El caso de las "narcovalijas" enviadas a España llega a los tribunales

El llamado "caso de las narcovalijas", que motivó hace tres años el cese del jefe de la Fuerza Aérea argentina, llegó hoy a los tribunales con cinco argentinos, dos españoles y un colombiano como acusados.

El juicio oral por el envío desde Buenos Aires a Madrid de cuatro maletas con 60 kilos de cocaína en un avión de la desaparecida aerolínea argentina Southern Winds (SW) se inició hoy en el Tribunal Oral en lo Penal Económico de la capital argentina con la presentación de cargos por parte de la Fiscalía.

Por este escándalo, el primero que afrontó el gobierno del presidente argentino, Néstor Kirchner, también fue reestructurada la seguridad en los aeropuertos, que pasó a manos civiles.

Las maletas fueron enviadas a España sin acompañante, con etiquetas adosadas que decían "embajada argentina" y pasaron los controles del aeropuerto bonaerense de Ezeiza sin que nadie advirtiera lo que contenían.

En el madrileño aeropuerto de Barajas fueron descubiertas porque nadie las recogió de la cinta portaequipajes.

Mas de 200 personas están llamadas a testificar en el juicio, que se prevé que dure por lo menos dos meses, informaron fuentes judiciales.

De los ocho acusados que comparecen al juicio -hay dos prófugos- sólo están presos los españoles Elena Toimil Batán y José Ramón González Villar y el colombiano Juan David Aristizábal Tabares.

Los cinco procesados argentinos consiguieron la libertad bajo fianza hace tiempo. Se trata de Claudio Baudino, ex supervisor de tráfico de SW, Fernando Arriete, antiguo gerente de ventas, Ariel Tamburrini, responsable de la compañía en Madrid, y Guillermo Sardi, acusado de ser el nexo con la pareja española.

A los españoles, extraditados en 2006 a Argentina luego de cumplir condena en su país por otro caso de narcotráfico, se les acusa de ser quienes iban a recoger las valijas con cocaína halladas el 17 de septiembre de 2004 por agentes del aeropuerto de Barajas.

Aristizábal fue apresado bajo el cargo de haber llevado las valijas al aeropuerto de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, de donde salieron hacia Madrid con la presunta complicidad de los empleados de SW y de Maximiliano Wilsen, el responsable del escáner de la estación aérea, uno de los dos prófugos en estas actuaciones.

Uno de los acusados argentinos es Walter Beltrame, hijo del comodoro aeronáutico Alberto Beltrame, quien era jefe de seguridad del aeropuerto de Ezeiza y fue cesado en medio del escándalo desatado cuando el caso tomó estado público, en febrero de 2005.

"Aquí han tratado de embarrar la cancha para que no se investigue a los dueños de la empresa, que tenía como modalidad llevar valijas sin acompañantes", aseguró Ricardo Russian, el abogado de Walter Beltrame, quien era el encargado de atender a los pasajeros frecuentes de la aerolínea.

"Walter entró en la compañía por sus propios méritos e incluso tuvo serios inconvenientes por ser hijo" del por entonces jefe de seguridad de Ezeiza, puntualizó el abogado a los periodistas.

Russian subrayó que el envío de maletas no acompañadas a España ocurrió "varias veces" y que se trataba de "una modalidad de privilegio" que "no estaba al alcance de dar" su defendido.

Las actuaciones comenzaron en octubre de 2004, cuando Juan Maggio, dueño y presidente de SW, y Enrique Montero y Christian Maggio, directivos de la aerolínea, denunciaron el caso ante la justicia en lo penal económico, que terminó por dictarles un sobreseimiento provisional por falta de pruebas en su contra.

Sin embargo, la Aduana argentina, que es parte querellante, ha insistido en que se procese a los tres directivos de SW, cosa que según fuentes judiciales también harán la defensa de Beltrame y la de los otros cuatro ex empleados de la empresa que están procesados.

El caso generó tal escándalo que Kirchner ordenó tanto el cese de Alberto Beltrame al frente de la seguridad de Ezeiza como del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rohde, con lo cual pasaron a retiro un total de diez altos mandos de esa fuerza armada.

El Gobierno de Kirchner disolvió además a la Policía Aeronáutica Nacional, en manos de la aviación militar, y creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dirigida por civiles.

Otras de las aristas del escándalo fue el hecho de que SW recibía un subsidio estatal de siete millones de pesos (2,2 millones de dólares) para pagar el combustible para sus siete aeronaves.

El otro prófugo en estas actuaciones es el colombiano Germán Arcila-Arcila, presunto narcotraficante a quien se acusa de haber acompañado a su compatriota Aristizábal en el traslado al aeropuerto de Ezeiza.

EFE