Una versión del caso que no satisface a la Justicia

SAN JOSE JOSE LUIS ALVAREZ

"¿Qué me quedaba por hacer, si me secuestraron a mi hijo de cinco años por varias horas? Sólo les pido a ustedes, los de la prensa, que protejan a mi hijo."

Estas palabras fueron pronunciadas anoche, a la hora 21.30, siete horas y media después de haber ingresado al Juzgado Penal de San José, por la abogada de iniciales G. P. J. de 35 años, quien un día antes ingresó un arma al Penal de Libertad.

Esto fue admitido por la profesional y también declaró que la entregó al recluso Gerardo Pérez, un delincuente que integró la tristemente célebre "superbanda", y cuyo prontuario incluye una fuga desde la cárcel de Paysandú.

La versión del secuestro del niño parece ajustarse a la declaración de la abogada Magdalena Reyes, defensora del recluso Pérez, quien aseguró que la profesional detenida llegó al penal en un remise donde estaba su hijo de cinco años y que luego de quedar detenida el niño fue devuelto a su casa en Juan Lacaze, Colonia.

Sin embargo, la jueza Adriana de los Santos hoy volverá a interrogar a las mismas personas que declararon ayer y no libró ninguna orden de captura, lo que debe entenderse como que su investigación no se centra en la versión que dan las abogadas.

Más allá del resultado judicial de hoy, la Justicia seguirá investigando a la abogada y a otros reclusos sobre el episodio en que Luis Alberto Suárez, "El Betito", y su hermano Pablo, entregaron dos armas al senador Víctor Vaillant en el Penal de Libertad culpando a un policía de su ingreso.

No se descarta que la trama deje al descubierto maniobras de ingresos de armas a los penales y que esta abogada detenida tenga participación en esos hechos.

Un punto que une a Pérez con "El Betito" es que ambos participaron en una de las recordadas "superbandas".

Por su parte, la abogada de Pérez asegura que el recluso ya tenía el arma en su poder y que en su encuentro con la profesional detenida, hasta ese momento desconocida para él, no había recibido ningún revólver.

A modo de explicación, dijo que no fue revisada al ingresar a la visita, lo que podría haber descubierto el arma y que la misma le fue hallada cuando se retiraba tras encontrarse con la profesional coloniense.

Fuentes de la Dirección de Cárceles descartaron esta versión indicando que la revisión es norma antes y después, y agregaron: "¿para qué iba a ver a una abogada armado?".

¿amenazas? A media tarde, la investigación tuvo un impasse, ya que la jueza comprobó que aún no había concurrido el policía que incautó el arma, testigo fundamental en el hecho.

Éste llegó a última hora del día, junto al jefe de Reclusión del Penal de Libertad.

Como si el caso no tuviera ya su complejidad y versiones encontradas, la abogada Reyes aportó un nuevo elemento indicando que en la ruta 3 antes de llegar a la ciudad de San José, al sobrepasar con su auto la camioneta policial que transportaba a su defendido, fue amenazada con gestos de violencia por los policías que conducían al recluso. Sin embargo hasta el momento no hay denuncias sobre el hecho.

Un perfil. La abogada G.P. J. es oriunda de Colonia y vive en Juan Lacaze. Es viuda y madre de dos hijos. Vive en la calle Dionisio Acosta en el barrio Charrúa con su madre.

En la zona hasta hace un tiempo no era un abogada que sobresaliera y llevaba casos de medio ambiente y otros de menor importancia. Es considerada una mujer de vida normal y trabajadora.

Sin embargo, luego de defender a un delincuente de nombre Diego Vidarra, comenzó a tener más defendidos en los penales, incluyendo a los conocidos "El Betito" y "El Carliño". Al momento hay cinco presos en el Penal de Libertad que son sus clientes.

Si fuera procesada, la ley 15.750 prevé una inhabilitación máxima para ejercer la abogacía de un año, aplicada por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, mientras esté cumpliendo la pena no puede ejercer y por otra parte el juez puede agregar en el auto de procesamiento un tiempo más largo de inhabilitación para ejercer la profesión.

Hoy sobre el mediodía la jueza deberá expedirse sobre su situación.

Sospechas

Quienes en el Frente Amplio no avalan la reacción que tuvo la ministra Tourné con el senador Vaillant, se manejó la posibilidad que la situación de la abogada que entregó un arma a otro recluso "haya sido montada" para "desacreditar" al legislador del Espacio 609 y reforzar la figura de la titular de Interior.

Chifflet

La organización que nuclea a los familiares de los presos hicieron conocer ayer una carta en la que respaldan a Vaillant y lo comparan con el ex diputado socialista Guillermo Chifflet, quien a su entender "defendió los derechos humanos y renunció bajo sus convicciones".

Una cámara para captar los supuestos castigos a los presos, la vuelta al régimen anterior de visitas, la suspensión de las "palizas" y la libertad para los presos con dos tercios de la pena cumplida, fueron algunos de los planteos que un grupo de familiares de detenidos en Comcar presentó ayer al comisionado parlamentario Alvaro Garcé, en una improvisada charla en la explanada frente al Palacio Legislativo.

"¡Entramos todos o ninguno!", le gritaron varias veces a Garcé cuando éste propuso que eligieran a un grupo de delegados para conversar en su despacho.

Los reclamos planteados desordenadamente y a voz en cuello por los familiares fueron acompañados por una carta firmada por los internos del módulo IV de Comcar, denunciando situaciones irregulares y pidiendo que se informara a la Suprema Corte de Justicia.

Los familiares -en su inmensa mayoría mujeres y niños- se agruparon frente al edificio anexo del Poder Legislativo poco después del mediodía, y comenzaron a batir palmas y a reclamar con cantos la presencia de algún legislador. Tras largo rato, se presentó la diputada Daniela Paysee (Asamblea Uruguay), de la comisión de Derechos Humanos de Diputados. Habló con ellos, trató de calmarlos y pedirles que se organizaran para presentar los reclamos.

"Gracias, solo una mujer salió a dar la cara", le dijo uno de los familiares, antes de que Garcé apareciera en escena.