La siembra de cultivos transgénicos en Argentina creció 5% en la temporada 2006/2007, hasta alcanzar los 18,4 millones de hectáreas mientras que en Uruguay se suman críticas al freno que puso el gobierno al ingreso de dichos alimentos.
Un informe del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología detectó 15,8 millones de hectáreas cultivadas con soja resistente a herbicidas, otros 2,2 millones de hectáreas destina- das al maíz transgénico y unas 320.000 hectáreas con cultivos de algodón.
Los niveles de adopción de transgénicos, según el informe, "indican un alto grado de satisfacción por parte del agricultor" y ubican a Argentina como el segundo mayor productor mundial de estos alimentos detrás de Estados Unidos.
En los últimos días Argentina se convirtió, además, en el primer país latinoamericano en lograr el reconocimiento japonés de certificación orgánica y entró en un selecto grupo de 19 naciones que exportan alimentos libres de agentes químicos al país oriental.
El memorando de entendimiento permite que las empresas argentinas productoras de orgánicos agrícolas y orgánicos procesados puedan exportar a Japón usando el sello JAS (Japan Agricultural Standard), una garantía buscada cada vez más por los consumidores preocupados por la pureza de sus alimentos. Los otros países que comparten el sello con Argentina son Estados Unidos, Australia, Italia, el Reino Unido, Irlanda, Austria, Holanda, Grecia, Suecia, Suiza, España, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, Portugal y Luxemburgo.
LOCAL. En Uruguay, en tanto, se suman las críticas al freno que dispuso el Poder Ejecuti- vo a todo tratamiento, introducción e investigación sobre eventos transgénicos en organismos vegetales vivos que hasta ahora estaba regulado por una norma aprobada en 2000.
A los cuestionamientos ya manifestados por parte de la Cámara Uruguaya de Semillas, a través de su gerente, Daniel Bayce, se sumó en las últimas horas a la visión crítica desde el área de la investigación por parte del presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Pablo Chilibroste.
"Creemos que Uruguay aún cuando resuelva no explorar el área transgénicos lo mejor es que lo haga desde el conocimiento partiendo de una investigación que evalúe el tema", sostuvo el investigador. "No hay que negarse sin haber estudiado y relevado lo que se está haciendo en otros países".
Chilibroste admitió que desde que se tomó conocimiento de que se estaba elaborando este decreto, el tema fue analizado a nivel de la Junta Directiva de INIA. Allí, los funcionarios coincidieron en que no se debía interrumpir ninguna actividad de investigación, ni presente ni futura, siempre y cuando siguiera todas las normas de protocolo y exigencias de estándares nacionales e internacionales.
El funcionario recordó que, a través de INIA, Uruguay tiene hoy acuerdos con Australia en la evaluación de eventos. Además "nos estamos homologando como institución con capacidad para trabajar a este nivel y con estos protocolos que son muy rigurosos para posicionar al país de forma que pueda tomar decisiones en este tema".
El arroz. Hace poco el INIA hizo pública una declaración, direccionada especialmente a la Unión Europea en la que se aseguraba que Uruguay no tenía ningún tipo de trabajo con arroz transgénico. Esto le permitió a los exportadores arroceros recuperar ese mercado, luego que el bloque decidió suspender las compras a Estados Unidos por haberse detectado partidas mezcladas con arroz genéticamente mejorado.
"Esto puede significar para Uruguay un posicionamiento en una línea de producción de arroz libre de transgénicos, para lo cual es necesario tener las fortalezas con qué demostrarlo", aseguró Chilibroste.
El presidente de INIA dijo que en noviembre de 2006 se hizo una solicitud para seguir trabajando en investigación de transgénicos que no tuvo respuesta de las autoridades.
Mientras se retoman las gestiones para obtener una respuesta positiva, Chilibroste dijo que luego de haber discutido el tema en la Junta Directiva, "no vería con buenos ojos que se interrumpieran los trabajos de investigación".
Crean grupo de trabajo para elaborar un proyecto de ley
La directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, afirmó que se conformará un grupo de trabajo para ampliar la información y los análisis para tomar la "decisión correcta" respecto a los transgénicos.
El decreto que dispuso el gobierno suspende la aprobación de nuevos eventos y crea el grupo de trabajo "que tiene mandatos muy específicos en lo que hace al relevamiento de la información y a concluir aspectos de investigación que aún no estaban para una correcta toma de decisión", dijo Torres a El Espectador.
"Nuestra aspiración es conformar un grupo interministerial que permita tener un marco abarcativo desde distintas áreas del proyecto legal que enviemos al Parlamento y se debate del tema como corresponde", explicó.
Torres dijo que el gobierno está en un proceso de cambio en este campo.
La aprobación de los eventos en los gobierno anteriores "creemos que se hizo en un proceso que no fue lo suficientemente participativo y en el cual no hubo la suficiente información e investigación que permitiera concluir adecuadamente algo para la toma de decisiones correctas", sostuvo la funcionaria.
Ahora, el Ejecutivo quiere evitar "volver a recorrer ese camino de los hechos consumados". En ese sentido, afirmó que el gobierno "quiere asumir la responsabilidad de tomar las decisiones con toda la información y escuchando todas las voces que están vinculadas al tema".
Según Torres, este es un campo que tiene aspectos económicos, ambientales y sanitarios, por lo cual el gobierno entiende que se tiene que analizar en su conjunto para llegar a una normativa adecuada que regule definitivamente el ingreso y el consumo de transgénicos en el país.
Uruguay: Crecen las
críticas contra medida
del gobierno de prohibir
ingreso de transgénicos