Mutualistas en contra de contrato con el BPS, por "ilegal" y "abusivo"

"Abusivo", "ilegal" e "inconsulto". Así califican las mutualistas al nuevo contrato que el Banco de Previsión Social pretende firmar por la cobertura médica de los 700 mil uruguayos afiliados a la ex Disse. Las instituciones quieren cambios.

Hace 15 días, el BPS le entregó a los representantes del mutualismo el proyecto del nuevo contrato para regular la cobertura médica de los 700 mil trabajadores y pasivos que aportan a la seguridad social. El BPS entiende que las instituciones mutuales deben ampliar y mejorar sus prestaciones, a cambio del dinero que reciben por este inmenso grupo de población.

Pero la cantidad y la calidad de las exigencias contenidas en el texto provocó inquietud en un amplio sector del mutualismo. Si bien el BPS abrió un período de negociación, la mayoría de las instituciones cree que el período es muy exiguo, sobre todo en virtud de los cambios planteados. El ente de la seguridad social pretende firmar el nuevo convenio el próximo 20 de julio, por lo cual el período de discusión con las empresas es de apenas un mes.

Algunas cámaras ya han elaborado documentos muy críticos. Otras han mantenido reuniones conjuntas para definir estrategias comunes, en un marco de preocupación.

Un documento del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Impasa, SMI, Universal, Cudam y Gremca) establece que se está ante un "acto administrativo que se pretende imponer unilateralmente, disfrazado bajo la forma de contrato, con el agravante de que se trata de un acto administrativo ilegítimo y viciado".

Las empresas creen que es totalmente "fantasioso" el carácter opcional del contrato, esgrimido por el BPS. "Esa posi-bilidad no existe, dado que -para instituciones cuyo porcentaje de socios ex Disse representa por lo menos el 55% de sus ingresos- no adherir implicaría desaparecer del sistema de salud", alegan. El asesor legal del Plenario, Antonio Kamaid, afirmó a El País que el Directorio del BPS incurre "en abu- sos de posición dominante" e impone "soluciones abusivas, cuando no lisa y llanamente ilegales".

El contrato que presentó el ente le da amplia facultades para inspeccionar a las mutualistas, auditar todos los procedimientos asistenciales y para exigirle nuevos servicios a las instituciones. A modo de ejemplo, las obliga a abrir policlínicas de 8 a 20 horas, a atenuar listas de espera, a tener policlínicas descentralizadas, a modernizar sus registros y también a remitirle todo tipo de información.

"INTROMISIÓN". En el documento del Plenario, se establece que estas exigencias implican un importante "aumento de los costos", sin la "contrapartida correspondiente". Estas cinco empresas entienden que perderían entre un 4% y un 6% de la recaudación de Disse.

Pero insistentemente el documento establece que hay una "confusión de roles" del BPS "pues asume funciones propias de la policía sanitaria -competencia exclusiva del MSP-". El acceso a los reclamos de los pacientes que exige el BPS, viola para las empresas, el deber de confidencialidad. "El único facultado para determinar el incumplimiento de eventuales obligaciones ante los afiliados debería ser el MSP, no BPS", apuntan las empresas, que entienden que el ente actúa como "juez y parte".

La facultad de realizar "auditorías clínicas" en los servicios es para esta cámara una "intromisión inadmisible" en el desarrollo del acto médico. "Por definición, la dirección del tratamiento corresponde al médico tratante", afirman.

Otro artículo fuertemente resistido es el que faculta al Banco a retener las cuotas de Disse si las mutualistas tienen otras "obligaciones tributarias pendientes de pago". Para la cámara esto es "absurdo", ya que no hace referencia a incumplimientos frente al BPS, sino que esto puede incluir hasta contribución o patente de rodados.

Reparos similares están siendo planteados en documentos elaborados por el Casmu y la Federación Médica del Interior. Al mismo tiempo, el viernes 6 de julio, directivos y asesores de Médica Uruguaya, Hospital Evangélico, Casmu y la Unión de la Mutualidad del Uruguay mantuvieron una reunión para acordar una contrapropuesta.

BPS: Plantea requisitos para pagar las cuotas de los 700 mil socios del régimen de Disse

El contrato presentado por el BPS plantea una larga lista de exigencias para las instituciones. El ente sólo pagará las cuotas Disse a servicios debidamente habilitados por el MSP. Las mutualistas deberán cumplir con los plazos exigidos en "consultas ambulatorias y técnicas; diagnósticos; coordinación quirúrgica; tratamientos y programas de rehabilitación". El organismo también se faculta para inspeccionar los servicios y para aplicar auditorías frente a posibles controversias vinculadas a actos médicos. Se obliga además a las empresas a verter amplia información sobre su gestión.