Alejandro Rodríguez

Mientras la oposición incrementa su ofensiva contra el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las jubilaciones, y aumentan los interesados en impugnar el tributo, el gobierno mostró confianza en su propuesta y en un fallo favorable.

La Mesa Ejecutiva de la Lista 15, del Partido Colorado, presentó públicamente ayer el cronograma de trabajo de su campaña para derogar el IRPF. Se trata de una gira varios departamentos del interior, a fin de promover su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La intención del sector coincide con la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que exhortó a los pasivos a recorrer los caminos constitucionales para derogar "rápidamente" el IRPF.

El diputado José Amorín, el senador Isaac Alfie y el ex ministro de Ganadería, Martín Aguirrezabala, explicaron que "no es cierto" como dice el gobierno que el que tiene más paga más y que el que tiene menos paga menos. Para ellos, "el peso del nuevo sistema tributario recae en quienes tienen ingresos medios".

Los dirigentes quincistas criticaron que algunos depósitos bancarios paguen impuestos a sus intereses porque, argumentan, estimulan el egreso de capitales al exterior. Además, señalaron que el sector agropecuario "va a ser castigado" porque no se habilitan suficientes deducciones al pago de los impuestos rurales.

Por otra parte, fustigaron que el gobierno haya lanzado una campaña publica explicando la filosofía y los alcances del nuevo esquema fiscal bajo el eslogan "Uruguay avanza". Según explicó Amorín, la agrupación "tiene la obligación política y moral" de presentar ante la ciudadanía un eslogan alternativo, el que utilizarán en sus recorridas por el interior: "Los uruguayos retroceden. No al impuestazo".

La campaña de la Lista 15 se suma a la que lanzó el Herrerismo a través del Instituto Carlos Abdala, que dirige el diputado Pablo Abdala.

RECURSOS. La cantidad de personas dispuestas a recurrir el IRPF a las jubilaciones y pasividades aumenta conforme pasa el tiempo y los partidos tradicionales lanzan sus campañas de derogación.

Abdala recibió más de 300 adhesiones a su propuesta y se espera que patrocine a un total de 500.

La SCJ recibió ayer un nuevo recurso de inconstitucionalidad, que se suma a los tres radicados hasta el momento: uno iniciado por el abogado y ex vicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre en representación de 57 afiliados a la Caja Militar, otro por el abogado Juan Carlos Benítez, y el tercero por la ex fiscal Célida Basso.

El escrito presentado ayer es respaldado por la firma de 1.208 retirados militares y familiares, patrocinados por Aguirre. Este abogado promocionó el jueves un recurso de otros 174 civiles.

CONFIANZA OFICIAL. Las autoridades del Ministerio de Economía iniciaron una fuerte defensa del IRPF a los pasivos y una ofensiva contra los promotores de su derogación. Además, expresaron confianza en que los fallos de la SCJ no sean adversos.

El subsecretario Mario Bergara desestimó ayer en el programa La Noticia y su Contexto de Televisión Nacional los argumentos utilizados por quienes buscan la caída del tributo. Dijo que por "su esencia", el IRPF toma en cuenta todos los ingresos de las personas, y que las pasividades y jubilaciones se toman como tales. Eso, acotó, contribuye a buscar una "equidad tributaria".

Según consideró, renta e ingresos son utilizados como sinónimos, por lo que aquellos que dicen que no puede gravarse las jubilaciones porque no son una renta "se equivocan".

Indicó que no se trata de una inconstitucionalidad porque "la Constitución delega en la ley la base imponible, o sea todo a lo que se le puede cobrar impuestos". "La ley tiene la posibilidad de definir bases imponibles sin violentar la Constitución", agregó.

Bergara recordó que el IRPF establecido al principio de la década del 60 por el gobernante Partido Nacional gravó jubilaciones, pensiones, retiros y pensiones alimenticias. Además, indicó que en casi todos los países donde se tributa el IRPF se gravan las jubilaciones.

Por otra parte, el jerarca enumeró los distintos guarismos de los impuestos a las jubilaciones que rigen desde 1982, cuando se aprobó el todavía vigente Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). En 2002, bajo plena crisis financiera, el gravamen a las pasividades escaló hasta el 18% del monto neto.

Bergara insistió en que las jubilaciones menores a $ 9.816 no tributarán IRPF y que hasta los $ 12.500 tributarán menos que con el IRP.

Desde ese momento hasta la actualidad hubo intentos de recurrir los gravámenes ante la SCJ, pero nunca tuvieron resultados. En base a esto, Bergara afirmó que el gobierno "está convencido de que no hay mérito jurídico" para los denunciantes. De todos modos, sostuvo que "si el fallo es en contra se va a respetar la decisión".

27% cree que trae perjuicios

Una encuesta divulgada ayer por la consultora Factum reveló que el 27% de los uruguayos cree que el nuevo sistema impositivo que comenzará a regir a partir del 1° de julio lo va a perjudicar.

En tanto, el 19% considera que los beneficiará; un 17% estima que la reforma ni los beneficiará ni los perjudicará y un 37% manifestó que no sabe qué ocurrirá cuando se aplique el nuevo esquema fiscal. El director de la consultora, Oscar Bottinelli, dijo que la reacción de cada persona se percibirá en el primer trimestre de 2008.

Mirando la constitución

El principal fundamento manejado por quienes recurrirán la ley es que la misma viola el artículo 67 de la Constitución, relativo a los ajustes de las pasividades. La norma establece que "los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central".

Algunos de los interesados en impugnar el IRPF a las pasividades se amparan en el artículo 72 de la Constitución, que consagra "la protección de los derechos y garantías que son inherentes a la personalidad humana". Entre esos derechos, dicen, se encuentra el cobro de una jubilación.

También se amparan en artículo 8, que establece que "todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes".

CCZ asesorarán desde 23 de mayo

A partir del 23 de mayo, un grupo de funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) informará a la población capitalina sobre los efectos y los alcances de la reforma tributaria en 17 de los 18 Centros Comunales Zonales (CCZ), dijo a El País el director de Descentralización del municipio, Walter Cortazzo.

Según el jerarca, los CCZ que recibirán un refuerzo de personal de la DGI son los ubicados en Pocitos, Malvín, Carrasco, Goes y Cerro, donde se estima que habrá mayores consultas. Tendrán hasta cuatro puestos de ese organismo recaudador.

Otros CCZ que atienden una menor población contarán con dos o tres trabajadores de la DGI para asesorar a la población.

"Cada puesto de la DGI tendrá una computadora y un funcionario" que operará en red con la sede central del organismo, dijo el jerarca municipal.

El convenio entre DGI y el municipio fue firmado el 20 de setiembre del año pasado.

Conozca los tres decretos reglamentarios aprobados el 27 de abril.