FA "salvó" a Arismendi y Lorier por fuga del INAU

El Frente Amplio impuso su mayoría y exculpó de responsabilidades a la ministra Marina Arismendi y al senador Eduardo Lorier -ambos comunistas- por las fugas de menores de la Colonia Berro el 14 de junio de 2005.

La Cámara de Diputados sesionó ayer en forma extraordinaria para pronunciarse sobre el hecho, que había sido motivo de una comisión investigadora. El oficialismo presentó un informe que concluye que "no pueden establecerse responsabilidades especiales" a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, o al senador Eduardo Lorier.

Ambos habían intervenido en esa oportunidad durante un motín en la Colonia Berro para que los internados no sufrieran lesiones.

La oposición atacó duramente a los jerarcas. Los blancos llevarán el caso ante la Justicia Penal por entender que la intervención de Arismendi y Lorier configuró "abuso de funciones". Señalan que "desplazaron" al directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y que su autoridad quedó "erosionada".

Los diputados Alvaro Alonso (Desafío Nacional), Pablo Abdala (Herrerismo) y Sandra Etcheverry (Alianza Nacional) fueron quienes expusieron las principales discrepancias con el accionar de la ministra.

Criticaron la intervención de la secretaria de Estado y del senador en dicho motín, pero también abundaron en posteriores fugas y en la situación actual de la Colonia Berro. Etcheverry utilizó una de las pantallas laterales del recinto para mostrar fotos que había tomado el día anterior en el establecimiento junto a la diputada Adriana Peña. En las fotos se observaba la deteriorada estructura edilicia de la Colonia Berro, la falta de camas para algunos internos, que duermen en colchones puestos en el piso, y garitas de vigilancia que están tapadas con nylon.

El recinto permaneció en silencio y los legisladores se limitaron a observar las fotos.

Si bien Etcheverry reconoció que este tipo de situaciones también "sucedían antes", enumeró una serie de críticas ante algunas políticas promovidas por la presente administración. Entre ellas, el cierre de hogares y la conducción de menores infractores a dependencias donde antes no los había.

Desde el Partido Colorado, el diputado Gustavo Espinosa (Foro Batllista) fustigó la participación de los jerarcas porque "distorsionaron las acciones y decisiones" que podría haber adoptado el directorio del INAU o las autoridades policiales para evitar la fuga de menores. Recomendó, a su vez, al Poder Ejecutivo designar al tercer miembro del directorio del organismo.

LA DEFENSA. Pese a los ataques de la oposición, el Frente Amplio respaldó a Arismendi y Lorier. "En el acierto o en el error", la intervención de ambos fue "por fines humanitarios", señaló el diputado Javier Salsamendi (MPP).

El legislador reseñó una serie de "carencias" en los hogares del INAU producto de la falta de recursos económicos y enumeró algunas medidas adoptadas para paliar la situación: la contratación de personal especializado y la reparación de espacios dañados.

"Los motines y las fugas en el INAU eran moneda corriente en los períodos pasados y responden a la extrema precariedad de la situación de la Colonia", dijo el diputado Edgardo Ortuño, quien reconoció que "sin duda, hubo problemas de coordinación" durante aquella jornada entre la ministra, el senador, el directorio del INAU y las fuerzas policiales.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez promueve desde el comienzo de su administración, y así lo lleva a la práctica el directorio del INAU gracias a modificaciones en la legislación, que la pena de reclusión en hogares del organismo sea la excepción para aquellos menores de edad en conflicto con la ley.

El gobierno pretende incentivar el cumplimiento de penas alternativas, como la organización de los menores para hacer trabajos solidarios. Busca, de esta manera, "reinsertarlos en la sociedad", de acuerdo a las palabras que han expresado repetidas veces jerarcas de esta administración.

Una visión diferente sobre la reclusión de menores fue puesta ayer sobre la mesa cuando el diputado herrerista Pablo Abdala tomó la palabra. Sostuvo que "hay un discurso progresista" que consiste en promover que "la privación de la libertad sea el último recurso" para quienes infringen la ley.

El parlamentario manifestó su rechazo a estos lineamientos y sostuvo que son "contra la realidad".

Además, cuestionó y denostó la efectividad de estas políticas para lograr que en un futuro los menores no vuelvan a delinquir.

El 14 de junio de 2005 se amotinó un grupo de menores del hogar SER de la Colonia Berro. Tomaron a funcionarios de rehenes y exigieron un vehículo para poder salir del establecimiento. El grupo especial GEO de la Policía intervino junto con negociadores. En ese momento, Arismendi y Lorier llegaron al lugar. La ministra ofició de mediadora ante los menores y Lorier se ofreció para manejar la camioneta con la que los internos, algunos armados, se dieron a la fuga. La Policía recapturó a algunos.