Fin de la inocencia Kirchnerista

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Buenos Aires La Nación/GDA, AFP y EFE

El "caso Skanska", el escándalo que el presidente Néstor Kirchner calificó como "un acto de corrupción entre privados" ya le costó el cargo a dos funcionarios del gobierno argentino, a cinco meses de las elecciones presidenciales.

A principios de mes, en entrevista con La Nación, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que si había algún funcionario gubernamental implicado en el caso Skanska, sería cesado en su cargo sin esperar la condena de la Justicia. A su lado, respaldando sus dichos, estaba el titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro. A última hora del miércoles, el propio Madaro y Néstor Ulloa, gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación, eran echados por decreto del presidente Kirchner.

En declaraciones a una radio porteña, el propio Fernández fue ayer sincero y explícito: "Una lectura objetiva es que el gobierno perdió el invicto en materia de corrupción". La actual administración, iniciada en 2003 y con todas las encuestas vaticinando su continuación en las elecciones del 28 de octubre, quiso hacer de la transparencia un baluarte de la gestión. Pero Madaro y Ulloa se convirtieron en los primeros cesados por sospechas de corrupción de la llamada "era K".

La investigación en torno a Skanska, una empresa sueca, fue iniciada en diciembre de 2005 por un juez del fuero económico a raíz de sospechas de fraude fiscal a través del uso de facturas falsas emitidas por empresas fantasmas, por un valor de 5,4 millones de dólares.

Skanska quedó involucrada al utilizar esas facturas. Más tarde, directivos de esa empresa reconocieron el pago de "comisiones indebidas" para adjudicarse obras de construcción y ampliación de gasoductos. La firma sueca no dijo a dónde fueron a parar esos pagos, estimados entre 4,3 y 5,4 millones de dólares. Esto motivó la apertura de una causa federal a cargo del magistrado Guillermo Montenegro.

Fue Montenegro quien, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, pidió las indagatorias para Madaro y Ulloa, que precipitaron su cese. Esto ocurrió luego que se analizara unas declaraciones grabadas de un ex gerente de Skanska, que decía que los sobornos a funcionarios gubernamentales habían rondado el 5% de esas comisiones: el tres por ciento fueron para Enargas y el otro dos por ciento para Nación Fideicomisos.

Los titulares de esos departamentos, Ulloa y Madaro, tenían responsabilidad en el financiamiento de esas obras y en el control de la adjudicación de éstas, respectivamente.

Ni bien Montenegro pidió las indagatorias, el fiscal Stornelli se comunicaba con el ministro del Interior y habitual portavoz de Kirchner, Aníbal Fernández, para comunicarle la novedad. Este procedimiento, así como el decreto que se emitió para justificarlo, son hoy otro motivo de polémica (ver nota aparte). En cuestión de horas, rodaban las cabezas de Madaro y Ulloa.

"Hicimos lo que dijimos que haríamos", dijo ayer el jefe de Gabinete Fernández, "nosotros nunca nos hemos involucrado con ningún caso de corrupción, y (el presidente) Kirchner tiene las manos limpias", agregó. Dijo que la decisión pretende dejar el camino libre a la Justicia.

AÑO ELECTORAL. La popularidad de Kirchner sigue siendo muy alta. Un estudio de Poliarquía, del 24 de abril (un día antes que el presidente dijera que el gobierno no tenía "nada que ver" en el caso Skanska), situaba su aprobación en un 57%. Hasta ahora, si se confirma a la primera dama, Cristina Fernández, como candidata presidencial oficialista, las encuestas le vaticinan un fácil triunfo. Si el postulante fuera el propio Kirchner a la reelección, la victoria sería aún más sencilla.

Pero este año electoral le está resultando en extremo duro al presidente. A la situación de violencia en las provincias (como en "su" Santa Cruz) ahora se le suman las impredecibles derivaciones del caso Skanska. Y la oposición está agarrándose de todo ello.

Dirigentes políticos opositores coincidieron que el "corte por lo sano" que sufrieron Ulloa y Madaro significa que hay corrupción en el gobierno. Exigieron ir más allá: que se investigue a Julio de Vido, ministro de Planificación, superior jerárquico de los funcionarios cesados y uno de los hombres de más confianza del presidente.

De Vido fue el que impulsó el concurso para extender el alcance del Gasoducto del Norte, cuya concesión obtuvo Skanska, y su nombre figura en los expedientes al ser mencionado por uno de los detenidos, pese a que luego se retractó.

Desde el gobierno ya cerraron filas en torno a De Vido. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo calificó de funcionario de "primer nivel" y que no está "en ninguna situación particular" por este asunto.

Kirchner: "Se trata de una corrupción entre privados, el Estado no tiene que ver" (25/4/07)

El escándalo "IBM-Banco Nación" comenzó a gestarse en 1994, en los años en que el presidente argentino de entonces, Carlos Menem, gozaba de más popularidad. Fue el escándalo de corrupción más notorio de su gestión. La actitud de Menem en esos casos era mantener a sus funcionarios sospechados hasta que la Justicia demostrara su culpabilidad. Trece años después, otro escándalo salpica a otro gobierno argentino; paradójicamente, a uno que hace todos los esfuerzos por alejarse del menemismo. En las últimas semanas, Kirchner aseguraba en su círculo que despediría a "todo funcionario que haya actuado mal" sin esperar el fallo judicial.