Arismendi y Lorier a la Justicia por fuga de menores de 2005

Alejandro Rodríguez

La ministra Marina Arismendi y el senador comunista Eduardo Lorier serán investigados a partir de hoy por la Justicia Penal por supuestos delitos cometidos durante su intervención en el motín de la Colonia Berro del 14 y 15 de junio de 2005.

La conducta de la titular de Desarrollo Social y del legislador podrían configurar los delitos de usurpación y abuso de funciones, además del delito de concurso de los funcionarios públicos en la evasión de un recluso. El expediente del caso será presentado hoy a la hora 14 en la sede judicial de Pando por una delegación de diputados del Partido Nacional, quienes cuestionaron la actuación de ambos jerarcas, que culminó con la fuga de varios menores de esa dependencia del INAU.

El documento cuenta con la firma de casi toda la bancada de diputados blancos, que fracasó en imputar responsabilidades en la comisión investigadora que analizó el tema desde 2006 hasta comienzos de 2007, debido a las mayorías parlamentarias del Frente Amplio.

El sonado motín comenzó en el Hogar Ser el 14 de junio de 2005 a la hora 20.30, cuando los internados tomaron el control del centro y retuvieron a seis funcionarios como rehenes. Algunos de los menores se dedicaron a romper el centro y dejarlo obsoleto para albergar reclusos.

Cuando se sintieron rodeados por la Policía y las negociaciones no daban frutos, se hicieron presentes Arismendi, Lorier y la subsecretaria Ana Olivera, todos integrantes del Partido Comunista.

El planteo de un traslado a otro local del INAU de la avenida General Flores interesó a los amotinados, que acordaron con Arismendi la liberación del resto de los rehenes. Armados con cuchillos y cortes, se quedaron con uno para que manejara una camioneta. El funcionario se negó y el senador Lorier se ofreció y transportó en ese vehículo a 16 jóvenes.

En una parte del trayecto, le colocan un cuchillo en la garganta en señal de que debía detener el vehículo. Seis de los internos se fugaron. El grupo GEO detuvo la marcha del vehículo y redujo a los menores. Otros tantos fueron apresados momentos después.

"DESPLAZAMIENTO". El escrito señala que "en pleno desarrollo del motín, la ministra y el senador irrumpieron en escena asumiendo un indebido protagonismo y sustituyendo y desplazando a las autoridades que legítimamente debían conducir e intervenir en las operaciones", que son, sostienen, los directores del INAU y la Policía.

Se incluyen testimonios recabados en la comisión investigadora, como las del presidente del INAU, Víctor Giorgi: "el senador estaba dentro de una camioneta con siete u ocho muchachos armados y dos rehenes; yo le dije que no lo hiciera, pero más no podíamos hacer"

El testimonio del ex director del Programa del Centro de Adolescentes con Privación de Libertad, Jorge Spaolonzi, también está incluido en el documento, quien afirmó que al arribar Arismendi "era la que mandaba".

Los denunciantes concluyen que los jerarcas introdujeron "limitaciones" a la Policía, que la ministra y el senador "no estaban habilitados" para intervenir y que "sustituyeron con su actuación a las autoridades que por mandato legal eran las naturalmente competentes".

Acusación: delitos de abuso y usurpación de funciones; y concurso en evasión de recluso

El diputado herrerista Pablo Abdala fue quien redactó el texto de la denuncia, en consulta con los otros diputados blancos que participaron de la comisión investigadora. El legislador dijo a El País que "la conducta de Arismendi y de Lorier fue notoriamente antijurídica" y que "es claro que hubo una sustitución de funciones a las autoridades del INAU y la Policía, que debían intervenir, pero que fueron desplazados".

"Invertimos un año en este tema y con estos hechos y estas conclusiones, la Cámara debería haber elevado los antecedentes del caso a la Justicia, pero no lo hizo por las mayorías del Frente Amplio", dijo Abdala, quien sostuvo que "estos mismos hechos son los causantes del deterioro institucional del INAU" y del "fracaso de este directorio". El diputado señaló que si la Justicia así lo resuelve, podría solicitarle al Senado el desafuero de Lorier, pero que el parlamentario comunista podría hacer sus descargos con una carta escrita dirigida al magistrado actuante.