Ejecutivo esperará a que Rupenián apele

Hasta que no se cumplan todos los plazos legales que tienen los hermanos Berch y Aram Rupenián para recurrir a la resolución por la que se les quitó el permiso a sus radios para transmitir, no se efectivizará la medida tomada por el Poder Ejecutivo.

Según dijeron a El País fuentes oficiales, el gobierno asegura que les dará todas las garantías del debido proceso a los empresarios, propietarios de las radios Independencia, Concierto FM, Concierto Punta y Radio Punta.

Una vez que los empresarios sean notificados de la resolución del Ejecutivo, comenzará a correr el plazo de días hábiles para que recurran el fallo administrativo. Podrán presentar un recurso de revocación y también recurso jerárquico.

El gobierno está obligado a decidir sobre el recurso dentro del término de 120 días, lo que hace suponer que pasarán algunos meses antes de que la medida se concrete. Si en ese plazo el Ejecutivo no responde, se entiende que el recurso fue rechazado.

Si bien la resolución no tiene efecto suspensivo, lo que determina que el Ejecutivo podría concretar la medida de quitarles el permiso para operar, Presidencia decidió que no la efectivizará hasta que no se haya agotado la via administrativa.

Una vez agotada esta vía, los Rupenián podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Si luego de ese proceso -que lleva meses e incluso años- la sala le da la razón queda habilitada la vía judicial para reclamar al Estado la acción reparatoria.

La resolución por la cual se les quita el permiso de las ondas lleva la firma del presidente Tabaré Vázquez y del ministro de Industria, Jorge Lepra, cartera de la que depende la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), y fue tomada el pasado 29 de marzo.

El Ejecutivo fundó su decisión en que la DGI dispuso la clausura del establecimiento por infracciones tributarias de la empresa Parasel S.A. (razón social de las radios), en que los hermanos fueron procesados por el delito de defraudación tributaria, que la DGI trabó embargo genérico y específico a la empresa y a los empresarios que la dirigen. Además argumentó que los radiodifusores deben cumplir requisitos personales "que comprometen gravemente el interés público".

En una conferencia de prensa que Berch Rupenián dio el 29 de marzo, se declaró inocente e insistió en que no hubo evasión porque la publicidad de las radios estaba dirigida al público argentino de Punta del Este. Además denunció "ensañamiento" y "penalización de su éxito" por parte del gobierno.