La oposición pide trato caso por caso para que catastro sea justo

El nuevo catastro es un tema que arde en la Junta Departamental. Los ediles del oficialismo dijeron ayer que es de "justicia social", mientras que la oposición afirmó que no siempre "paga el que tiene más" e hicieron sugerencias y reclamos.

Para la edila colorada Glenda Rondán es necesario que "se trate caso por caso", tal como lo conversó con el intendente Ricardo Ehrlich hace unos días. El edil blanco Fernando Ripoll reiteró su propuesta de crear un "período ventana" para que los contribuyentes que se sientan perjudicados hagan sus reclamos ante la comuna, y aprovechó su intervención para pedirle públicamente al prosecretario de la comuna que le responda los llamados. Por su parte, el nacionalista Daniel Graffigna dijo que "en algunos casos los aumentos son escandalosos".

Los ediles entienden que no siempre paga más el que tiene más, que es el espíritu de la propuesta que defiende a capa y espada el oficialismo y la administración municipal. La edila Rondán puso el supuesto caso de "una vecina de Maroñas, que arregló su vivienda con esfuerzo y la mejoró, tenga que pagar lo mismo que uno de Punta Carretas y no tiene los mismos ingresos". "Por eso hay que ir caso por caso", dijo.

El nuevo catastro elimina las zonas y propone fijar valores de acuerdo a un promedio de valor de la tierra y de la construcción.

"Es una norma de estricta justicia social", dijo el edil Luis Luján, del MPP, durante la sesión de ayer. El intendente Ricardo Ehrlich había manifestado una opinión similar horas antes: "Estamos dando pasos significativos hacia una tributación más justa".

Se estima que un 25% de las viviendas de Montevideo aumentará su valor catastral.

"Es inconsistente hablar de una nueva justicia tributaria, cuando tenemos más impuestos, cuando se propone un catastro que producirá un efecto fuerte en la recaudación, y que es más complicado de entender para la gente", dijo el edil Álvaro Viviano. Otro aspecto que no tiene consenso involucra a las cooperativas de vivienda. La Intendencia pretende que los complejos aporten a un `fondo solidario` una vez que terminen de pagar sus deudas al Banco Hipotecario, para fomentar el desarrollo de otras cooperativistas, dijo el prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez.

La disposición abarca esencialmente a las cooperativas Fucvam y Fecovi, la segunda de las cuales ya manifestó su disposición a participar en los grupos de trabajo que se formarán en los próximos días para abordar el tema. En los hechos, la comuna capitalina propuso dos opciones a las cooperativas. Una era pagar contribución inmobiliaria -impuesto del cual están exoneradas por una ley del año 1968-. La otra, aportar al fondo para la adquisición de tierras, en las cuales podrán construir sus viviendas otros cooperativistas.

En 1968, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley Nacional de Vivienda, que establece un marco jurídico para la promoción de programas de vivienda social, institucionalizando el sistema cooperativo de vivienda a través de dos modalidades de gestión, la ayuda mutua y el ahorro previo, y dos formas de tenencia, las cooperativas de usuarios y las de propietarios. Entonces, las cooperativas quedaron exoneradas de la Contribución Inmobiliaria.

FRACASO. Además del tema catastro, hubo ediles de la oposición que cuestionaron el visto bueno que el Frente Amplio dio de la Rendición de Cuentas y la modificación del Presupuesto.

"La limpieza es un drama. La bolsita naranja fracasó", dijo el colorado Gustavo Osta, por ejemplo. Se mencionó el tema casinos, el déficit acumulado, la escasez de inversiones y el "fracaso de la descentralización", también a decir de Osta. Otros hablaron del transporte, de los problemas con Adeom y de las políticas culturales.