El traslado de reclusos continúa siendo resistido

La comisión especial que estudia el traslado de presos al interior detectó unos 170 casos que reúnen el perfil requerido. Pero la medida ha despertado resistencias tanto en jerarquías, como en algunos sindicatos policiales que la rechazan.

Ayer la ministra del Interior, Daisy Tourné, reconoció a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que la situación de las dos penitenciarías principales, Libertad y Comcar, es preocupante. Tourné defendió con energía la iniciativa de trasladar un número que no superaría los 200 reclusos del Comcar a cárceles del interior como forma de descomprimir, mientras se acondiciona el establecimiento.

Algunas jefaturas de Policía ya han elaborado informes críticos que revelan su incapacidad para recibir traslados. Tales los casos de Artigas, Rivera y San José. En Río Negro y en Rocha han sido los sindicatos policiales los encargados de rechazar la idea a través de sendas movilizaciones.

De todas formas, el Ministerio del Interior tiene planteado resolver el tema, de manera tentativa, el próximo lunes.

Preocupación. La ministra Tourné se reunió ayer con los diputados Gonzalo Novales, Beatriz Argimón (Partido Nacional), Daniela Payssé (Frente Amplio) y Gustavo Espinosa (Partido Colorado), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para informarles de la situación carcelaria.

Con el antecedente inmediato de una nueva muerte debida a enfrentamientos entre bandos de reclusos, los legisladores se fueron de la reunión con ganas de oír anuncios más auspiciosos. "La situación está difícil", les dijo Tourné a los diputados al referirse a los centros de Libertad y Comcar.

A modo de ejemplo la ministra señaló que en Santiago Vázquez hay un guardiacárcel por cada 100 reclusos. Señaló que ello "hace muy difícil" la contención de desbordes. Participantes del encuentro señalaron a El País que la ministra apuntó al núcleo de reclusos "duros" como el foco del problema interno.

Apuntó, asimismo, que el consumo de pasta base está haciendo "estragos" en la población reclusa. Señaló que "ponemos empeño y esfuerzo" en impedir el ingreso de la droga a los establecimientos.

Tourné insistió ante los legisladores en que la ley de humanización del sistema, votada el año pasado, no se aplica como corresponde. En particular, se refirió al cumplimiento de la redención de la pena por trabajo o estudio, un extremo que no se cumple por igual en todo el país.

Estado crítico. Algunas cárceles del interior del país presentan un estado crítico, no sólo debido a la superpoblación, sino también a las condiciones edilicias.

En tal sentido, la Jefatura de Rivera elaboró un informe crítico sobre su cárcel departamental, algo similar ocurrió con la de Artigas, y la de San José.

En Río Negro el jueves se movilizó el sindicato policial con una marcha hasta la Jefatura para rechazar el traslado de presos. En Rocha también el sindicato policial rechazó la iniciativa, aunque en este caso acudieron a la Justicia para plantear la situación.

La secretaria de organización del sindicato policial, Fernanda Camilo, presentó un informe al juez de segundo turno de Rocha, José María Gómez, acerca de las precarias condiciones de la cárcel local.

El informe relata que la cárcel cuenta tan sólo con 21 funcionarios que cubren los tres turnos. Señalaron la falta de "implementos" para la reducción de reclusos en caso de amotinamiento. Los policías señalaron también las malas condiciones de las barracas o cuadras, 76 hombres y nueve mujeres. Policías consultados por El País indicaron que las celdas destinadas a reclusos sancionados presentan pésimas condiciones, los días de lluvia se inundan y deben retirarlos a otros recintos. También es precario el estado de los baños, condición que incide en graves problemas sanitarios.

La inquietud, relataron integrantes del sindicato policial rochense, se despertó cuando corrió "como reguero de pólvora" la noticia de que la lista de reclusos del Comcar que recibiría Rocha oscilaba entre ocho y 28 reclusos. El presidente del sindicato policial, Álvaro Sosa, llegó el jueves a esta ciudad para apoyar el pedido de intervención de la Justicia. Argumentó que esa iniciativa busca "evitar mayores riesgos" para los funcionarios.

El dirigente sindical dijo también en Rocha que la situación de las cárceles será presentada ante el Ministerio de Trabajo y que evalúan denunciarla ante la OIT.

La comisión especial que estudia los traslados se reunió el jueves en la Jefatura de Policía de Paysandú. Sus integrantes, el director nacional de Cárceles, Julián Rodríguez, el jefe del Estado Mayor Policial, Luis Ituarte, y la jefa de Policía local, María Cristina Domínguez, avanzaron en el estudio de casos de presos que podrían ser trasladados. Fuentes consultadas por El País señalaron que se llegó a una lista de 170 reclusos que llenarían los requisitos, aunque esta cifra podría subir o bajar sobre todo debido a la voluntad de los jefes departamentales de recibir a los internos en forma temporal. Los reparos opuestos por algunos jerarcas causaron malestar en el Ministerio del Interior. "Muchos de los que se niegan a recibir traslados, han enviado sin problemas a sus reclusos a las cárceles de Montevideo", confió una de las fuentes consultadas en relación al tema.

La comisión especial que analiza los traslados debe evaluar una serie de requisitos que deben reunir los internos, informaron fuentes del Ministerio del Interior. En primer término, la medida sólo alcanza a aquellos procesados por delitos no graves y que hayan tenido buena conducta durante su reclusión. Otro aspecto que debe reunir es el de contar con el debido soporte familiar, de tal manera que el interno mantenga el contacto y que sus familiares, a la vez, sirvan de apoyo. En la medida en que el traslado es voluntario, la autoridad carcelaria debe contar con el asentimiento del recluso. Otro extremo que la comisión debe evaluar es que el titular de la Jefatura de Policía a la que se lo quiere enviar lo acepte, algo que no ocurre en todos los casos. A los reclusos que vayan a cumplir con la medida de traslado se les advertirá que cualquier acto de inconducta significará su inmediato retorno al Comcar. La estadía en el interior, se prevé, no se prolongará más allá de fin de año o principios de 2008.