Tribunal observó el contrato de asociación de Pluna

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó el contrato de asociación entre Pluna y Leadgate Investment bajo el argumento de que "resulta dudosa la aplicación de las normas generales de contratación", de acuerdo a la resolución aprobada ayer, a la que accedió El País.

Según el TCR, el Ejecutivo debería haber hecho una licitación pública internacional con "procedimientos competitivos" que garantizasen "publicidad, igualdad de oferentes y la concurrencia", lo que no consta que se haya cumplido". "Tanto el Estado como Pluna Ente Autónomo son parte, y en tanto tales, asumen importantes obligaciones, motivo por el cual no se concilia el criterio aplicado en la búsqueda de nuevos accionistas, encomendando tal gestión a Pluna S.A., cuando tanto su accionista entonces mayoritario como el Estado, concluyen garantizando el cumplimiento de los contratos", se indicó.

El TCR puso como ejemplo el procedimiento que se llevó adelante para la venta del Nuevo Banco Comercial -que garantizó la "igualdad" y "transparencia"- y cuestionó por qué "no se procedió de la misma forma" en esta oportunidad donde "sin perjuicio de la reserva natural propia de todo proceso de negociación, ello no es comparable con la complejidad que conlleva la enajenación de acciones de una institución de intermediación financiera". Además sostienen que cuando originalmente se constituyó la sociedad mixta de Pluna en los 90, se utilizó un proceso de licitación internacional.

Por otra parte, el TCR cuestiona que, pese a que la función del Estado es controlar la gestión, en el contrato se incluyó una cláusula por la que se "restringió el ámbito de actuación de los miembros de la Comisión Fiscal. Además se dio la libertad a Leadgate (por tener el 75% de las acciones) a resolver "no distribuir entre los accionistas por lo menos el 20% de las utilidades netas de cada ejercicio".

GARANTíAS. El TCR también cuestionó las garantías asumidas por el Estado tanto sobre la compra de aviones como por otras deudas que puedan surgir. Según el organismo, para garantizar obligaciones de una sociedad anónima de derecho privado de la que es accionista minoritario el Estado requiere de una ley que lo avale.

Asimismo, afirmó que tanto la negociación sobre las deudas con Ancap como la subvención que se hará sobre el precio del combustible para Pluna por los próximos tres años debió haberse previsto en la Rendición de Cuentas. Pero no sólo esto. Según el TCR el compromiso asumido por Pluna de otorgar una garantía por el 100% del monto de adquisición, arrendamiento y leasing de aviones "violenta" el "estándar de razonabilidad" en tanto el Estado tiene apenas el 25% de la empresa mixta.

Las críticas también van contra las obligaciones y contingencias que asumió el Estado -tanto anteriores al 30 de junio como posteriores- ya que "comprometen la realidad económico financiera" del Estado en forma "directa" y por "montos intangibles", por lo que se debió haber autorizado a través de una ley.

La cereza de la torta es que según el TCR, "no consta resolución" del Ejecutivo "facultando a los ministros de Economía y Transporte a suscribir acuerdos y a obligar al Estado en los términos allí consignados".

CONFLICTO. Por otra parte, la Unión de Tripulantes Auxiliares de Cabina llegó a una tregua ayer con las autoridades de Pluna hasta el viernes cuando prevén reunirse ante el Ministerio de Trabajo para buscar una solución a sus planteos.

El sindicato resolvió levantar las medidas (que habían retrasado la partida de un vuelo de Madrid y Buenos Aires) hasta el próximo viernes.