RICARDO REILLY SALAVERRI
El ajuste fiscal del oficialismo, consistente en lo medular en una brutal reducción de sueldos y pasividades, tiene esmirriado elenco de defensores. Son todos pagos.
Unos son quienes elaboraron el estropicio, que el gobierno Vázquez "in totum" tomó por bueno. Imponiendo en el país un sistema injusto, inconstitucional en muchos aspectos, que contra lo que cacarean a diestra y siniestra sus mentores no tiene antecedentes en el mundo.
Por lo bajo de las franjas gravadas en una sociedad que de por sí tiene una baja renta per cápita; por la lesión del principio de igualdad ante la ley y las cargas tributarias que surge de la Constitución; por no dar trato diferente a situaciones diferentes; por no prever sus derivaciones impensadas; por no atender al núcleo familiar; por no tomar en cuenta los gastos imprescindibles para sobrellevar la vida cotidiana; por llenar a la nación de papelería burocrática; por la improvisación que se traduce en cientos y cientos y más cientos de artículos de nuevas leyes, decretos y circulares de las oficinas recaudadoras, etc. (la metástasis de trastornos es al infinito).
También algún catedrático conocido salió solitariamente al descampado intentando tirar desesperadamente la pelota al "córner". Fue contratado "post bellium" y apareció tardíamente con una consulta de cátedra absolutamente vulnerable, la que comentaremos en una oportunidad próxima, cuando muchas de las firmas más relevantes del foro nacional, especialistas en derecho público y jubilatorio, emergentes de todas las orientaciones políticas, incluido el conglomerado gobernante, asentaban con solvencia -a nuestro juicio inconmovible- la inconstitucionalidad del mazazo tributario asestado a los pasivos. Apelando a muchísimos más argumentos legales que los muy consistentes, desarrollados por el Fiscal Ubiría.
Finalmente, defienden el engendro quienes -con sentido de oportunidad- aspiran a transformarse en consultores técnicamente necesarios, toda vez que se planteen dudas con los desaguisados que el marasmo de normas que se multiplican como conejos, deje a los contribuyentes anonadados y pidiendo agua por señas en los pasillos o en las ventanillas de alguna oficina pública. Defienden lo suyo: el negocio que les regala el gobierno.
Cabe concluir -por lo dicho- en que nunca tantos le debieron tantos perjuicios a tan pocos.
A este rosario, digno de quienes se supone administran la república, se le van a agregar nuevas perlas.
Ya está al alcance de la mano la llamada reforma de la salud. Otro fiscalazo que va directamente al bolsillo de los trabajadores, esbozado por personas que no están en condiciones de administrar un pizarrón de quiniela, y con la premeditada intención de dejar en unas pocas manos el manejo de más de 1.600 millones de dólares por año.
Con lo cual, se obligará a las instituciones de asistencia médica privadas y a su personal, a ponerse el corsé del lineazo oficialista, so pena de no ser tenidos en cuenta para las regalías a distribuir por los burócratas y perecer en la demanda.
Ante la cruda y enervante realidad hay un solo plebiscito a hacer: son las elecciones nacionales próximas y el cambio contundente de autoridades electas. Otros plebiscitos importan compartir la ignorancia del sistema democrático republicano representativo que nos rige, renunciando a su esencia. El plebiscito por antonomasia supone propuesta opositora seria y planes de gobierno claros.