Revendedores de entradas en la mala

Apenas algunas horas después de que se pusieron en venta, las entradas para la liguilla del Concurso Oficial en el Teatro de Verano ya se habían agotado. Sin embargo alcanza con acercarse a la boletería, que luce carteles de "entradas agotadas" para que una docena de personas lo rodeen a uno ofreciéndole entradas para cualquier día. Los precios de base rondan los $ 250 cuando el precio "oficial" de la platea baja es $ 175.

El revendedor aclara que los precios sufrirán modificaciones a medida que la última etapa del Concurso avance.

Se trata de una situación idéntica a la vivida en el fútbol y se sabe que más que emprendimientos aislados son verdaderas organizaciones.

En Uruguay cualquiera podía comprar una cosa y venderla a un valor superior si tenía quien se la pague. Pero estos grupos que actúan apenas las entradas están en venta, simplemente se apropian de la posibilidad y el derecho del público común de acceder a una entrada. El Senado ayer dio el primer paso para que estas situaciones se terminen. Ayer se aprobó el proyecto de ley que tipifica como "falta" la reventa de entradas para espectáculos públicos y fija una multa de entre 10 y 100 Unidades Reajustables así como la posibilidad de prisión para quien sea encontrado culpable.

Si el revendedor fuera empleado de la empresa que organiza el espectáculo será considerado un agravante.

Si la policía encuentra al revendedor in fraganti requisará la entradas.

en contra. Sólo los dos senadores de la Lista 15, Juan Justo Amaro e Isaac Alfie, se pronunciaron en contra de la iniciativa.

Para Alfie, con una multa "no se va a cambiar absolutamente nada" y los revendedores se van a desprender de la mayoría de las entradas cuando constaten que se están realizando requisas. "Es un proyecto inútil y estéril que no cambia la situación y que no va a mejorar el ordenamiento jurídico", afirmó.

El senador frenteamplista Eduardo Ríos (Alianza Progresista) le respondió a Alfie y señaló que quien paga las entradas a un revendedor tiene la capacidad de pago, pero se estaría perjudicando a las "personas de menos recursos", además de considerar el hecho como "una inconducta".