Justicia retoma caso comercial y decide sobre catorce indagados

Catorce personas indagadas desde 2003 por la caída del Banco Comercial volverán a ser interrogadas por la Justicia a partir de la próxima semana, y se aguarda que se produzcan nuevos procesamientos.

El juez Jorge Díaz retomó la indagatoria y citó a esas personas que estaban siendo indagadas en el presumario que se formó luego de los procesamientos resueltos cuatro años atrás, dijeron a El País fuentes judiciales. En mayo de 2003 fueron procesados seis ex gerentes del banco y un corredor de la Bolsa.

La nómina de citados está conformada por ex directores de la institución, ex gerentes, contadores que llevaban la contabilidad de la financiera San Luis Financial, propietaria del Comercial, así como por personas vinculadas a un estudio jurídico que trabajaba en contacto con las empresas de los hermanos Röhm.

En ese expediente están incorporados los sumarios administrativos realizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) sobre las responsabilidades que le pueden caber a los indagados.

También contiene información aportada por el BCU sobre otras sociedades anónimas que en el expediente principal no habían sido mencionadas. La división jurídica de la institución elevó tiempo atrás los antecedentes a la Justicia penal para que resuelva si esos hechos tienen vinculación con los que ya se venían indagando.

La indagatoria judicial determinó que Carlos Röhm, ayudado por su hermano José, montó una verdadera "ingeniería financiera" por medio de contabilidades paralelas y falsificaciones que causaron un perjuicio millonario al Estado y al sistema financiero.

La investigación afirmó que la "maniobra" para perjudicar a la institución fue perpetrada por "una organización delictiva muy sofisticada, perfecta", armada en 1990, casi a partir del momento en que los banqueros argentinos Carlos y José Röhm adquirieron la institución.

La pericia contable que se realizó para asesorar a la Justicia estimó en unos U$S 730 millones la maniobra en perjuicio del antiguo Comercial, técnicamente conocida como "vaciamiento". La pericia concluyó que los controles previstos por la auditoría interna del banco, y por otras auditorías externas e independientes y los propios mecanismos del BCU, no fueron "del todo prolijos".

El juez Díaz, a cargo del caso desde diciembre de 2005, cuando asumió el cargo que dejó José Balcaldi (hoy ministro del tribunal de apelaciones penal de segundo turno) decidió reabrir la investigación para determinar si corresponde dictar nuevos procesamientos. Las fuentes afirmaron que es probable que en los próximos meses haya enjuiciamientos.

DOS EXPEDIENTES. La investigación judicial está dividida en dos voluminosos expedientes con miles de hojas. Por un lado, se encuentra el presumario que ahora cobrará nuevo impulso.

Por otro lado, se encuentra el sumario que está detenido a la espera de un exhorto que el juez Díaz tramitó a Argentina para que la Justicia de ese país interrogue a Carlos Röhm.

Una vez que el interrogatorio sea respondido, el magistrado evaluará la posibilidad de requerir la extradición nuevamente, por otro hecho diferente a los alegados por el juez José Balcaldi en 2003.

La Justicia argentina rechazó la solicitud, por considerar que se trata de un fraude internacional que fue cometido en varios países con una única resolución criminal.

Ese expediente aguarda además por la respuesta del magistrado a la acusación fiscal. La fiscal del caso, Cristina González, pidió la condena de los procesados por los delitos de estafa y en algunos casos de certificado falso, por entender que se probó que colaboraron con los hermanos Röhm.

Terminó la etapa de audiencias por el segundo arbitraje que los ex socios del Banco Comercial iniciaron al Estado uruguayo. Ahora restan dos rondas de alegatos escritos y en la segunda mitad del año se conocerá el laudo arbitral.

La etapa de audiencias se llevó a cabo en enero en Estados Unidos. El gobierno presentó entre los testigos que aportó, una declaración por escrito de los hermanos Carlos y José Röhm, contra los bancos J.P. Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse. Luego de que Uruguay demandó a los bancos por daños y perjuicios, estos iniciaron el arbitraje, alegando que el Estado incumplió el acuerdo, firmado en febrero de 2002, que lo obligaba a someter sus diferencias a un tribunal.

La indagatoria judicial se conformó por la denuncia que presentó el Banco Central del Uruguay (BCU) luego de la caída del Banco Comercial en febrero de 2002.

En mayo de 2003 fueron dictados los primeros procesamientos por el juez José Balcaldi. Entre los enjuiciados estaban el controller del Comercial, Juan José Curone, el ex gerente financiero José Antonio Lago, el ex gerente de créditos Ignacio Llambías, y el ex gerente general de la Compañía General de Negocios, Francisco Estrada. Les imputó coautoría de delitos continuados de estafa, y a los dos primeros además uso de certificado falso.

También procesó pero sin prisión al ex gerente de banca privada, Peter Shearer, el corredor de Bolsa, Ignacio Rospide y el auditor de San Luis Financial, José Medeiros.

Carlos Röhm, detenido en enero de 2002 en Buenos Aires, fue excarcelado en marzo de 2005 bajo fianza de U$S 330.000. El banquero fue acusado por la Justicia argentina de integrar una asociación ilícita y administración fraudulenta.

Su hermano José Röhm estuvo prófugo durante tres años en Estados Unidos, hasta que la Justicia le otorgó el beneficio de eximirlo de prisión en Argentina.

La Justicia uruguaya pidió la extradición de ambos hermanos pero la solicitud fue rechazada por alegar que se trata de los mismos hechos por los que se los juzgó en su país.Los cuatro ex gerentes que cumplían prisión en Uruguay, recuperaron la libertad como consecuencia de la ley de humanización del sistema carcelario. La ley 17.897 estableció que los procesados cuyas causas se encontraran en estado de plenario, cuando hayan cumplido las dos terceras partes de la pena requerida por la acusación fiscal, saldrán en libertad si ésta superara el máximo de tres años.

La fiscal Cristina González pidió condenar a los ex gerentes por los delitos de estafa y en algunos casos de certificado falso. Para los procesados con prisión pidió condenas que van de los 3 años y un mes, hasta los 3 años y diez meses de penitenciaría. Para el resto pidió penas que van de los 20 a los 24 meses de prisión. El juez debe resolver si los condena o sobresee.