RICARDO REILLY SALAVERRI
Hace unos cuantos años, gente amiga me vio para que les ayudara como abogado en un problema que tenían en un edificio de apartamentos sito en el Cordón, en Montevideo.
Un portero, que allí residía con su familia y con una dilatada trayectoria de buena gente, en determinado momento se volcó al trago y resultó ser de mala bebida. Trataba mal a los vecinos, no cumplía sus tareas fundamentales y en oportunidades, como represalia, argumentando cualquier motivo de urgente necesidad, cortaba la electricidad (con gente en el ascensor o a la hora de la novela o del partido de fútbol) o cerraba la llave general del agua y ejecutaba otras tropelías por el estilo.
De acuerdo con nuestro régimen legal, si se pasa al despido, si el portero cesado y su familia no se retiran voluntariamente, se le debe hacer por el condominio un juicio de desalojo con plazo de 30 días primero, y si continua habitando en el edificio, un lanzamiento después, a lo que se agrega que por razones humanitarias el juez puede conceder a la familia así desalojada, hasta 90 días más de permanencia. Esto, inmerso en los alargados desarrollos de nuestros procedimientos judiciales.
Lógicamente, se iniciaron cabildeos para una solución amable. Fueron infructuosos y se terminó con el condominio, el portero, los abogados y los procuradores metidos en los tribunales.
Timbres van y expedientes vienen, fines de semanas largos y ferias judiciales, la grande y la chica, pasaron, y lo cierto es que la vida del condominio, con el personaje en casa, se desarrolló cual guión de una novela de suspenso y terror. En el trámite, fueron apareciendo propuestas económicas para alcanzar un arreglo de parte del despedido, mejor dicho de su abogado, las que eran desproporcionadas respecto a lo que sensatamente correspondía.
Y, al final, un día apareció el número mágico. Se fue el señor del problema con su gente, los copropietarios palparon con amargura la flacura súbita de sus bolsillos y... a otra cosa mariposa.
Previo a las últimas elecciones nacionales escuché mil veces decir: "hay que dejar que el frente sea gobierno, así les conocen bien", y también: "si ganan va a haber paz social porque los sindicalistas son de ellos".
A dos años y medio de gestión, es difícil concebir un país más alterado y conmocionado, que el actual.
Uruguay presenta una de las realidades salariales más injustas y desiguales, que concebir se pueda. Siendo los dineros públicos, cualquiera sea su fuente de ingreso, de propiedad estatal, lejos del sano principio de que "a igual tarea igual remuneración", desde la miseria de los soldados, siguiendo por los policías y maestros, continuando por otros sectores de la administración central, con excepciones, se llega al mundo de las empresas del Estado.
Estas prestan servicios esenciales en régimen de monopolio y tanto los bancos oficiales, como empresas, son organismos con recursos propios, cuya paralización puede ocasionar infortunio colectivo. Ellos conocen el especial poder sindical de negociación, del cual otros sectores del Estado carecen. Y, producto de años de realidades, en los que cada sindicato tira agua para su molino, aquellos que mayor daño pueden causar, son lo que mejores soluciones salariales obtienen.
No sé por qué asocio esta situación, por cierto que promovida por gente lúcida y fresca, con la anécdota del aquel portero, que conmovía al condominio.