de torturas y de desaparición de personas de la Armada durante la dictadura en ese país.

Entre los 40 desaparecidos nombrados en este expediente, hay tres mujeres que parieron estando detenidas en centros clandestinos de reclusión. Sus hijos fueron ubicados en Argentina, donde fueron entregados a familias cercanas a la dictadura de ese país y recuperaron su identidad. Los tres son denunciantes en este expediente en Uruguay que incluye a sus madres e incluso dieron su testimonio en el mismo.