La Intendencia quitó ayer la investidura a un funcionario que fue procesado por la Justicia por un delito de concusión tras una denuncia efectuada en 2003 por la dueña de una casa de masajes. La resolución municipal, presentada en el Acuerdo de ayer por la directora de Recursos Humanos, Miriam Rodríguez, señala que el empleado fue sentenciado por el Juzgado Penal de 15o. Turno a 16 meses de prisión y una multa de 70 Unidades Reajustables ($ 21.140).
El trabajador acusado era barrendero del Centro Comunal 7. Solicitó $ 15.000 a la dueña de una casa de masajes bajo amenaza de denunciarla a la Policía.
La comuna también iniciará acciones legales para resarcirse de los posibles haberes que pudiera haber percibido indebidamente el empleado procesado.