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SEBASTIÁN CABRERA

Aunque todavía está en pañales, los sindicatos públicos dominados por militantes frenteamplistas se oponen a varios postulados de la reforma del Estado

Los gremios estatales rechazan un posible régimen de sueldo variable y por desempeño, el derecho privado y las subcontrataciones.

Un Estado "más cercano, más fácil y más moderno" es lo que plantea el documento Transformación Democrática del Estado, presentado el lunes pasado por la OPP ante el Consejo de Ministros y que será tratado mañana en el gabinete. En un proceso que se completaría en el siguiente período, el gobierno entiende que los sindicatos del Estado no pueden aceptar "solo beneficios" y que son inevitables "determinados costos". La reforma del "gobierno progresista" no puede operar "como forma encubierta de aumento salarial generalizado" pero sí debe haber "determinados beneficios para los trabajadores", indica el documento.

El Ejecutivo admite que es imposible una reforma "sin algún orden de conflictos". Por eso, se requieren "fuertes consensos" en el gobierno y en la bancada respecto a qué iniciativas impulsar "sin fisuras".

El malestar por no haber sido consultados es lo primero que expresaron varios sindicalistas públicos, interrogados por El País. "Estamos dispuestos a discutir cualquier concepto siempre que sea de igual a igual. Son temas muy sensibles y no pueden pedirnos la opinión cuando ya esté todo hecho", dijo Pablo Cabrera, presidente de Cofe. El sindicalista Gabriel Portillo, de AUTE razona parecido: "No hay negociación colectiva. ¿Van a hacer la reforma y nos vamos a enterar por la prensa?", inquirió.

Para la OPP, resulta clave el salario variable, que implica un pago por resultado hasta un 15% del sueldo en la etapa inicial, sujeto a evaluación futura y vinculado al desempeño. También se plantea acortar la brecha salarial y el estudio de incrementos menores al resto para los cargos gerenciales.

"Tenemos una visión muy crítica del salario variable", afirmó Joselo López, secretario general de COFE. Y se despachó: "Nos preguntamos cómo se puede medir la productividad en Salud Pública o en el INAU. En la reforma de 1996 se impusieron premios por desempeño y eso se prestó para acomodos".

Cabrera, también de COFE, entiende que un régimen de salario variable choca con el plan Siro (de la última Rendición de Cuentas), que tiene una tabla salarial "muy clara" que apunta a un "salario igualitario" en grados y escalafones.

Para Sergio Rossi, del sindicato de OSE esa propuesta "genera el alcahuetaje, el buchoneo, los codazos entre compañeros". "La evaluación se hace en base al trabajo individual y no colectivo", se quejó Rossi.

En tanto, Portillo no teme a las evaluaciones de los funcionarios, pero plantea condiciones distintas. "Hay que ver cómo será la evaluación que se haga, si será transparente y lo más imparcial posible", arguyó.

En cuanto a la reforma de los entes, la OPP afirma: "El núcleo central de los entes debe permanecer en el derecho público. Se trata del cuore o del núcleo estratégico. Ello no implica que toda actividad estratégica deba realizarse necesariamente en el marco del derecho público". Se aclara que algunas actividades, por sus características, sólo se pueden realizar bajo el derecho privado, aunque sean estratégicas. En cuando a las actividades "periféricas", pueden ser en el derecho público, pueden "integrar la propiedad pública pero realizarse en el marco del derecho privado", o directamente "ser una actividad subcontratada con otras empresas (públicas o privadas) o personas".

La postura de COFE es contraria. "Defendemos que la gestión pública esté bajo el derecho público, y no en manos de privados. Rechazamos las tercerizaciones, los subcontratos y el derecho privado. Nos podrán ganar, pero no estamos dispuestos a ceder en esa pelea", opinó Cabrera.

Rossi entiende que la postura oficial "es un disparate". "¿Quién decide qué es estratégico y qué es periférico. ¿Bajo qué óptica? ¿Lo define el gobierno, los trabajadores o los vecinos?", preguntó.

La OPP considera "fundamental" que la actual reforma tributaria no "sea agujereada" por presiones desde el propio Estado "para devolver por la vía salarial lo que se recauda por los nuevos instrumentos impositivos". E indica que algo similar debe "defenderse" cuando entren en vigencia los nuevos aportes para el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa). El gobierno considera inaceptable "subvertir el espíritu redistributivo de la reforma por la vía de exoneraciones encubiertas bajo la modalidad de aumentos salariales a los trabajadores del Estado". Si ocurre eso, se pondría en juicio "la credibilidad" de la reforma del Estado.

Con esta reforma se apunta también a una administración pública "más pequeña, más profesional, con más recursos informacionales e institucionales, y mejor paga".

En ese marco, la OPP plantea que las direcciones generales de Secretaría se transformen y tengan un gabinete, integrado por el director y cinco cargos: la gerencia financiera, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de evaluación y planificación estratégica, la gerencia de comunicación y relaciones públicas, y la asesoría jurídica.

Este modelo requiere de un presupuesto adicional y también pueden surgir de las redistribuciones de los incisos. La transformación en cuatro ministerios arrancará en la segunda mitad de 2008 y en los seis restantes en 2009.

Amor al padre. "La gente quiere un Estado más eficiente, más humano, más cercano y más rápido. Ama a su padre, el Estado como escudo de los débiles, pero detesta el papeleo y la arrogancia burocrática", dice el documento de Enrique Rubio.

Peregrinación. "El ciudadano se encuentra cansado de la alta carga impositiva y francamente impaciente ante la maraña de trámites, regulaciones y documentaciones que insumen un tiempo extenso y requieren de una peregrinación por diferentes oficinas del Estado".

Privilegio. El Ejecutivo se plantea "superar el malestar del ciudadano". Y explica: "La ciudadanía percibe que parte del funcionariado se encuentra en situación de privilegio" y por eso "el incremento del gasto público debe ser explicado y desvinculado del incremento del empleo y del salario público".