El MPP resolvió no responder a las acusaciones de Fucvam

D. ISGLEAS / L.NICROSI

El Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP), ignoró las acusaciones de "tráfico de influencias" del secretario general de Fucvam contra integrantes del sector, por entender que responden a un "despecho personal"

Por unanimidad los miembros del Ejecutivo del MPP consideraron que el tema es un problema entre "privados" y que no existen "sombras que pesen sobre los compañeros" del sector.

La decisión de no responder al secretario general de Fuc-vam, Daniel De Souza, surgió luego que el diputado Luis Rosadilla planteó a la dirección del grupo que emitiera una declaración de "respaldo" a su persona y al legislador Javier Salsamendi, acusados por el cooperativista de emplear a familiares en la empresa Umissa que vende casas prefabricadas a Venezuela.

En el MPP se cree que la actitud de De Souza responde a una disputa personal entre él y Umissa luego que Fucvam perdió en la licitación del gobierno venezolano para proveer de casas prefabricadas a Venezuela (ver nota aparte).

No vale. "No hay que dar más por el pito que lo que el pito vale", afirmaron a El País fuentes del MPP, quienes entendieron que De Souza utiliza el tema como forma de lograr "mantenerse en el cargo, ante el congreso de Fucvam de fin de año" en el que se renovarán sus autoridades.

Las fuentes señalaron que ante las valoraciones realizadas sobre la actitud del dirigente de Fucvam se le comunicó a Rosadilla, que no se emitiría ninguna declaración, por considerar que "no hay elementos de corrupción". Agregaron que si el MPP saliera a contestar a De Souza, no haría otra cosa que "levantar" al dirigente de la federación de cooperativas.

Rosadilla y Salsamendi también declinaron referirse públicamente al tema al ser consultados por El País.

Fuentes del MPP señalaron que en la bancada del sector se manejó la posibilidad de promover "una cuestión de fueros en cuanto se conoció la denuncia de De Souza", pero finalmente se desechó.

Otra alternativa manejada fue la de pedirle a Fucvam que presentara pruebas en forma pública sobre las denuncias, pero también esta posibilidad quedó descartada.

Acusador De Souza, ex integrante del MPP y de la custodia del presidente Tabaré Vázquez, acusó al embajador uruguayo en Venezuela, Gerónimo Cardozo, de haber incidido a favor Umissa, empresa que provee al gobierno de Hugo Chávez de viviendas prefabricadas. Además el secretario general de Fucvam pidió al gobierno que investigue "los vínculos políticos que existan entre los parlamentarios y los familiares de estos, contratados por dicha empresa, así como los vínculos del embajador uruguayo Gerónimo Cardozo, con las sociedades anónimas que conviven y contratan con Venezuela",

En el comunicado Fucvam consideró que si era necesario se debería levantar el secreto bancario de Cardozo y de "los involucrados". El País procuró sin éxito consultar a De Souza.

En declaraciones al diario La Juventud, del Movimiento 26 de Marzo, De Souza reveló el sábado 8 que tuvo en Venezuela un fuerte entredicho con Cardozo durante las jornadas de intercambio comercial que se realizaron semanas atrás en el país caribeño.

Si bien las fuentes del MPP admitieron que varios familiares directos de legisladores del sector y de otros grupos del Frente Amplio trabajan en Umissa, afirmaron que los cargos se obtuvieron a través de "la bolsa de trabajo acordada entre la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y la Intendencia Municipal de Montevideo".

Añadieron que la empresa recurrió a esa bolsa de trabajo, para contratar personal, porque tiene una buena relación con el sindicato metalúrgico.

Explicaron que la mayoría de los familiares son obreros cuyos salarios apenas superan los $ 6.000 (ver nota aparte).

La misma información fue aportada por fuentes de la empresa Umissa, las que descartaron que algún cargo gerencial esté ocupado por familiares de dirigentes del Frente Amplio.

Ante las acusaciones de De Souza, los trabajadores de Umissa habían solicita a dirigentes del Pit-Cnt que intervinieran, según informó el semanario Búsqueda el jueves 6.

El sindicato de trabajadores de la empresa está controlado actualmente por el Partido Comunista, que tiene un 10% de obreros en la planta; otro 10% es del MPP, mientras que la amplia mayoría no tiene militancia política notoria.

Fuentes de Umissa confirmaron que en la empresa trabaja un sobrino del diputado Rosadilla (MPP), que es peón y percibe un salario de $ 6.500 más tickets alimentación. El hermano del diputado Salsamendi (MPP) es oficial de carga y sus haberes rondan los $ 9.000. El hijo del diputado Esteban Pérez (MPP) es obrero y cobra $ 6.500. El hijo del socialista Gustavo Bernini trabaja en la estiba.