Primera destitución de una funcionaria forista en Canelones

CANELONES P. MANGO

La Comisión de Hacienda y Legislación de la Junta Departamental de Canelones votó la destitución de una ex jerarca de la administración del ex intendente Tabaré Hackenbruch.

Lo hizo con los votos de los seis ediles oficialistas que integran la comisión.

Liliana Brito era subdirectora de Prensa y de acuerdo a un sumario iniciado en 2001, archivado y reabierto en 2005, omitió deberes de contralor inherentes a su cargo.

Brito solicitó ser recibida por la comisión ayer y concurrió acompañada de su abogado, aunque solo se le permitió declarar a ella, informaron ambos al salir del legislativo.

Brito es una militante forista y para los colorados el suyo es un "claro caso de persecución política".

Ante los ediles de la comisión, Brito informó que la abogada sumariante aplicó técnicas inadecuadas para los interrogatorios. Su abogado Diego Iglesias dijo a El País que compareció un promedio de 5 horas unas 35 veces, sin poder descansar, comer, y "ni siquiera ir al baño". Ante estas acusaciones, la comisión votó el pase a la IMC para una investigación.

El pedido de destitución se enmarca en las más de cuarenta denuncias que la comuna canaria enviará a la Justicia sobre hechos de la pasada administración. La situación de Brito era comprometida en tanto ediles oficialistas dijeron que tenían una primera impresión formada del caso y que, salvo que la funcionaria aportara pruebas muy contundentes, "hay una irregularidad que surge del sumario".

Los blancos están divididos. Ediles consultados por El País coincidieron en que Brito "no tuvo las garantías del debido proceso". Hoy se evalúa el tema en la bancada ante un inminente llamado a plenario de la Junta, que podría cristalizar para esta misma tarde.

Los colorados se hicieron presentes ayer en la Junta. Entre ellos estaba Marianella Medina, ex secretaria general, separada del cargo.

El diputado colorado Tabaré Hackenbruch -hijo del ex intendente- hizo duras acusaciones y no descartó un pase a la Justicia de la sumariante por parte de los afectados.

El legislador informó que durante los interrogatorios "le pedía (a la ex jerarca) que diera nombre de `peces gordos` para poder salvarse".

Hackenbruch reiteró su percepción de que en la Intendencia canaria existe "una clarísima persecución" contra militantes o dirigentes del Partido Colorado.

EL SUMARIO. El sumario fue iniciado en 2001, a pedido del entonces secretario general de la comuna, Daniel Lamela. Se intentaba establecer si existió un "manejo irregular" de la publicidad a medios de comunicación (falta de controles, expedientes iniciados con fecha que no coincidían con las facturas emitidas, etc.).

La abogada sumariante recomendó archivar el caso, pero "con nuevos elementos" de prueba surgidos el 14 de abril de 2005, se reabrió la causa, dijo a El País el edil Luis Garrido (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión.

Con ello "se entiende que la falta tiene una entidad tal, que amerita la destitución". La causa, una "falta administrativa seria que podría tener una derivación penal" ya que había una oficina "paralela" cuyo accionar sumó "cientos de miles de pesos" dijo Garrido.

La agrupación Batlle y Ordóñez emitió un comunicado en el que se comparó al intendente Marcos Carámbula con el inquisidor Torquemada. "Todo hace pensar que esta administración actúa bajo la inequívoca presión de algunos grupos de votantes que les exigen ver sangre, les piden circo y enchastre de algún integrante de la administración comunal previa; a cualquier precio". (…). Cual Torquemada, entonces, parecería haberse lanzado Carámbula en una desahogada cruzada de persecuciones al funcionariado municipal afín al Partido Colorado".