Informes por ley de capacidad diferente

La contratación de por lo menos el 4% de personas discapacitadas en los llamados de los organismos estatales puede generar dolores de cabeza al gobierno, pues desde el Partido Nacional se entiende que la ley 18.094, que establece esos requisitos en las convocatorias públicas, no está siendo cumplida.

La norma sostiene que "el cálculo del 4% de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos".

La iniciativa fue promovida por el diputado oficialista Pablo Álvarez (MPP), que supuso modificaciones a una ley de 1989, y contó con el respaldo de todas las bancadas parlamentarias.

Sin embargo, el nacionalista Pablo Abdala (Herrerismo) tiene información de que algunos organismos públicos no han cumplido con las disposiciones de esa ley. Es por ello que remitió dos pedidos de informes.

Uno de ellos tiene múltiples destinos: el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, el Banco República, la Administración Nacional de Puertos y OSE. En él pide que le envíen datos sobre las últimas contrataciones dispuestas y las plazas disponibles para personas discapacitadas. Además, pregunta si los directorios de esos organismos dictaron un reglamento sobre las contrataciones y si fue consultada la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, como establece la ley.

El otro pedido de informes está destinado al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) de la Presidencia de la República, Miguel Toma. El legislador le solicita la misma información y le pregunta si la ONSC cumplió con la ley y reclamó informes cuatrimestrales a los distintos organismos.

La ley 18.904 establece que el titular de la ONSC será responsable por el incumplimiento de la norma, "pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión", según señala el texto.