El Ministerio de Salud Pública decidirá en un mes si registra y cubre la vacuna que previene el cáncer de cuello de útero. Mientras tanto, el Partido Nacional prevé "obligar" al gobierno a decidir positivamente a través de una ley.

El director general de Salud, Jorge Basso, dijo ayer que en un mes estarían llegando al país los resultados de un estudio de tipificación de cepas, que se está realizando en Francia, que tendrá un valor determinante para decidir sobre el registro y la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV, por sus siglas en ingles).

"La idea del Ministerio es que si la vacuna es efectiva, la población, y sobre todo los sectores más desfavorecidos, que son los más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, tengan esta vacuna", apuntó. Basso explicó que se encargaron dos tipos de estudios para conocer la efectividad de la vacuna en los virus oncogénicos que priman en Uruguay. Por un lado, el MSP estaría relevando los resultados de los Papanicolau realizados en diversos centros para conocer las variantes del virus que están incidiendo. Por otro lado, a partir de diversos casos de cáncer de cuello de útero detectados en el Pereira Rossell, se está haciendo un estudio "retrospectivo" para rastrear si las pacientes tuvieron el HPV.

Estos estudios son relativizados por figuras del mundo académico, que entienden que en Uruguay priman los mismos virus que en otros países de la región, donde la vacuna ya ha sido registrada. En cambio, el MSP insiste en primero comprobar el tipo de cepas que priman en el país. No obstante, el jerarca fue enfático en que si demuestra la efectividad de la vacuna, el Estado buscará formas de financiamiento, aunque para la población de menores recursos. "No nos parece adecuado que las vacunas estén sólo en función de aquellas personas que la pueden adquirir. Por este motivo, el Ministerio está dispuesto, si la vacuna es efectiva, a ponerla a disposición de la población, sobre todo, para los sectores más carenciados", indicó. Hasta el momento, el gobierno se ha negado a autorizar la vacuna si no puede asegurar que toda la población va a tener acceso a ella. En este sentido, Basso aclaró que si el Estado decide financiarla -U$S 360 por paciente- para los sectores más pobres, autorizaría simultáneamente el acceso privado a la vacuna para aquellas familias que pretendan pagarla.

impulsan ley. A nivel político, el Partido Nacional intentará obligar al gobierno a registrar y suministrar la vacuna a través de una ley. La diputada Sandra Etcheverry elevará en las próximas horas un proyecto de ley a la Comisión de Salud de Diputados en el que exige al Poder Ejecutivo "implementar todos los medios necesarios para el ingreso, registro y habilitación de la vacuna en forma gratuita y obligatoria para todas las niñas del país a partir de los 9 años". En la exposición de motivos, Etcheverry recuerda que el cáncer de útero "es el tercer cáncer más frecuente en la mujer uruguaya y la séptima causa de muerte". Sostiene que en "nuestro país la mayor probabilidad de transmisión del HPV ocurre antes de los 20 años", por lo que, vacunar a las niñas ayudaría a combatir la enfermedad. La diputada dice estar segura que el costo financiero de "vacunar en primera instancia a todas las niñas uruguayas de entre 9 y 15 años (186.736 según datos del INE) sería inferior" al que se debería pagar por los tratamientos, una vez detectada la enfermedad.

A todo esto, el próximo 11 de setiembre la ministra María Julia Muñoz comparecerá en el Parlamento, convocada por la diputada, para explicar la posición del gobierno.