Alejandro Nogueira

En poco más de un mes la mayoría de los uruguayos pondrá un ojo en su recibo de sueldo o pasividad y el otro en las cifras de recaudación de la DGI y empezarán a formarse una idea de si apoyan o no la reforma tributaria que hoy entra en vigor.

Es uno de los cambios más ambiciosos de la agenda del gobierno del Frente Amplio y si bien su éxito o fracaso no están asegurados, ha recibido y seguirá recibiendo fuego cruzado, desde la izquierda y la derecha, desde la oposición política y desde los aliados más o menos cercanos, desde las elites profesionales y de buena parte de los sindicatos, de los economistas liberales y de los desarrollistas o francamente estatistas.

La ciudadanía asistió a varios meses de mensajes contradictorios, comunicaciones oficiales exitistas, promesas espléndidas y vaticinios catastróficos. Mayoritariamente hoy la gente se siente confusa, escéptica y temerosa, como sucede ante todo cambio, pero que es algo más agudo cuando ese cambio pega en su bolsillo.

El gobierno basó su estrategia de venta de la reforma en que "pagará más el que tenga más", que esto no es un fiscalazo, que estimulará la inversión privada -y por ende el empleo-, que bajarán los precios por la reducción de impuestos al consumo y que los recursos se aplicarán a un mejor Estado y a mejores servicios de salud, educación y seguridad. Ninguno de estos asertos ha sido probado todavía y los detractores del cambio intentan acumular evidencias en contrario.

Lo que nadie duda es que los efectos de la reforma beneficiarán o perjudicarán electoralmente al Frente Amplio y en especial al ministro de Economía, Danilo Astori, su artífice y cruzado. Sólo que, los aciertos o falencias del nuevo sistema tributario no necesariamente brillarán con luz propia y otros temas se confundirán con la cuestión fiscal a la hora del balance de la gente. Es esa percepción, alimentada de desde muy diversos ángulos, la que puede arriesgar la mayoría absoluta de electorado del FA que, al parecer, la coalición de izquierdas aún mantiene.

Riesgo electoral. Analista políticos de variada extracción coinciden en apreciar los riesgos políticos y electorales del trance. Para César Aguiar, director de Equipos Mori, hay que esperar de seis meses a un año para evaluar el efecto de la reforma y sus resultados. A su juicio, más que la reforma, lo que incidirá en el estado de ánimo popular es la marcha de la economía y de la inflación. "Si la economía se enlentece y la inflación sigue subiendo, buena parte del público le va a echar la culpa a la reforma", apuntó.

Oscar Botinelli, director de la consultora Factum, el riesgo "cómo la población sienta la reforma". "Tenemos la percepción, por los datos de nuestras encuestas, que ya la reforma tributaria está afectando la imagen del gobierno. Hay un malestar bastante generalizado con este cambio y este es el primer escollo importante que puede afectar al gobierno en la segunda mitad de su mandato en términos electorales y es el primer escollo importante", dijo.

A su juicio este cambio no generara "ganadores" en el gobierno que, "en el mejor de los casos, logrará empatar". "No va a haber una gran opinión pública diciendo "¡qué bien la reforma tributaria!", vaticinó.

Para Romeo Pérez, politólogo del Claeh, "el gobierno se juega una alternativa muy relevante: el éxito le ganaría respaldo de opinión y electoral, pero el fracaso lo cargaría con insatisfacción, protesta y voto castigo", señaló.

La politóloga Rosario Queirolo, docente de Ciencas Políticas de la Universidad de Montevideo, sostuvo que el gobierno se juega "mucho" en este cambio y su éxito o fracaso "será uno de los elementos que los uruguayos evaluarán a la hora de votar en 2009".

Hay visiones más optimistas, pero que no descartan los riesgos políticos. El politólogo Adolfo Garcé, de la consultora Radar y docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales, la fundamentación de la reforma es, exactamente la que proclama el gobierno. "Es una buena reforma, que ha sido cuidadosamente elaborada y que va a funcionar aceptablemente bien", arriesga. Confía en que supone un mecanismo de redistribución del ingreso por lo que "a mediano plazo, debería aumentar el voto por el FA entre los sectores más pobres", aunque caiga el apoyo "entre los sectores de funcionarios y profesionales afectados por la reforma". Admite que el gobierno asume "un riesgo considerable en el plano fiscal, si recauda menos de lo previsto, y uno todavía mayor en el plano político, al afectar los intereses de una parte de sus propios electores".

"El fracaso de la reforma reduciría la probabilidad de la reelección del FA en el 2009", concluye Garcé.

Para Constanza Moreira, doctorada en Ciencia Política, y directora del Instituto de Ciencia Política, la reforma se inscribe en la política redistributiva del gobierno pero señala que el énfasis en la comunicación gubernamental sobre la baja de tarifas y del IVA y Cofis en los productos y servicios "no parecen compensar los costos percibidos de la reforma". "Sin una rebaja sustancial del IVA, el IRPF sólo puede leerse como un impuesto más", razonó.

Otra falla que nota la politóloga es que "no hay ganadores claros" del cambio que sí tiene "perdedores netos" lo que se agudiza en un contexto de bajos ingresos y falta de empleo.

Por ello cree que la reforma no recibirá "apoyos desde abajo" y enfrentará "resistencias desde arriba".

El precio de Astori. Para Pérez, si todo sale mal, "la mayor parte del equipo de gobierno y sus apoyos sectoriales se volverán contra Astori" y el cambio "pasará a ser `su` reforma". Adicionalmente, el resto del gobierno "se esforzará para que todos los daños políticos se concentren en el ministro".

Garcé sigue similar línea de razonamiento. "Astori toma un riesgo importante", estimó "Si la reforma funciona bien, el principal beneficiado será el FA. Pero si sale mal, la principal responsabilidad recaerá sobre el ministro de Economía. Y el hecho de ser un ministro exitoso no lo convierte automáticamente en el sucesor de Tabaré Vázquez", apuntó.

Para Queirolo, en cambio, la reforma no es vista por la opinión pública como "la reforma de Astori", sino como "la reforma del gobierno" y en su opinión es toda la administración la que está en juego.

Aguiar no duda que el fracaso de la reforma tendrá "un efecto directo sobre Astori, que es el portavoz, ideólogo y protagonista de la reforma".

Las clases medias, un factor relevante

Las clases medias, entendidas por los que reciben ingresos sobre $ 25.000 "expresarán su protesta, mediante opiniones y comportamientos electorales", estimó Romeo Pérez. "Y jugarán en la opinión pública" estimó.

Para Rosario Queirolo "si los números del gobierno están bien, los que van a pagar más son sólo el 20% de la población que trataría de convencer al restante 80%. Y ¿de qué los trataría de convencerlos? ¿De lo injusto que es que el 20% pague más mientras el 80% paga menos?", inquirió. "Difícilmente el 80% se deje convencer de eso", concluye.

Adolfo Garcé estima que las llamadas clases medias "tienen mayor poder de formación de opinión que la "mayoría silenciosa", que es la que se beneficiará por la reforma. "Y esa mayoría silenciosa vota", rubrica.

Para Aguiar "en este problema va a ser muy importante" este sector social que en buena parte es frentista. "El gobierno cree que van a aceptarlo. Yo creo que hay que verlo", estimó.

La comunicación tuvo varias fallas

En general, los politólogos han visto fallas en la comunicación de la reforma. Rosario Queirolo señala "lo que más molesta a la gente es no saber a dónde va el dinero". Por ello "el gobierno tiene que rendir cuenta a los ciudadanos". Estima que el estado de ánimo predominante "es de incertidumbre". "La gente está esperando; algunos esperan enojados, otros ilusionados y otros le están dando una oportunidad al gobierno para luego decidir si se enojan o se alegran", señaló.

A Constanza Moreira no le convence la comunicación realizada. "Es más campaña a favor de la reforma que información". El gobierno "no ha contestado la pregunta principal de la gente: ¿cuánto me va a costar".

Para Oscar Botinelli la comunicación de la reforma "no fue buena" y "sirvió más para los militantes" que a la gente. "No hubo una comunicación en la que realmente se transmitiera la justicia del cambio", estimó. "La batalla se libra en el escalón votante, no el militante", señaló.