N. ROBA I A. RODRIGUEZ

Los primeros ex jerarcas del anterior gobierno fueron procesados ayer. Los ex directores de OSE, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, fueron a prisión mientras se aguarda una definición del Parlamento sobre los legisladores Juan Justo Amaro y Alberto Casas.

El juez Carlos García les tipificó el tan cuestionado delito de abuso de funciones en reiteración real, pero también los procesó como coautores de un delito continuado de fraude. El magistrado dispuso que cumplan prisión debido a que probablemente recaerá pena de penitenciaría y a la grave alarma pública generada por sus condiciones de jerarcas de una empresa pública.

Básicamente el auto de procesamiento, al que accedió El País, los acusa de haber hecho un uso indebido de sus cargos en la gestión pública, para beneficiarse o beneficiar a personas relacionadas directamente a ellos.

Junto a los ex directores, fueron procesados sin prisión dos ex gerentes y 11 funcionarios. A todos ellos, el juez les impuso medidas sustitutivas a la prisión: en cuatro casos prisión domiciliaria durante tres meses y en seis la obligación de presentarse en la seccional policial más cercana a su domicilio y permanecer allí durante dos horas los lunes, miércoles y viernes, durante 90 días. Otros dos debieron afianzar su libertad mediante caución juratoria y obligación de presentarse ante la autoridad policial.

El auto de procesamiento será apelado seguramente por los defensores, según adelantó ayer el ex diputado colorado Edison Rijo, quien defiende a Granucci junto a Carlos Curbelo Tammaro.

En el auto del procesamiento que dictó ayer, el juez García responsabilizó a los ex directores de cinco grandes acciones por medio de las cuales cometieron los delitos. Entre esas acciones, que fueron mencionadas por el fiscal Eduardo Fernández Dovat al pedir el procesamiento de los ex jerarcas y de los ex funcionarios, figuran el cobro de viáticos, la construcción de un monumento y de una cancha de fútbol por amiguismo, la contratación ilegal de publicidad oficial, el uso indebido de locomoción, así como la utilización de un fondo especial para hacer obras en clubes y establecimientos de localidades del interior de donde eran oriundos los ex directores.

Si bien el juez no mencionó para nada a los legisladores Amaro y Casas, ambos quedan comprendidos en la mayoría de los hechos descritos sobre los ex directores procesados.

impunidad. El juez tuvo en cuenta además que estas conductas se produjeron "en momento en que el país se hallaba inmerso y sufriendo la peor crisis económica de su historia". Agregó que este tipo de delitos "no pueden quedar impunes, se debe desterrar de raíz la esperanza de la impunidad".

Además hizo suyos conceptos del profesor de Derecho Penal, Pedro Montano, quien en relación a delitos de corrupción sostuvo que "quien debe velar por los intereses públicos (...) y se desentiende de ellos de manera irresponsable", viola la confianza depositada por la sociedad, "lo que merece un castigo mayor" si se hace en provecho propio o de un tercero.

El juez señaló que diez funcionarios asignados a las secretarías de los ex directores cobraron durante todo el período viáticos de entre $ 7.200 y hasta $ 14.000 mensuales, por conceptos vagos como "giras al interior" o "coordinación de comisiones barriales", que nunca se documentaban, ni registraban asistencia a la sede de Montevideo ni al lugar de destino. Tampoco acreditaban gastos mediante comprobantes.

García sostuvo que "no se entiende el porqué un ente monopólico estatal en medio de una debacle económico, debe utilizar sus escasos recursos en publicitarse, cuando resulta razonablemente lógico que ese mismo dinero invertido en obras, redundaría en una ampliación y mejora en la calidad del servicio que se brinda".

Los departamentos de Montevideo, Florida, San José y Durazno figuran entre los más favorecidos a la hora de otorgar publicidad "coincidentemente con los lugares de origen de los directores de turno", concluyó. A la misma conclusión llegó con respecto a la construcción del monumento al caballo en Florida. Si bien luce en un monolito el nombre de Rodríguez Landoni como patrocinador de la obra, García sostuvo que "como integrantes del Directorio y por la magnitud y el tiempo de las obras, en modo alguno (a los otros) pudieron haberle pasado desapercibidas y en tal situación nada hicieron para impedirlas y/o regularizarlas".

En materia de locomoción, afirmó que se recurrió a la contratación directa, lo que llevó a gastar en un mes $500.000 cuando el máximo de compra directa era de $142.000. Se llevaba el 70% de los vehículos al mismo taller donde se gastaron entre 2003 y 2005 $36 millones. A Granucci le adjudicó el gasto "descomunal" en combustible y pago excesivo a fleteros.

Las cinco irregularidades comprobadas por el juez

VIÁTICOS

El juez Carlos García probó que los funcionarios asignados a los directores, cobraron viáticos de miles de pesos mensuales para viajes al interior inexistentes. Concluyó que procedieron "con engaño" y causaron un perjuicio a la administración.

MONUMENTO

Se destinaron importantes fondos y personal en beneficio de instituciones privadas sin contrapartida alguna y con fines ajenos a los del organismo en la construcción de un monumento al caballo y de una cancha de fútbol en Sarandí Grande, Florida.

PUBLICIDAD

La publicidad del ente se pautó con un "evidente apartamiento" de las normas sin un estudio previo de retorno. Aunque se formó una comisión para analizar ese gasto, siempre se pautó publicidad por órdenes del Directorio.

LOCOMOCIÓN

La gestión del mantenimiento y reparación de vehículos de la institución se manejó con contrataciones directas, al remitir vehículos a un solo taller, perjudicando al organismo y violando normas del TOCAF. Lo mismo ocurrió con la contratación de locomoción.

FONDOS

El Fondo que tenía la finalidad de suministrar agua potable al medio rural de un valor de $1.050.000 se utilizó para una finalidad ilegítima, como obras en clubes deportivos y establecimientos particulares de donde eran oriundos los ex directores.

Vivas al Partido Colorado

Luego de la extensa jornada de audiencias en la que el juez Carlos García les informó los procesamientos, los ex directores Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni fueron trasladados a Cárcel Central en una camioneta por 25 de Mayo mientras que la decena de funcionarios procesados sin prisión salía por la puerta principal. En la calle Misiones las cámaras apostadas desde antes del mediodía aguardaban la salida de los enjuiciados.

Uno de los funcionarios procesados al salir no se pudo contener y gritó en defensa de la anterior gestión al frente de OSE: "¡Viva el Partido Colorado!".

Como no pudo estar el abogado Carlos Curbelo Tammaro, estuvo el otro defensor y ex diputado colorado Edison Rijo. Afirmó que sus defendidos no tienen nada de que arrepentirse, y que el fallo se basa en un código fascista.