ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Los hermanos José y Jorge Peirano pueden esquivar la extradición a Paraguay, según sus abogados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes denunciaron "intromisión" del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales.

Los representantes legales ante dicho organismo regional de los Peirano Basso, los argentinos Carlos Varela y Carlos De Casas, entienden que tras el pronunciamiento de la jueza Graciela Gatti, que determinó la excarcelación de los tres hermanos, "nada obsta que la Suprema Corte de Justicia revea su postura" y declare nula la extradición ya autorizada de José Peirano a Paraguay.

"Cuando (la SCJ) se expidió no existía (el informe de la CIDH)", dijo Varela al hacer mención al escrito que señala que los ex banqueros deben ser puestos en libertad por haber excedido su tiempo en prisión sin haber sido procesados, y exige al Estado uruguayo que revea su sistema procesal haciéndolo más ágil.

"No es la primera ni la última vez, ya ha ocurrido en muchos lugares. El tema era acomodar la legislación como Estado para amoldarse a estos parámetros", continuó el abogado.

Bajo esta misma hipótesis, Jorge Peirano podría correr la misma suerte que su hermano José y permanecer en Uruguay, pues, según los abogados, la Suprema Corte de Justicia podría negar la extradición amparándose en el fallo de la CIDH.

Dante Peirano es el único de los tres hermanos que no corre riesgo de ser extraditado.

"José tiene que haber terminado el proceso local. Con la sentencia firme, cumplida la pena, el Estado está en condiciones de entregarle el sujeto que han pedido. Para ese momento falta mucho, porque para que se dicte sentencia y para que quede firme faltan dos años. Es un sin sentido", manifestó De Casas.

"La CIDH tiene perfectamente claro los procesos de extradición y entendemos que no hay una libertad sujeta a ninguna condición, y ese debe ser el entendimiento del Estado de Uruguay. Por lo tanto, cualquier obstáculo respecto a esta situación que impida la libertad, para nosotros significa un incumplimiento al informe y, obviamente, eso implicará nuestra presión jurídica para que el Estado llegue a la Corte Interamericana y sea sancionado", dijo Varela.

INTROMISIÓN. Los abogados de los tres ex banqueros ante la CIDH fueron muy críticos hacia la "intromisión" del Poder Ejecutivo en temas que, dicen, competen exclusivamente al Poder Judicial.

"Para nosotros hubo peso de un poder sobre otro, de forma absoluta", sostuvo Varela, quien dijo que hubo "una esperanza con el cambio de gobierno" en que la situación se revirtiera.

"Nunca nos imaginamos que Tabaré Vázquez iba a prácticamente condenarlos públicamente. Que Tabaré Vázquez iba a ser caso omiso de las exhibiciones públicas de estas personas con el uniforme naranja, como si fueran presos de (la cárcel norteamericana en) Guantánamo, y que Tabaré Vázquez se entrometiera indebidamente en una ley de descongestionamiento de las cáceles y personas absolutamente respetables para nosotros, como (el ministro de Ganadería, José) Mujica menosprecie el derecho de quien es su adversario", señaló.

"En este caso, la izquierda en Uruguay se comportó como la derecha", sentenció Varela.

COMISIÓN. Los dos representantes legales argentinos de los ex banqueros señalaron que esperarán que Uruguay dé cumplimiento a las reformas del Código del Proceso Penal en los dos meses dispuestos por la CIDH y que sus defendidos sean puestos en libertad.

"La Comisión evaluará si hubo o no cumplimiento y se procederá a analizar si el caso va con destino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explicó Varela, quien adelantó que la CIDH se reunirá a mediados de julio, o sea, antes de que caduque el plazo para cumplir las exigencias.

Para uno de los abogados locales de los hermanos Peirano, Diego Camaño, el Poder Legislativo debe acelerar el cambio en el sistema procesal y pidió "tomar conciencia" de que es "inconstitucional y contrario a normas internacionales".

La fiscal Dora Domenech decidió ayer no apelar la resolución de Gatti que otorgó la libertad a los Peierano.

Cambios y libertad son de "buena fe"

Los representantes legales de los hermanos Peirano ante la CIDH estiman que la libertad de sus defendidos y los cambios en la legislación uruguaya para "estandarizar" los procesos penales uruguayos a los requeridos por la OEA, son una cuestión de "buena fe". "Cuando un país se compromete debería cumplirlo. Uruguay reconoció la jurisdicción (de la CIDH) y por lo tanto debe cumplirlo. La Comisión de la OEA dio un plazo", señaló Varela.

"Siempre, cuando hay temas judiciales, se crea el problema de la autonomía de los Poderes. En diversos Estados, las soluciones las han dado los Poderes Ejecutivos, en otros las legislaturas y en otros los Poderes Judiciales. Acá vamos a ver cómo se enfrenta esta situación novedosa porque Uruguay tiene una oportunidad muy buena para mejorar el sistema procesar, adecuarlo, modificarlo", sostuvo.