Juez solicita el desafuero de ex directores de OSE

NATALIA ROBA

En las próximas horas el juez Carlos García enviará al Parlamento el pedido de desafuero para que los ex jerarcas de OSE, el senador colorado Juan Justo Amaro y el diputado nacionalista Alberto Casas, comparezcan ante la sede judicial.

Según dijeron a El País fuentes judiciales, entre hoy y mañana la sede judicial cursará a través de la Suprema Corte de Justicia el pedido de desafuero. El hecho de que se curse el pedido de desafuero implica que los ex directores serán procesados.

El fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió el 21 de febrero los procesamientos con prisión de los ex directores del ente, Amaro (Lista 15), Casas (Herre- rismo), Hugo Granucci (Foro Batllista) y Carlos Rodríguez Landoni (Lista 15) por los delitos de abuso de funciones y fraude. En el caso de Granucci también pidió tipificarle alteración de documento privado.

Junto a los cuatro ex directores, el fiscal pidió el procesamiento sin prisión de dos ex gerentes y de 14 funcionarios que estuvieron involucrados en las presuntas maniobras.

Esta semana están compareciendo ante la sede los 14 funcionarios y los dos ex gerentes, acompañados de sus abogados para ejercer la defensa y pedir las pruebas que entiendan pertinentes.

La semana posterior a Semana Santa comparecerán Granucci y Rodríguez Landoni en la misma situación. El juez resolverá sobre los pedidos de procesamiento en forma conjunta luego que declaren todos los indagados.

Amaro es defendido por el penalista Paul Pereira Schurmann, Casas contrató a Gastón Chávez y Granucci a Carlos Curbelo Tammaro.

ESCOLLO. De todos modos, para que Amaro y Casas comparezcan el Parlamento debe votar el desafuero, cosa que parece difícil. La Constitución prevé que cada Cámara de Senadores o Representantes "por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa" judicial. En caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente", según determina el artículo 114 de la carta magna.

Eso significa que en la Cámara de Senadores, 20 integrantes tendrían que votar el desafuero de Amaro, en tanto en la Cámara de Diputados se requieren 66 votos para el desafuero de Casas. El oficialismo cuenta con 17 senadores y 52 diputados, por lo que serían necesarios votos de la oposición.

En caso de que no se votara el desafuero, el juez optará por tomar una decisión con respecto al resto de los indagados, y para los legisladores dejará reservado el expediente hasta el día siguiente en que cese la legislatura el 28 de febrero de 2010. Al día siguiente, el 1° de marzo de 2010 podría procesarlos siempre y cuando no volvieran a ser electos legisladores.

Los ex directores de OSE sobre los que pesa el pedido de prisión, señalaron tras conocer la acusación, que el gobierno está buscando distraer la atención sobre los presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios de izquierda y cuestionar al fiscal Fernández Dovat. Casas dijo que interpreta esta acción del fiscal como una persecución política y aseguró que tiene "la conciencia tranquila".

El hijo de Amaro contratacó con una denuncia penal a la actual administración de OSE.

abusos. La denuncia judicial presentada por las actuales autoridades de OSE, comprende excesos en gastos de locomoción, viáticos, publicidad y contrataciones directas.

Uno de los hechos denunciados es la contratación de empresas unipersonales en forma directa "por criterios de vinculación política" en Florida, de donde es oriundo Amaro. En ese mismo orden, se comprobó el uso de locomoción a cargo de OSE para actividades políticas o particulares.

Con respecto al ex vicepresidente Granucci, se lo indagó por el cambio de matrícula realizado en un vehículo del departamento de Treinta y Tres al de Rivera. Durante dos años se pagó la matrícula de los dos departamentos. Además se gastó en reparación de vehículos hasta dos o tres veces más del costo del automóvil.

Otros hechos investigados y por los cuales el fiscal responsabiliza a los ex jerarcas son maniobras con las unidades potabilizadoras de agua (UPA). A Rodríguez Landoni se lo vinculó con la pauta de avisos publicitarios en radios del interior de su propiedad, bajo su gestión como presidente.

Otras irregularidades detectadas, por las cuales pidió procesar a los 14 funcionarios y dos ex gerentes, comprenden el cobro de viáticos por parte de 18 secretarios y jefes de des- pacho de jerarcas de hasta $10.000, personas que figuraban en los contratos como empleados de particulares, cuando OSE obligaba a que fueran contratados.

Votos: Si las cámaras no acceden al pedido, el juez deberá esperar al fin de la legislatura

En 1991 el entonces juez -hoy fiscal- Enrique Moller pidió el desafuero del ex diputado colorado Armando da Silva Tavares por un delito de carácter impositivo, pero el Parlamento de la época no dio sus votos a la solicitud del magistrado. La bancada de diputados del Frente Amplio votó dividida. Solamente los cinco parlamentarios del Partido Socialista votaron a favor del desafuero, el resto se opuso. Actualmente el ex legislador está preso en Panamá desde hace 20 meses por delitos de estafa, donde se dedicó al rubro económico-financiero. En el diario de sesiones del 26 de junio de 1991, día en que se resolvió el asunto, se afirmó en el informe de la comisión al plenario del Senado: "No podemos confundir el procedimiento aislado de un acto de desafuero con un juicio. La Cámara no va a sancionar al legislador. Lo único que la Cámara va a hacer, si ella entiende que la decisión del juez no está inspirada por el propósito subalterno de comprometer la integridad de la constitución del Parlamento, es levantar un obstáculo legal y poner al individuo a merced de sus jueces naturales".