Ninguno cede y se desatan paros

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El reclamo de un nuevo aumento salarial para los funcionarios públicos genera brechas entre los sindicatos estatales, que han elegido diferentes estrategias a la hora de movilizarse y de protestar contra el gobierno de Tabaré Vázquez.

De hecho, el anunciado paro de 24 horas en el sector público que se realizará mañana no abarcará ni de cerca a todo el Estado. Pararán los funcionarios de la Administración Central y otros organismos agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), además de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), y los sindicatos de trabajadores del BPS y del Poder Judicial.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) parará desde la hora 12 a las 15. En cambio, los sindicatos de trabajadores de los entes se abrieron expresamente de las medidas conjuntas y anunciarán movilizaciones la próxima semana. El sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) también sigue con su propio plan de movilizaciones y en principio no se suma al paro de 24 horas. En la educación los maestros tampoco paran y los trabajadores de UTU decidían anoche si lo hacían.

El paro de 24 horas está comandado básicamente por sindicalistas de COFE y de Fenapes, dos federaciones amigas que el año pasado realizaron la recordada ocupación en el Ministerio de Economía, que no tenía el visto bueno de la cúpula del Pit-Cnt.

QUEJA. Los reclamos sindicales apuntan a que el gobierno otorgue ya un nuevo aumento de salarios, teniendo en cuenta el nivel de la inflación. COFE también piensa en el aumento de enero: evalúa que debe llegar a 14% o 15%, ya que estima que sólo la inflación de 2007 no bajará de 9%.

Sin embargo, los negociadores del gobierno "dejaron entrever" en las reuniones con los sindicatos que la fórmula de ajuste de enero tendrá en cuenta la inflación futura y no la pasada, con lo cual el aumento sería de menor cuantía. Además, el Ministerio de Economía entiende que los trabajadores del Estado recuperaron el 90% de lo perdido en el quinquenio anterior, lo cual es rechazado por los sindicatos.

"No va a haber ajuste. Eso ya lo tenemos decidido", adelantó la semana pasada a El País el ministro de Economía, Danilo Astori, en la gira presidencial en Europa. Astori cree que "la mejor manera de defender el poder adquisitivo de los salarios hoy es luchar contra los aumentos de precios".

Mañana los sindicatos marcharán hasta la sede de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), como muestra de apoyo al conflicto de ese gremio, que está en paro de 72 horas. Adeom, en tanto, hará una concentración frente al Ministerio de Economía. No se descarta que los sindicatos se movilicen hasta Economía, dijo el sindicalista José Olivera (Fenapes).

"El conflicto arranca porque en los ámbitos de negociación colectiva no se cumple con los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores y no se plantea a futuro ninguna propuesta concreta de discutir los ajustes salariales", afirmó Olivera.

Olivera dijo que el reclamo tiene la "adhesión plena" de todos los sindicatos del Estado y que el gobierno se había comprometido con los trabajadores públicos a que, una vez que la inflación real superara la pauta de 6,5%, habría ajuste salarial. En septiembre el IPC alcanzó al 8,22%. "Pondremos en el tapete la exigencia de aumento salarial contra la carestía", agregó.

EMPRESAS. Los sindicalistas de los entes argumentan "falta de discusión de la estrategia" a seguir, para no participar en el paro de 24 horas. El próximo miércoles 3 de octubre reunirán a todas las directivas de los gremios para coordinar un plan de movilizaciones, que podría incluir paros parciales e incluso medidas de 24 horas.

Las medidas afectarían a Antel, UTE, OSE, Ancap, BPS, Puerto y Correo, y tienen como raíz los reclamos salariales. "No hacemos el paro de 24 horas para no pegarle al gobierno. Queremos pegarle mejor al gobierno", dijo el sindicalista portuario Óscar López. Sin embargo, fuentes sindicales dijeron que "no hay sintonía" entre los gremios de entes y los demás del sector público. La semana pasada los sindicalistas de los entes anunciaron que pararían pero hubo cambio de marcha, posiblemente ante una pulseada en la interna gremial.

bancos. El consejo oficial de AEBU definirá esta tarde si se suma a la medida definida para mañana pero es casi un hecho que no lo hará, dijeron fuentes bancarias. AEBU se plantea seguir con su propio plan de movilizaciones, en el marco de la negociación del convenio colectivo con el gobierno.

Si no hay avances, se definirá "profundizar" el conflicto: se maneja dejar de asistir a cursos de capacitación para funcionarios del Banco Hipotecario, afectar remates de ese banco, además de afectar negocios externos del Banco República.

El presidente de banca oficial, Carlos Márquez, dijo a El País que la próxima semana tal vez no se puedan realizar pagos de salarios por parte de las empresas que trabajan con el Banco República. Además, en AEBU hay molestia con declaraciones del director del República Juan José Cladera, por tratarse de un ex funcionario de AEBU que salió a criticar el accionar del sindicato. "Cladera comete errores garrafales. Su idoneidad está cuestionada", comentó Márquez.

MARTES. Los funcionarios de la salud pública iniciaron en la pasada medianoche un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el jueves. Si no hay acuerdo, anuncian una huelga con ocupaciones de lugares de trabajo a partir del próximo lunes. A nivel bancario, el conflicto de AEBU afectará hoy el clearing y seguirán las medidas sorpresivas por turnos en el Banco Central.

MIÉRCOLES. Habrá un paro de 24 horas en liceos; toda la Administración Central (lo cual también abarca a Canal 5, el Registro Civil y la Biblioteca Nacional, por ejemplo); organismos como el INAU, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas; la Universidad de la República y el BPS. En la Intendencia hay paro de 12 a 15, mientras que no paran los maestros ni los trabajadores de los entes (UTE, Antel, Ancap, OSE, Puertos, Correo).

FUTURO. Los sindicatos de los entes preparan movilizaciones para la próxima semana y también habrá más medidas en los bancos.

"Hay que entregarla, eh?", gritó a través de la reja de la residencia oficial del Prado el sindicalista de Salud Pública Alfredo Silva al secretario del presidente Tabaré Vázquez, Eduardo Bandeira, en referencia a una carta al mandatario.

Delegados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y de una coordinadora de jubilados y pensionistas se concentraron cerca del mediodía de ayer frente al portón principal de Suárez y Reyes, para manifestar su rechazo a la estrategia salarial del gobierno.

Los primeros en llegar fueron los integrantes de COFE, quienes confirmaron su paro general en reclamo de mejoras salariales. La protesta fue acompañada por la detonación de petardos y el corte del tránsito por la avenida Suárez.

Los jubilados y pensionistas se concentraron frente a Suárez para exigirle al gobierno un aumento en la retribución, en una movilización denominada "de los platos vacíos": cada uno llevó un plato y lo golpeó con cubiertos, en una ruidosa manifestación.

Esta organización de pasivos reclamó un aumento retroactivo de 7,5% al 1° de septiembre, de acuerdo con el índice medio de salarios del primer semestre del año.

Además, pide que no se les aplique el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En sus pancartas, los jubilados y pensionistas afirmaron que padecen una "situación inhumana".

El gobierno anunció que las jubilaciones y pensiones inferiores a $ 16.360 mensuales aumentarán 2% cuando la inflación anual alcance el 8,5% (hoy está en 8,22%). Se trata de un adelanto del ajuste que entrará a regir en enero próximo.

Los jubilados están divididos en dos organizaciones. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) tiene una posición más cercana al gobierno, y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay está enfrentada con la administración.