Fuerte operativo espera la llegada de activistas

D. ROJAS / R. ROSSELLO

El operativo dispuesto para el ingreso de los activistas a Uruguay será similar al del 2 de septiembre, aunque las fuerzas estarán distribuidas entre Fray Bentos y Nueva Palmira.

La Policía movilizará alrededor de 200 efectivos y la Prefectura Nacional Naval a unos 80 para el plan de contingencia que abarca desde el puente San Martín a Nueva Palmira. Aunque las autoridades no estiman que el ingreso de los activistas entrerrianos -se esperan a unos 300- ocasione problemas, la planta de Botnia fue vallada y su custodia interna y externa reforzada.

El punto de concentración será el Club Palmirense, donde sobre la hora 13 de hoy comenzará la reunión convocada por grupos ambientalistas uruguayos. Las autoridades estiman que el evento no reunirá a más de 500 personas, en su mayoría argentinos que llegan con el propósito de sellar la alianza para una "asamblea binacional". Según dijo ayer el dirigente Alfredo De Angelis, la intención de los activistas es "cruzar en aproximadamente cien automóviles y a lo mejor no llegar todos juntos al puente, para no tener que pasar las demoras de cuando cruzamos en agosto (2 de septiembre)".

Sin embargo los controles serán rigurosos. En el puente la Prefectura Naval dispuso a unos 80 efectivos, dotación que fue reforzada con equipos de choque de la fuerza naval.

Al pasar los primeros controles del puente, la Policía dispondrá varios puntos de control. Al igual que en la otra ocasión, equipos de la Brigada Nacional Antidrogas con perros adiestrados, así como equipos de Guardia Metropolitana con perros adiestrados en detección de explosivos, harán una minuciosa inspección de vehículos. El primer puesto de control estará sobre la ruta 2.

Entre Fray Bentos y Nueva Palmira se dispondrá una fuerza de 150 efectivos, provenientes de las jefaturas de Río Negro, Salto, Paysandú, Soriano y Colonia. En la propia ciudad de Nueva Palmira se reforzará la custodia con un equipo antimotines de la Guardia Metropolitana que viajó desde Montevideo para este fin.

Las medidas alcanzan también al puente Artigas, que conecta Paysandú y Colón, así como en varios puntos del departamento de Soriano.

La terminal portuaria de Ontur, cuyo socio mayoritario es Botnia, contará también con un fuerte dispositivo de vigilancia a cargo de Prefectura Naval.

Aunque, según habían indicado algunos activistas, su idea era comenzar el cruce en las primeras horas del domingo, ayer ya habían llegado los primeros. Según informaron fuentes policiales a El País, unos nueve activistas ingresaron por Fray Bentos y pernoctaron en Nueva Palmira.

ACEPTAR EL FALLO. Ayer el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández, dijo que su país acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia, así fuera contrario a su demanda.

"Somos parte de la comunidad internacional, aceptamos las reglas de juego del derecho internacional y no podemos estar todos los días cambiando de opinión", declaró Fernández a medios argentinos.

De todas formas el jefe de ministros se mostró optimista: "Tenemos la esperanza de que La Haya prestará atención a nuestro reclamo".

Un día antes Fernández había calificado de "temerarios" a aquellos asambleístas que sostienen que el gobierno argentino abandonó sus postulados contra Uruguay. "Hemos sido muy transparentes y cristalinos con ellos, nunca hemos hecho algo de lo cual ellos no estuvieran al tanto", añadió ayer.

Durante esta semana las relaciones entre ambos países volvieron a tensarse, debido a unas declaraciones del ministro Mariano Arana, quien dijo que el permiso para Botnia podría estar pronto "en menos de un mes". Aunque luego el propio Arana relativizó sus dichos, la Cancillería argentina hizo sentir su enojo y a través de voceros declaró en medios locales que Uruguay continuaba "entorpeciendo el diálogo". Al mismo tiempo negaron que se estuviera "negociando" un acuerdo. En ese marco, Alberto Fernández igualmente sostuvo la necesidad de recomponer la relación bilateral con Uruguay, por encima del conflicto.

El subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra, rechazó la adopción de "medidas excepcionales" para impedir la nueva manifestación de los activistas de Gualeguaychú en territorio uruguayo.

"Lo peor que puede sucedernos es confundir la crisis de naturaleza política que estamos viviendo con una situación excepcional catastrófica", señaló Igorra.

"Si estuviéramos frente a una situación que realmente amenazara este bienestar de los ciudadanos, parece razonable que se confirieran poderes para prohibir este tipo de reuniones en lugares o momentos específicos, pero las cosas son bien diferentes. No estamos frente a un atentado terrorista, no se amenaza la capacidad del Estado uruguayo para proteger la seguridad ciudadana", argumenta el jerarca.

"Si se reprimen los derechos a la libertad de expresión y reunión, que es lo que pretenden los provocadores, se afectaría el núcleo esencial de los mecanismos políticos de control democrático que tiene nuestro estado de derecho".

"La causa de los piqueteros es la ideología de los piqueteros. Sólo el debate libre y vigoroso constituye el mejor antídoto a sus formas extremistas", apuntó Igorra.

"Nuestro gobierno no puede ser acusado de represor", enfatizó por último el jerarca.

300 es la cantidad de activistas que se estima pasarán. Para el 2 de septiembre preveían 1.000, pero ingresaron 874 manifestantes.