El INAU se encuentra culminando un estudio sobre prostitución infantil y solicita, en base a los resultados primarios, que la población denuncie los casos en que entiende se realizan esas prácticas.
El organismo está trabajando en el marco de un convenio con Brasil, llamado Ciudades Gemelas, que abarca el estudio de la situación en Bella Unión, Rivera y Chuy en Uruguay.
Ya se tienen las conclusiones primarias sobre el análisis hecho en el Chuy, pero el presidente del organismo, Víctor Giorgi, aventuró ayer que en las otras localidades se constatará el mismo fenómeno.
Según declaró al programa El ojo de la tormenta, de radio Carve, a partir de la información que posee se observa "una brecha muy grande entre la percepción que tiene el público del fenómeno de la explotación sexual infantil" y las denuncias que se recepcionan.
"La población dice que existe, que se ve y desde las instituciones hay un bajo registro del tema. Si uno va a ver las denuncias a nivel policial, judicial, de las intervenciones que le corresponden a Salud Pública y al propio INAU, hay poco. Hay poca denuncia, hay poco registro, hay poca constancia de que eso suceda", señaló Giorgi.
"Estamos hablando de que posiblemente la gente ve y no denuncia y de que las instituciones ven menos de lo que tienen que ver. Posiblemente los oídos y los ojos institucionales no estén lo suficientemente adecuados, abiertos como para captar un fenómeno que esta un poco disimulado dentro de determinadas rutinas, determinadas conservas culturales, inercias culturales", continuó el jerarca.
CONTROL Y REPRESIÓN. Giorgi indicó que el INAU conformará un equipo junto al Ministerio del Interior para encargarse de la tarea de "control y represión" de los hechos vinculados a la prostitución de menores y que, por otra parte, el organismo integrará otro grupo que trabaje directamente con aquellos explotados sexualmente.
Advirtió dos tipos de oferta sexual de adolescentes: una puede provenir de organizaciones -algunas de carácter binacional- y otra de integrantes del ámbito familiar o personas cercanas al núcleo familiar del explotado. Giorgi señaló, además, que "muchas veces se traslada a las muchachas y los muchachos a lugares alejados a los lugares de origen manejando documentación falsa".
Buscan cambio en legislación
El presidente del INAU, Víctor Giorgi, sostuvo que las autoridades del organismo evalúan como necesario un cambio en la legislación. Manifestó que quien utiliza este tipo de servicios debería ser penalizado. "Hay un abuso" y la penalización "no está prevista", afirmó. El INAU se encuentra realizando un estudio comparado de la legislación que pusieron en práctica el resto de los países miembros del Mercosur. Giorgi tiene la expectativa en que el análisis concluya que algunas de esas iniciativas pueden ser sancionadas en el Parlamento.
