Desprolijos

Este editorial debió haberse titulado: "Desprolijidades oficiales" pero el total de letras que permite, más el propio texto obligaron a cambiarlo, lo que puede inducir al lector a tener inicialmente una idea equivocada de su contenido. No. Lo que se pretende es llamar la atención sobre la forma desprolija y poco seria con que, a casi dos años de haberlas asumido, se siguen manejando las cuestiones de Gobierno y Administración. Y no sólo a nivel nacional sino también departamental.

En la órbita departamental es desprolijo, por ejemplo, que la Intendencia de Montevideo haya cometido errores en la liquidación de lo que debe abonarse a los funcionarios, luego de haber perdido un juicio millonario por incumplimiento de un Convenio Laboral heredado del fraterno gobierno anterior, también la aplicación de un fugaz régimen de transbordos en la Plaza Independencia y, ahora, esta payasada de un Carnaval con dos Reinas; es desprolijo en la de Rocha, y tal vez ilegal, el mecanismo de franjas que inventaron para pagar una deuda que habían recibido con UTE, instrumentado en un discutible Acuerdo, mientras que en Maldonado hay ejemplos para todos los gustos, desde que empezaran a cobrar antes de tiempo la Contribución y la patente de rodados hasta la aplicación a una Edil del Frente de una sanción, que después se dejó en suspenso y finalmente se mantuviera, ante el reclamo de los artesanos, pasando por todo lo que fue la gestión de su Dirección de Cultura y este sainete -como dijo el Director de la Comedia Nacional- del contrato con Satenil.

En la órbita nacional se debe comenzar por rescatar las declaraciones del Vicepresidente de la República cuando reconoció, en los jubileos de fin de año, que el Gobierno tiene un motor "con marcha atrás", insólita confesión que nadie, en toda la historia del país, ni aún los militares, se habría animado a formular. Los Gobiernos deben tener sólo un motor, que marche para adelante y prenderlo luego de estudiar los temas y razonar sobre lo que se debe hacer. Con el país y con la gente no se juega como si se tratara de autitos de niño, sino que hay que tomar el volante con seriedad, con responsabilidad y sabiendo a dónde se quiere ir.

Partiendo de aquella filosofía, todo es posible en la Viña del Señor, y más que asombrarse, hay que indignarse ante los sucesivos casos de desprolijidad que siguen apareciendo. Para citar sólo algunos, es ineludible recordar el cuento frustrado del gasoil productivo; el haber votado en contra un proyecto que ellos mismos habían promovido por el cual se creaba un Fondo de Inversiones para Colonización; las negociaciones para designar nuevo Fiscal de Corte a base de un nombre que después se retiró, para terminar colocando directamente una titular de facto cuando se necesitaba venia del Senado; los casos de amiguismo sentimental en el Ministerio de Desarrollo; la cancelación y el restablecimiento de relaciones con la empresa Thesis; la negativa de los comunistas al envío de tropas a Haití, que después terminaron firmando; todo el manejo de la " Operación Unitas"; las vueltas que dieron para terminar suscribiendo el Tratado de Inversiones con EE.UU.; el mamarracho de la negociación de un TLC y el desastre que fue el último capítulo de La Haya, mereciendo incluirse también en el inventario asuntos como la regulación y desregulación de la venta de lentes de Sol y la decisión del Instituto del Menor rechazando la letra de una canción de una murga, que a las pocas horas terminaran aceptando.

Y tres muestras finales. En el proyecto de ley de Presupuesto que el Ejecutivo remitiera al Parlamento reclamó para sí una serie de facultades que le fueron otorgadas el 19 de diciembre (artículos 41 y 44) y ya el 15 de enero resolvió que, para "descongestionar" (?) su labor, las delegaba en el Ministerio de Economía. Pudieron habérsele dado directamente. La ley 18.089 de 7 de enero, por su parte, suprimió un Timbre Palacio de Justicia que ya había sido suprimido tres meses antes por ley del 24 de octubre y, el último, recién en el "Diario Oficial" del 18 de enero se publicó el texto de la que estableció el impuesto a la renta sobre los sueldos y jubilaciones, luego de publicadas otras catorce leyes posteriores, previa reserva de un número en blanco durante más de un mes, que se había promulgado el 27 de diciembre y que, de acuerdo al artículo 144 de la Constitución, ya tenía fuerza de ley desde el 6 de enero al haber vencido los diez días desde su promulgación. El Dr. Justino Jiménez de Aréchaga lo hubiera puesto como ejemplo de laboratorio.

Si el Estado pudiera hablar gritaría ¡Socorro! ante tantas barbaridades. O tal vez lo esté gritando.