Obreros de Vanni no aceptarán el desalojo del Ministerio de Trabajo

Decisión: La fiscal pedirá hoy a la Corte que mantenga los 62 procesamientos

Los trabajadores que ocupan la imprenta Vanni desde hace un año y medio comunicaron al Ministerio de Trabajo que no tienen previsto "entregar" la fábrica. El dueño de la empresa espera la respuesta del gobierno ante su pedido de desalojo.

Vanni hizo la solicitud semanas atrás, luego de que los responsables de la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf) anunciaron públicamente que relanzarían la producción en la imprenta, ocupada desde setiembre de 2005.

El Ministerio de Trabajo aún no contestó a Vanni, pero sí le envió dos cartas elaboradas por el sindicato en respuesta a su solicitud. Una está firmada por los propios trabajadores que integran Coprograf y dice que "hacen saber al señor ministro que no entregarán la planta sin una orden judicial escrita y proveniente de un juez". Vanni relató a El País que los obreros dicen en la carta que "se reservan el derecho de impugnar por ilegalidad" el decreto de prevención de conflictos que emitió el gobierno el año pasado, el cual impide a los ocupantes "asumir el funcionamiento normal" de una planta tomada.

En otra misiva, los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas (SAG) Raúl Iglesias y José Coronel, solicitan al Ministerio de Trabajo que "dé pleno respaldo a la decisión de los trabajadores de Coprograf de relanzar la actividad productiva".

En su solicitud de desalojo, la empresa apela al decreto de prevención de conflictos. El ministro Eduardo Bonomi adelantó días atrás a El País que la cartera seguramente le pedirá al empresario que "demuestre" que los obreros que ocupan la imprenta "están trabajando" y usan las máquinas de la planta. "No nos consta que los obreros hayan vuelto a producir en Vanni", afirmó Bonomi.

El abogado de Vanni, Carlos Curbelo Tammaro, dijo a El País que "causa asombro que se desconozca el decreto emanado del gobierno". Curbelo advirtió que el sindicato se considera con "el derecho de rechazar la política del Poder Ejecutivo en materia de relaciones laborales" y así "pone un obstáculo más a la inversión y también al Uruguay productivo".

DIFERENCIAS. La fiscal Mónica Ferrero presentará hoy su apelación ante la Suprema Corte de Justicia por el caso Vanni. La representante del Ministerio Público pedirá a la corporación que mantenga los procesamientos de los 62 obreros de la imprenta por el delito de apropiación indebida.

El Tribunal de Apelaciones penal de tercer turno revocó en diciembre esa imputación por entender que "resulta evidente que existió una autorización de uso de la maquinaria" para producir, proveniente del patrono. El tribunal consideró que "no puede hablarse de delito".

El juez Jorge Díaz enjuició a los obreros el 9 de marzo, al opinar que se apropiaron de la maquinaria y vehículos de la empresa, convirtiéndolos en su provecho, mientras hacían uso del derecho constitucional de huelga. La fiscal Ferrero no comparte el criterio del tribunal y sí el del juez Díaz. Para Ferrero la relación de hechos guarda apariencia delictiva. Cree que en ningún momento hubo consentimiento del empresario para que los trabajadores formaran la cooperativa.

En su escrito, la fiscal cita varios artículos de la Constitución sobre el derecho de propiedad. También hace referencia a que el propio dirigente del SAG Juan José Venturini (que no era empleado de Vanni cuando se ocupó) dijo en el expediente que intentaron arrendarle la planta y se negó.

El tribunal, en cambio, afirmó: "Vanni fue a la fábrica y les dijo que antes de exponerlos a la huelga de hambre, si para ellos había plata y para él no, que trabajaran ellos", según palabras del empresario. "Esto significa lisa y llanamente un permiso para que los obreros trabajaran por su cuenta en la fábrica, lo que ocurrió antes de la formación de la cooperativa", concluyeron los ministros.