Forman equipo especial contra lavado de dinero de los narcos

Eduardo Barreneche

La Junta Nacional de Drogas creará un organismo especial que realizará tareas de inteligencia y operaciones contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, afirmó a El País el secretario de dicha institución, Milton Romani.

El jerarca gubernamental estimó que en todo el país habrá unas 100 cuentas corrientes abiertas por jueces penales para depositar dinero incautado a traficantes. En unas 10 cuentas bancarias reportadas por la Suprema Corte de Justicia a la Junta, se encontraron unos U$S 300.000 que fueron retenidos de narcos procesados en los últimos 10 años.

La nueva organización de la Junta se diseñará en la próxima reunión de esta institución que se hará el 18 de este mes y luego el proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su aprobación.

La oficina se integrará con delegados de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central del Uruguay (BCU) reforzada con contadores y abogados; la Brigada Antidrogas y el Departamento de Delitos Complejos de la Dirección de Investigaciones de Montevideo.

La intención de la Junta es que el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (Cecpla) pase a ser una Secretaría de Control de Lavado de Activos que tendrá "implicancias operativas" en el combate a la legalización del dinero sucio proveniente del tráfico de estupefacientes, dijo Romani.

"A nivel internacional, Uruguay se identifica como una gran lavandería del dinero proveniente del narcotráfico. Queremos acabar con eso. Para esa misión necesitaremos personal muy calificado porque se trata de un delito complejo y difícil de probar", expresó el jerarca gubernamental.

Dijo que son pocos los operadores inmobiliarios que reportan las operaciones inusuales de dinero como lo establece la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre del 2004. Dicha norma señala que las inmobiliarias y los casinos deben reportar movimientos extraños de dinero. "Muchos agentes inmobiliarios no denuncian estas operaciones para no perder la comisión", señaló.

Romani apeló a la "responsabilidad social" de la ciudadanía en el combate de las drogas, ya que una señora de un barrio denuncia la ubicación de una "boca" de venta de pasta base pero luego compra artículos robados por los adictos al consumo de esa droga. También realizó un llamado de atención para los operadores económicos, ya que estos comerciantes inmobiliarios o de obras de arte "se preocupan por vender y no les inquieta si el comprador es o no un delincuente".

Seguimiento. En la futura oficina de combate al lavado de dinero, varios abogados se encargarán del seguimiento de los casos de tráfico de drogas en los Juzgados de todo el país.

El problema, dijo Romani, es que los jueces remiten a la cárcel a un narco y luego no pueden hacer un seguimiento del expediente porque enseguida deben atender asesinatos, hurtos y rapiñas. También reconoció que la ley que permitía la incautación de bienes de los traficantes "no estaba reglamentada" y ello podía frenar la intención de los magistrados de incautar los bienes de narcos.

Generalmente, esas propiedades quedan congeladas bajo la tutela del juez de turno hasta la sentencia definitiva del caso. A partir de ahí pasan a la propiedad del Estado.

A mediados de marzo del año 2006, efectivos de la Brigada Antidrogas detuvieron un camión Volvo en las afueras de Montevideo, tras recibir una información de la Dirección Nacional de Cárceles. En una rueda auxiliar, los policías encontraron 61 kilos de marihuana. Un ciudadano paraguayo que conducía el camión quedó detenido. Lo mismo ocurrió con tres uruguayos que lo acompañaban. Una jueza se apuró al aplicar la ley que permitía la incautación de bienes de traficantes y procedió a adoptar dicha medida con el Volvo. Sin embargo, días después, los policías de la Brigada constataron que el propietario del vehículo no tenía vinculación alguna con el ilícito y el camión debió ser devuelto a su dueño.