La Justicia convocó audiencia entre la DGI y Tienda Inglesa

La Suprema Corte convocó a la Dirección General Impositiva (DGI) y a Tienda Inglesa para que resuman hoy sus posiciones y así pueda definir si declara inconstitucional o no la ley de clausuras que rige desde enero de 2006.

En mayo del año pasado la cadena de supermercados Tienda Inglesa presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley de clausuras de empresas que empezó a regir el 1° de enero de 2006.

Según la ley, la DGI puede solicitar la clausura de una empresa a partir de cuando tiene sospechas de defraudación y en este caso el ex director del organismo, Eduardo Zaidensztat, había asegurado tenerlas. Hasta diciembre de 2006 la ley permitía que la DGI solicitara a la Justicia la clausura de una empresa incluso sin tener la presunción de defraudación y solo por la constatación de errores en los aportes.

La Suprema Corte de Justicia podrá fallar en cualquier momento dentro de los próximos cinco meses.

En la mayoría de los casos, la Suprema Corte rechaza los recursos de inconstitucionalidad, dijeron a El País fuentes judiciales, por lo que lo más seguro es que falle en contra.

De todas formas, pese a que el recurso de Tienda Inglesa fuese rechazado, eso no significaría que la empresa vaya a ser clausurada.

La decisión de clausurar los locales o no está en manos del juez Fernando Cardinal, del Juzgado Civil de primer Turno, quien intervino desde un principio en el caso. El juez había determinado una clausura de seis días para Tienda Inglesa pero todo quedó en suspenso luego de que la cadena de supermercados presentó el recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia.

Para la empresa la clausura es inconstitucional porque permite que el organismo de Rentas la clausure en base a una "presunción de defraudación", cuando la DGI concluyó a mediados del año pasado que la cadena de supermercados no incurrió en una defraudación al fisco.

Sin embargo, la DGI entiende que debe defender la potestad de clausurar en base a sospechas aunque, posteriormente éstas no se confirmen con las inspecciones.

HISTORIA. El de Tienda Inglesa fue el primer caso en el que se aplicó la ley actual y uno de los que le quedaron pendientes de resolución a Zaidensztat antes de dejar el cargo de director.

El caso comenzó cuando el 17 de febrero de 2006 la DGI presentó a la Justicia la solicitud de clausura de Tienda Inglesa argumentando que el sistema de facturación de la cadena de supermercados no era confiable.

El último avance que había tenido el caso antes de que Zaidensztat presentara la renuncia había sido la firma de un convenio con los directores de la cadena para subsanar los errores administrativos. Según fuentes privadas, la empresa aceptó la liquidación y comenzó a pagar las sumas correspondientes, que representan alrededor de 0,1% de las ventas del quinquenio inspeccionado por los técnicos de la DGI.