RENZO ROSSELLO
El presidente Néstor Kirchner quiere dejar a su esposa, como legado para la sucesión presidencial, el acuerdo con Uruguay para zanjar, de una vez por todas, el diferendo en torno a las plantas de celulosa.
El acuerdo entre Uruguay y Argentina "está muy avanzado", según el periodista argentino Joaquín Morales Solá. El gobierno argentino querría dejarlo zanjado para cuando el sillón de Casa Rosada tenga un nuevo titular desde diciembre próximo. Morales Solá -analista habitual del conflicto desde sus columnas en La Nación- dijo ayer a El País que, en efecto, sabe de la intención de la Cancillería argentina de que antes del 10 de diciembre (fecha en la que el presidente Kirchner traspasaría la banda presidencial a su sucesor) se firme el acuerdo con Uruguay.
La fórmula conocida por Morales Solá no es otra que la informada, tanto por El País como por La Nación, durante el inicio de las conversaciones en Madrid, entre el 18 y el 20 de abril pasados. La creación de una zona de protección ambiental en el entorno de la planta de Botnia, el control a cargo de una comisión mixta de monitoreo (con la eventual participación de un tercero "neutral", se manejó un organismo de Naciones Unidas, concretamente), y la construcción de una "barrera verde" para mitigar el impacto visual de la fábrica, son los términos clave de ese acuerdo.
"En este conflicto hay dos prioridades, para cada una de las partes involucradas: para el gobierno argentino las garantías medioambientales, para el gobierno uruguayo garantías en torno al corte de los puentes", señaló Morales Solá.
Estas ideas, manejadas por el analista argentino en una conversación con periodistas uruguayos, son las que dominan el actual estado del diálogo entre ambos países.
"Tengo información de que la Cancillería (argentina) quiere resolver esto antes del 10 de diciembre, como forma de dejar arreglado el problema para el gobierno siguiente", agregó Morales Solá.
Precisamente ayer tomó estado público la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones que se celebrarán el 28 de octubre próximo. La primera dama argentina cuenta con una intención de voto actual del 48%, según recientes mediciones, lo cual le daría una inmejorable plataforma de despegue electoral.
IMPEDIMENTOS. Morales Solá fue crítico también en cuanto a los errores de los gobiernos de ambas márgenes. "Yo creo que los dos gobiernos -en el caso de Uruguay, no el actual- se habían descuidado mucho en 2003 respecto de las sociedades del litoral y se tomó el problema frívolamente, por eso se llegó a esta situación", apuntó.
De todas formas, el periodista argentino consideró que se ha avanzado considerablemente en la búsqueda de soluciones. "Creo que las fórmulas de acuerdo ya están muy conversadas y, según sé, lo único que impide firmarlas ahora es la cláusula que, con toda legitimidad, pide el gobierno uruguayo respecto de los cortes", sostuvo.
La cláusula en cuestión referiría a una garantía que exige el gobierno uruguayo respecto a que no se volverá a interrumpir la circulación en rutas y puentes. "Eso en este momento Kirchner no lo puede firmar", apuntó el columnista.
LA FÓRMULA. La única que trascendió hasta el momento es la que guarda en carpeta el facilitador español Juan Antonio Yáñez Barnuevo.
En grandes líneas, la fórmula refería a la creación de una zona de "alta protección medioambiental" en áreas aledañas a la planta fraybentina; una comisión conjunta de monitoreo con el apoyo de un organismo internacional (el Programa para el Desarrollo, PNUD, de Naciones Unidas, podría ser); la promoción de inversiones, sobre todo en materia de turismo, para la zona de Gualeguaychú, y la construcción de una "barrera verde", una solución forestal en el entorno de la planta que mitigara su impacto visual, también denunciado por Argentina.
Acerca de la existencia de esta fórmula, El País dio cuenta el 20 de abril pasado, mientras tenía lugar el diálogo en dependencias de la Casa Real española. Fuentes del gobierno español lo habían confiado por entonces al matutino argentino La Nación, señalando que se trataba de una propuesta que "estaba en carpeta" y que el embajador Yáñez Barnuevo presentaría oportunamente, es decir, cuando el avance de las conversaciones hiciera posible concretar fórmulas negociadas.
Entre tanto, es posible que esta semana la Cancillería española informe acerca de la fecha y el lugar donde proseguirán las conversaciones de los grupos técnicos uruguayos y argentinos, bajo la supervisión del facilitador español.
Alberto Fernández recibe a los asambleístas el 10
El jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández, recibirá el próximo martes 10 de julio a una delegación de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Esta audiencia había sido solicitada por los activistas entrerrianos con el propósito de que el hombre de confianza del presidente Néstor Kirchner les informara sobre el estado de las conversaciones con Uruguay, en el marco de la facilitación española. La fecha se la confirmó el propio Fernández al gobernador entrerriano Jorge Busti, durante una reunión que el mandatario provincial mantuvo ayer con Kirchner en Casa Rosada. En tanto, el vicegobernador Pedro Guastavino, que también asistió al encuentro, calificó las afirmaciones del periodista Morales Solá difundidas por El Observador como "una más de las tantas operaciones de prensa como las que se han venido haciendo en los últimos tiempos". Tampoco los asambleístas dieron crédito a los dichos del conocido periodista argentino.
Medida cautelar por botnia
El gobernador Jorge Busti dijo ayer que si Botnia echa a andar su planta en octubre, pedirá una medida cautelar ante la Corte Internacional de La Haya. Cuestionando los planes de la empresa finlandesa, Busti sostuvo que "esta política de hecho consumado, sin esperar el fallo del tribunal de La Haya, provoca inquietud en la ciudad de Gualeguaychú". El mandatario entrerriano expresó además sus dudas de que el conflicto llegue a resolverse antes de que finalice el mandato de Néstor Kirchner. "No sabemos si el fallo del tribunal saldrá antes de que termine mi gestión y la de Kirchner, el 10 de diciembre. Son términos judiciales internacionales que no sabemos", dijo Busti. La Corte Internacional de Justicia comenzará a analizar de lleno las posiciones de Uruguay y Argentina en el conflicto, luego que Uruguay presente la denominada contramemoria del caso el próximo 20 de julio. Según la demanda interpuesta por Argentina, el fondo del tema es la supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay al autorizar las plantas.