En una semana el juez Luis Charles retomará la investigación por el segundo vuelo. Por esa causa desfilarán el ex presidente de facto, Gregorio Álvarez, el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, entre otros militares.

A partir del próximo lunes 16 se retomará la investigación. Ese día declararán familiares de los desaparecidos por los cuales se presentó la denuncia: María Emilia Islas, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno y Ary Cabrera, desaparecidos en 1976 en Argentina y posiblemente transportados en ese vuelo.

Luego de los familiares, deberán comparecer ante Charles y ante la fiscal del caso, Mirtha Guianze, en calidad de indagados Álvarez, Bonelli, el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquín, quien fue tripulante y copiloto del segundo vuelo, el mayor Walter Pintos, piloto del vuelo, y el capitán Daniel Muñoz, tripulante del mismo. Bonelli deberá confirmar la existencia del vuelo y si fue copiloto del mismo como declaró.

También se indagará al coronel aviador retirado José Uruguay Araújo Umpiérrez, quien coordinó el viaje. El militar es requerido por Argentina por su presunta participación en el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. Actualmente está detenido en la cárcel militar, a pedido del juez argentino, Norberto Oyarbide.

El caso del segundo vuelo fue declinado por la jueza Gabriela Merialdo a Charles, luego de que este procesó a los militares por la desaparición del militante del PVP, Adalberto Soba. Merialdo ya había iniciado la indagatoria y tomó algunas declaraciones.

otra denuncia. Álvarez compareció en marzo ante el juez Sergio Torres por otra causa. Ese magistrado investiga la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, ocurrida en 1981. El ex dictador se presentó ante el juzgado para constituir abogado e informó al juez que será defendido por el abogado Carlos Curbelo Tammaro. Se estima que el juez lo citará a declarar por el caso en unos 40 días. La fiscal que actúa en esa denuncia también es Guianze.

Ramos estaba detenido en el Penal de Libertad donde se informó que murió por suicidio. También era funcionario bancario, estaba detenido desde 1970 y tenía, al morir, 38 años. Había sido sancionado con régimen de incomunicación y trasladado a los calabozos conocidos como la "isla". Su hija que es la denunciante afirma que no se suicidó y que en cambio, en la "isla" las torturas eran habituales.

El ex presidente de facto declaró el año pasado a la emisora FM Gente 107.1 de Maldonado que existe una campaña orquestada por dirigentes políticos y periodistas en su contra, por la que se le adjudican "múltiples violaciones a los derechos humanos con la finalidad, desde luego, que yo sea procesado", indicó.

"No creo que la prensa se preste, salvo algunas excepciones, a cosas sucias. Y político e ideológico creo que puede haber mucho de eso", agregó.

Por la muerte de Ramos, además de Álvarez, fueron denunciados varios integrantes de las Fuerzas Armadas de la época: Germán de la Fuente, del comando general del Ejército; Walter Machado, del comando general de la Fuerza Aérea; Alfonso Feola, del Ejército; José Pedro Imizcoz, del cuerpo general de la Armada; Rodolfo Invidio Romaniello, vicealmirante de la Armada; y a todos los oficiales con responsabilidad en el Penal de Libertad en 1981.

En la lista de las personas que los denunciantes aportaron para declarar, también se encuentra el prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez y el diputado Víctor Semproni.

El Ejecutivo declaró que el caso estaba excluido de la ley de Caducidad, lo que permitió a la Justicia iniciar la indagatoria presumarial. Junto a ese caso se excluyó también la denuncia por la muerte de Hugo de los Santos, ocurrida en 1973. Ese caso corrió otra suerte. La fiscal Dora Domenech pidió al juez Torres su archivo y así ocurrió.

Otros casos judiciales

El juez penal Carlos García citará esta semana a los ex directores Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, en tanto comenzará en el Parlamento la discusión por el pedido de desafuero de la Justicia para que comparezcan los ex directores de OSE, Juan Justo Amaro y Alberto Casas.

El juez Luis Charles recabará el testimonio del ex director de la OPP, Ariel Davrieux, el ex prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, y funcionarios de Antel, entre otras pruebas pedidas por los defensores de los ex directores del ente, a quienes la fiscal Diana Salvo pidió procesar por el delito de abuso de funciones.

La fiscal Mirtha Guianze se pronunciará sobre la responsabilidad del anestesista Pedro Serra frente a la muerte del joven Rodrigo Aguirre, ocurrida el 14 de febrero, luego de que fuera intervenido en la Asociación Española.

La jueza Gabriela Merialdo continuará con los interrogatorios por el caso Nicoloni. Antes de Semana Santa se iniciaron las declaraciones que continuarán esta semana. Declararán el ex senador frenteamplista y su hijo, además de 23 funcionarios del Salud Pública.